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Desde la bancada oficialista en el Senado ya le enviaron a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, un documento con una serie de propuestas de cambios clave al proyecto del Poder Ejecutivo que apunta a regular por ley las medidas para el manejo de la pandemia, como suspender las clases presenciales en zonas de alerta epidemiológica.
La oposición cuestiona la iniciativa por conceder “superpoderes” al Presidente y considerarla “inconstitucional”.
Según trascendió, Ibarra hablará este lunes con Alberto Fernández de los retoques que solicitan desde el Congreso (las modificaciones fueron consensuadas de antemano por los bloques del Frente de Todos de Diputados y el Senado).
La secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y la ministra de Salud Carla Vizzotti, en su exposición ante senadores.
Algo asoma como seguro. De no sufrir las modificaciones que proponen los senadores y diputados, el proyecto no tiene chances de pasar por la Cámara baja por la resistencia que genera incluso en bloques aliados del oficialismo.
La otra novedad es que por lo peleada que está la discusión en Diputados, se definió postergar la votación en el recinto de la Cámara baja hasta la segunda semana de junio, según confiaron en el bloque del Frente de Todos.
La intención original de la administración de Alberto Fernández era que la ley fuera sancionada antes de este viernes 21, que es cuando vence el actual DNU que renovó las restricciones para frenar el avance de los contagios de coronavirus.
En caso de que las propuestas de cambios sean aceptadas por el Presidente, este jueves 20 el Senado recién estaría dando media sanción al proyecto. Esto confirma que la intención de tener una ley antes del 21 quedó hecha añicos.
En el oficialismo algunos se quejaron por lo bajo de “cierta falta de pericia” por parte de algún sector del Gobierno en la previa al envío del proyecto al Congreso.
Argumentan que el texto no había sido consensuado previamente siquiera con los gobernadores peronistas.
También que mandaron la iniciativa sin asegurarse previamente contar con los votos necesarios para su aprobación.
Pero en el Gobierno rebatieron: “El consenso habrá que construirlo entre todos. Y el mejor ámbito es que se debata en el Congreso Nacional”.
El proyecto fue una reacción del Poder Ejecutivo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló a la Ciudad en su reclamo de mantener las clases presenciales en las escuelas.
Tras aquel sonoro fallo adverso, el Gobierno corría el riesgo de sufrir un revés en el Congreso en caso de no lograr avanzar con la ley.
Presidente de Diputados, Sergio Massa. El proyecto se trataría en la Camara baja en junio.
Los cambios que se le sugirieron al Gobierno están en línea con propuestas que recibieron desde gobernaciones peronistas -tampoco les gusta el proyecto original- y de legisladores del Frente de Todos de ambas Cámaras y de diputados aliados, como el mendocino José Luis Ramón.
Juntos por el Cambio no acercó ninguna propuesta, apuntaron en el oficialismo.
Retoques
Los principales retoques que se proponen hacer al proyecto son tres:
# Incorporar un plazo temporal para las facultades que se le delegan al Presidente.
El texto original dice que será mientras siga vigente “la emergencia pública en materia sanitaria”. La propuesta es consignar que será solo hasta el 31 de diciembre.
Con ese límite temporal, en el oficialismo entienden que se caería el riesgo de que la ley sea declarada inconstitucional por la Justicia.
# Eliminar el requisito de 300 mil habitantes para que una ciudad sea considerado en situación de alarma epidemiológica y sanitaria.
Desde las provincias peronistas plantean que esa potestad debe quedar en manos de sus gobernadores.
“Eso no se puede decidir desde Buenos Aires, un gobernador conoce mejor que el Gobierno Nacional la situación en su provincia”, plantean desde una gobernación del PJ.
“Es responsabilidad constitucional nuestra”, coinciden en otra provincia peronista del interior.
# En esta línea, se propuso retocar el artículo 4° del proyecto, referido a la “Gestión de las Medidas Sanitarias, y que no gustó a algunas provincias.
Es que allí se caracteriza a los gobernadores como “delegados o delegadas del gobierno federal”.
En su artículo 128, la Constitución Nacional no define a los gobernadores como “delegados” sino como “agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación”.
La responsable de sistematizar todas las sugerencias fue la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y legisladora de extrema confianza de Cristina Kirchner.
“Es un proyecto que garantiza la proporcionalidad, razonabilidad y progresividad en la toma de medidas para frenar la pandemia”, dijo a Clarín Sacnun.
Senadora María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Y agregó: “La oposición consiente que el Gobierno Nacional cargue con la responsabilidad de la estrategia sanitaria, la compra de insumos hospitalarios y de vacunas, la construcción de hospitales modulares y la ampliación de las salas de terapia intensiva, pero cuando discutimos una ley para tomar decisiones ahí le niegan esa responsabilidad al Presidente“.
En el oficialismo de Diputados interpretaron que “con los cambios que se le hagan al proyecto en el Senado, van a estar los votos en el recinto” de la Cámara baja.
Fuente Clarin
