Los principales empresarios de distintos sectores del país se manifestaron en contra de la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el oficialismo, al que se refirieron con “extrema preocupación” y lo calificaron como un “grave retroceso institucional”.
En duros términos, el Foro de Convergencia Empresarial y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa coincidieron en repudiar el avance de la iniciativa oficial en Diputados, que durante la madrugada de este miércoles obtuvo dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales.
“Las modificaciones propuestas en el proyecto de ley debilitan la independencia del Ministerio Público y, por ende, su aprobación tendría un impacto muy desfavorable en cualquier plan que se proponga impulsar para reducir los niveles de pobreza”, analizó el Foro, que nuclea a unas 60 entidades.
Luego de hablar de un proyecto con “severas deficiencias”, la organización reclamó un “amplio consenso” y consideró “inoportuno promover una reforma que genera crispación y divisiones en momentos en que se debe fomentar la unidad de la sociedad para superar el flagelo de la pandemia”.
El ministro de Justicia, Martín Soria, en Diputados por la reforma del Ministerio Público Fiscal. Foto captura.
Por su parte, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) también habló de “profunda preocupación” por el avance del proyecto y señaló que significa “un grave retroceso institucional porque cesa la independencia del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994, dejando a los ciudadanos a merced del arbitrio de mayorías circunstanciales en el poder político”.
En tal sentido, reforzó: “Los empresarios cristianos consideramos que una justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias”.
La ACDE remarcó que esta ley “debilitará nuestra Justicia” y explicó: “Pensamos, como nuestros constituyentes, que la Justicia debe controlar a los gobernantes de turno, no supeditarse a ellos, y también contar con fiscales independientes que puedan avanzar con causas extremadamente complejas como narcotráfico, corrupción”.
A casi seis meses de la media sanción a nueva ley de la Procuración en el Senado, el oficialismo dio en la madrugada de este miércoles el primer paso en Diputados con la firma del dictamen del proyecto en comisiones, tras un debate caliente.
En busca de los votos para aprobarlo, el Frente de Todos incorporó cambios -avalados por el ministro de Justicia, Martín Soria- que atenúan el texto original aunque sin los números para garantizar el quórum, aún no hay fecha de tratamiento en el recinto.
Entre otros puntos, el proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador General de la Nación, que actualmente es vitalicio, y modifica la mayoría necesaria para su designación, que pasa de los dos tercios de los presentes a la mitad más uno de los miembros del cuerpo.
JPE
Fuente Clarin
