La aprobación de la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del gobierno nacional se encuentra en su nivel más bajo de la serie histórica, en coincidencia con el récord de muertes por Covid-19 producidas en un día. El rechazo social a la suspensión de las clases presenciales es mayoritario, en tanto que la pugna en torno de si las autoridades deben priorizar la economía o la salud divide a la población.
Frente a las lapidarias conclusiones que arrojan distintos sondeos de opinión pública, ¿cuál es la estrategia de los allegados a Alberto Fernández para recrear la esperanza y revertir la fuerte caída que viene exhibiendo la labor de su gobierno? Por ahora, intentar compartir costos políticos con Horacio Rodríguez Larreta, asociándolo con un desborde sanitario que no estaría lejos, y conseguir vacunas de donde sea.
Uno de los datos más interesantes del último relevamiento realizado por la consultora Opinaia, concluido el 20 de abril entre 1050 personas de un panel online, es que la percepción sobre la evolución de la gestión ante la pandemia mejora entre quienes recibieron alguna dosis de las vacunas contra el Covid.
En tal sentido, el 50% de la población encuestada tiene una opinión negativa sobre lo que el gobierno nacional está haciendo en esta materia, mientras el 45% mantiene una opinión positiva. Pero si se toman exclusivamente las respuestas de quienes fueron vacunados, el nivel de aprobación sube al 53% y el de desaprobación se reduce al 47%.
La receta mágica parecería pasar por vacunar a la mayor cantidad de ciudadanos posible. De allí que, en determinado momento, desde el equipo de salud del gobierno nacional se haya pergeñado la idea de espaciar el suministro de la segunda dosis de vacunas para que más gente reciba la primera. Esta estrategia, que los malpensados atribuyen a un mezquino cálculo electoral, choca con los propios protocolos establecidos en los prospectos de algunas vacunas, como la china Sinopharm, según los cuales no deberían pasar más de tres o cuatro semanas entre la inoculación de la primera y de la segunda dosis para garantizar cierta eficacia ante el virus.
Ayer, se informó que el millón de vacunas chinas que llegarían al país durante este fin de semana sería distribuido entre quienes recibieron la primera dosis. Los primeros convocados serían aquellos vacunados ocho semanas atrás. Finalmente, los cálculos científicos parecieron imponerse a las especulaciones políticas.
Pero serán necesarias muchas buenas noticias para que el Gobierno pueda remontar la cuesta de insatisfacción social que se advierte en materia sanitaria. La progresión sobre el nivel de aprobación de la gestión ante la pandemia es desoladora para Alberto Fernández: en abril de 2020, el 89% de la población la evaluaba positivamente; en agosto, ese porcentaje se ubicaba en el 66%; a fines de año, rondaba el 52% y hoy se ubica 44 puntos por debajo de un año atrás: 45%.
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En paralelo, la predisposición de la población a vacunarse contra el Covid no ha dejado de crecer: hoy llega al 66% cuando en enero de este año esa proporción solo llegaba al 43%. Y la vacuna rusa Sputnik V se encuentra a la cabeza en las preferencias del público con el 47% de menciones, seguida por la del laboratorio Pfizer, con el 18%; la de Oxford-Astra Zeneca, con el 7%; la estadounidense Moderna, con el 4%, y la china Sinopharm, con el 2%. El 22% señaló que no confía en ninguna vacuna, de acuerdo con el estudio de Opinaia.
Donde al Gobierno no le va bien es en la disputa entablada con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la decisión de Alberto Fernández de suspender, en principio por 15 días, las clases presenciales en el área metropolitana. El 58% de la población consultada consideró que, en el contexto actual, deberían continuar las clases presenciales en los colegios primarios y secundarios, mientras que solo el 37% sostuvo que se debería volver a las clases virtuales.
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Aun cuando en la Casa Rosada se conjetura que la cerrada defensa que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta de la continuidad de las clases presenciales lo convertirá en responsable de un inminente colapso sanitario, también en el seno del Gobierno se leen las encuestas y se advierte que una porción bastante mayoritaria de la sociedad está convencida de que las clases presenciales deben continuar.
Tal opinión, que compartió el propio ministro de Educación, Nicolás Trotta, antes de ser indirectamente desautorizado por el anuncio del decreto presidencial de suspensión de clases, ha llevado en las últimas horas al Gobierno a trabajar en una propuesta de modelo de educación con alternancia de presencialidad y no presencialidad. Como aclaró el propio titular de la cartera educativa, ratificado en el cargo luego de su enojo, para las autoridades y para el Presidente “es importante sostener la mayor presencialidad posible”.
Esta posición más contemporizadora choca, sin embargo, con otras en el seno del oficialismo, que sacan a relucir el dato de que, en otros países, se han suspendido las clases presenciales con 200 contagiados por cada 100.000 habitantes, y que hoy las cifras del distrito porteño arrojan más de 700 contagiados por cada 100.000 habitantes. Independientemente de lo que probablemente resuelva la Corte Suprema de Justicia la semana próxima, el debate dentro del Gobierno seguirá.
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