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Tal vez el único momento en que la discusión política concibió un poco de racionalidad desde la asunción de Alberto Fernández en la Casa Rosada en 2019, fue durante los numerosos encuentros en que el Presidente recibía al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para consensuar alguna decisión en matera sanitaria. Hoy sólo quedan resabios de aquéllo. La grieta se lo ha devorado.
Los contactos entre funcionarios nacionales y porteños han menguado en cantidad y en calidad. Existe el diálogo, por ejemplo, entre el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós y su par nacional, Carla Vizzotti; o bien entre el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello y Diego Santilli, pero no como antes. Porque no tienen por motivo abordar cuestiones de fondo sino sólo meramente operativos. Y sólo algunos.
Pasaron cosas en el medio. Alberto Fernández por primera vez tomó una decisión que afecta al Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), convocando a Kicillof pero no a Rodríguez Larreta; luego el alcalde de la Ciudad presentó un amparo ante la Corte Suprema, minutos antes de ser recibido en Olivos por el mandatario. Lo demás fue todo un desborde.
Está claro que Larreta se le plantó al Gobierno en un tema sensible como las clases presenciales. Tan sensibles que derivaron en tres días consecutivos de protestas frente a la residencia presidencial de Olivos.
“El camino que buscó Larreta no es el camino adecuado, es oportunista y con la mirada puesta en las elecciones”, indicó un funcionario de la Casa Rosada. Algo similar estaría ocurriendo en el Instituto Patria. Si bien Cristina Kirchner se mantiene en silencio, habla a través de Kicillof y los funcionarios de Salud, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak.
Tras la movida larretista vendría la contra ofensiva. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, le reclamó al área de Seguridad de la Ciudad que controle más porque había registrado denuncias de fiestas clandestinas, comercios y locales gastronómicos que atendían en su interior o no cumplían con las restricciones horarias. “No controlan nada”, se ufanaban. Del otro lado, la Ciudad negaba la acusación y le enrostraba al equipo de Frederic imágenes del conurbano bonaerense de ferias con cientos de personas deambulando, muchas de ellas sin barbijos; o paseos de compras con escasos protocolos.
Distinto serían los conflictos abiertos por la titular del PAMI, Luana Volnovich. Cómo cuando por las redes sociales tuiteó que en la Ciudad confeccionaban listas de vacunación de muertos. Con su estilo mesurado, Quirós respondió que esas listas efectivamente tenían datos desactualizados, pero que las había provisto el Pami.
El Presidente Alberto Fernándezs. Foto: Luciano Thieberger.
El involucramiento del Pami y de Volnovich en la campaña de vacunación porteña fue una respuesta que Alberto Fernández le dió a Larreta, cuando éste reclamaba más vacunas. “Te voy a dar cinco mil dosis a través del Pami”, le dijo. Hubo una dura discusión en el gobierno porteño porque había relevantes funcionarios que advertían que la inclusión de la dirigente de La Cámpora iba a traer problemas, tal como ocurrió. “Era un caballo de Troya. No podemos aceptar eso por cinco mil vacunas”, se quejaba un miembro del gabinete de la Ciudad.
Lo paradójico es que tanto los mayores controles de las restricciones como las supuestas irregularidades que denunció el Pami por las redes, son cuestiones que, de haber buena voluntad, se hubieran solucionado con un simple llamado telefónico y una reunión. Por eso Volnovich se había negado a reunirse cuando la Ciudad detectó irregularidades en las lista provista por el Pami. A la dirigente camporista le interesaba exponer de cualquier manera al principal enemigo del cristinismo, Larreta.
Ahora todo está en manos de la Corte Suprema. La Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini tiene tiempo hasta el martes a las 9.30 para presentar el argumento del Estado para suspender las clases presenciales. Una vez que lo reciban, deberán darle traslado a la Procuración General de la Nación, para que el titular interino Eduardo Casal, emita un dictamen que no es vinculante, dando su parecer. A partir de ahí, la definición es de la Corte.
Durante el fin de semana los jueces del Tribunal estuvieron trabajando en el fallo.
“Viene raro”, alertó un funcionario porteño. Esa rareza tiene más que ver con la posibilidad de que la Corte emita una resolución salomónica. Por ejemplo, ratificando la autonomía de la Ciudad pero no metiéndose con la decisión sanitaria del Gobierno en cuanto a la suspensión de clases.
“Están en un un problema, porque la Corte misma falló en contra de Formosa por no respetar un decreto presidencial. Con lo cual ahora no puede ir en sentido contrario en el caso de la Ciudad”, indico un ministro de Alberto Fernández.
En la Casa Rosada consideran que la decisión de Fernández de anunciar las últimas restricciones, en soledad, serán reconocidas por la sociedad. Se esperanzan con que a futuro, sea valorado el esfuerzo del Gobierno. Además, consideran que Rodríguez Larreta también ha padecido un desgaste. “Es que en cierto momento, los padres de los chicos que van al colegio se angustian, y no quieren escuchar más nada ni del gobierno nacional ni del porteño”, razona un funcionario con despacho en la sede de Uspallata.
Por lo pronto, el escenario plantea más coincidencias que discrepancias. La duda es si la puja política permitirá alcanzar esos acuerdos.
“No hay ninguna posibilidad de que no haya más restricciones, no por el panorama en sector público asistencial sino porque el sector privado no da mas, está saturado”, sostienen en la Ciudad. Incluso, admiten que “con 15 días de restricción general podemos ordenar todo, pero vamos a insistir con las clases presenciales”.
Otro dato preocupa al gobierno porteño. Si empeora la situación en la provincia, señalan que más bonaerenses pedirán tratarse en la Ciudad, número que por el momento asciende al 36% de las camas. Ponen el ejemplo de Pilar, donde el Hospital Austral, el más importante de esa zona, está colapsado.
Del lado de la provincia el planteo es sabido, 15 días de cierre total. En el Gobierno nacional, en tanto, piden esperar hasta miércoles o jueves, cuando los números estén más claros.
“Mayo un mes muy difícil, con contagios altos y con el sistema de salud al límite. Todos tenemos miedo, angustia o conocemos a alguien que la pasa mal. Ahora, cuando decís que va a haber restricción, por ejemplo que afectará a los bares, los dueños de los bares no quieren saber nada, y así con todos. Todos hablan de restricciones pero del otro”, reflexiona un miembro del gabinete nacional.
¿Volverán los anuncios tripartitos en torno a la pandemia? Es factible. Por una sola razón: el costo político. A esta altura, Alberto F. y Rodríguez Larreta se necesitan para administrar los costos. Nadie quiere hacerse cargo de casi 3 millones de contagios y más de 61 mil muertos. Y ambos saben que en el mundo, la mayoría de los gobernantes se han llevado le peor parte en la lucha contra el coronavirus.
Fuente Clarin
