Restan 48 horas para que el termine el plazo contemplado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ordenaba suspender las clases presenciales durante quince días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al filo de esos plazos la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si admite la autonomía de la Ciudad para decidir sobre el funcionamiento de las 2.359 escuelas porteñas o si avala el planteo de Carlos Zannini respecto a la constitucionalidad del DNU. Este jueves se pronunciará al respecto el Procurador General, Eduardo Casal.
La Corte dejó correr los plazos frente al amparo que presentó el Procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, quien objetó el cierre de las escuelas de la ciudad por considerarlo una decisión “inconstitucional”, “arbitraria” e “irrazonable”.
Una vez presentada la respuesta por parte del Estado a través del procurador del Tesoro Carlos Zannini, se puso en marcha otro reloj en materia judicial.
No inquieta tanto en la administración porteña la discusión sobre el DNU que vence este viernes, sino que se fije jurisprudencia hacia adelante. Esto es: el reconocimiento de la autonomía que la Ciudad reclama para decidir de acá en más, sobre cualquier medida restrictiva respecto de las unidades educativas que tiene bajo su órbita.
Lo cierto es que, para cumplir con todos los pasos burocráticos obligatorios en estos casos, la Corte otorgó a cada parte plazos cuyo vencimiento final coincidirá con el lapso en que tiene vigencia el decreto cuestionado. Después de que Horacio Rodríguez Larreta decidió mantener las escuelas abiertas en base al fallo de la justicia porteña, que hizo lugar al amparo de dos organizaciones no gubernamentales, el máximo tribunal aceptó la competencia del caso y le dio cinco días hábiles al Poder Ejecutivo para que envíe sus argumentos.
La instancia para que Zannini como jefe de los abogados del Estado se pronuncie, vencía el martes a las 9, pero su respuesta se envió por correo electrónico durante la noche del lunes. Después de incorporarlo al expediente, y de sumar una ampliación de su amparo presentada por la Ciudad, se le pidió la opinión al Procurador General, Eduardo Casal. La Corte debe cumplir con esta instancia porque el planteo incluye reclamos vinculados a la competencia y a la inconstitucionalidad.
Para que el jefe de los fiscales -criticado esta semana nuevamente por el ministro de Justicia, Martín Soria– se pronuncie, se le dio un plazo de 72 horas que vencen el viernes, el mismo día que dejara de tener vigencia el DNU que inició esta judicialización de la educación.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el Procurador dará su opinión este jueves. Así, la resolución de la Corte quedará para el mismo día en el que dejará de regir el DNU presidencial.
Mientras la Ciudad sostiene que el Decreto es inconstitucional, para el jefe de los abogados del Estado un eventual fallo de la Corte que permita la continuidad de las clases presenciales en la Ciudad “aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones y por lo tanto se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios”.
El Estado nacional consideró que “subyace en la demanda (de la Ciudad) una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”.
La utilización de todos los plazos posibles por parte de la Corte antes de tomar una decisión sobre las clases presenciales ocurre en medio de un marcado enfrentamiento de la Casa Rosada con el funcionamiento del máximo tribunal.
Además, no se trata del único reclamo que Larreta llevó a ese ámbito: reclamó por la nulidad de la decisión del presidente Alberto Fernández, de reducir los fondos por Coparticipación que venía percibiendo el gobierno porteño. Representan para el año en curso, una merma de 65.000 millones de pesos para las arcas de la Ciudad.
Fuente Clarin
