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Presión K al ministro Martín Soria para que revisen causas por corrupción y que el lawfare sea considerado delito

2 junio, 2021
Presión K al ministro Martín Soria para que revisen causas por corrupción y que el lawfare sea considerado delito
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Agrupaciones kirchneristas se reunieron con el ministro de Justicia, Martín Soria, para volver a instalar el debate por la liberación de los supuestos presos políticos y también para impulsar que el lawfare sea considerado como un delito.

El martes, una jueza de Justicia Legítima, el titular de la Liga por los Derechos Humanos y el padre Francisco Paco Oliveira se reunieron con el funcionario nacional para llevar los reclamos por los presos.

Este miércoles, el cura de la Opción por los Pobres contó que el encuentro con el ministro giró en torno a la liberación de “los presos políticos en nuestra patria” y la necesidad de “desarmar este armado judicial que todavía nos queda de la época del macrismo”.

La agrupación llevó al funcionario proyectos que ya han sido elevados al Parlasur, junto con otras propuestas, con el objetivo de “dejar un canal abierto” con el ministro Soria “para terminar con el lawfare y para obtener la libertad de los presos políticos”.

En ese sentido, el padre Paco sostuvo que ya se realizaron presentaciones en el Parlasur para que el lawfare sea delito. “Que tenga su pena, porque si no está tipificado se puede perseguir de otro lado, pero no como lawfare”, afirmó en diálogo con AM 750.

El padre "Paco" Oliveira se reunió con el ministro de Justicia, Martín Soria, para pedir por los presos políticos.

El padre “Paco” Oliveira se reunió con el ministro de Justicia, Martín Soria, para pedir por los presos políticos.

El término “Lawfare” es una contracción de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra jurídica”: el uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario político.

En 2019, Cristina Kirchner durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal 2, que investiga el redireccionamiento de la obra pública durante su mandato, denunció que las acusaciones que pesan en su contra por corrupción en la obra pública durante su mandato constituyen un caso de “Lawfare”.

El año pasado, Oliveira, junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, fueron los organizadores de las protestas frente al Palacio de Justicia, luego de de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a 5 años de prisión al ex vicepresidente Amado Boudou por la apropiación de la calcográfica “Ciccone”.

Ahora, se lamentó que el Gobierno haya desechado la posibilidad de indultar al ex vicepresidente. El referente del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres cuestionó a la oposición por tratar de instalar una discusión respecto a si se trataban de presos políticos o detenciones ilegales.

Al tiempo que puso de ejemplo el caso de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. “Hace más de 5 años que está presa cuando claramente todo fue armado desde un primer momento. Lo dijo el carcelero Morales (el gobernador de Jujuy): ‘Yo voy a meter presa a esta señora’ porque le molestaba, de ahí en adelante así era la realidad”, aseguró durante el reportaje.

Así, estas agrupaciones ultra K intentan que se vuelva a abrir el debate respecto a la liberación de los supuestos presos políticos

“Es necesario una comisión, no de la verdad, pero de revisión de las causas. No estamos diciendo que si alguien cometió un delito no se lo condene, en los jueces no se siguió ningun tipo de legalidad y todas estas personas son presas y presos políticos“, sentenció el cura.

En 2020, Alberto Fernández buscó poner fin a la discusión, que generaba una interna dentro del Frente de Todos. “El preso político, técnicamente, es el preso que está a disposición del Poder Ejecutivo, es el preso sin causa. Y yo no tengo a nadie a disposición del Poder Ejecutivo. Y obviamente que me molesta que digan que tengo presos políticos, porque no los tengo“, afirmó el Presidente.

AFG

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Fuente Clarin

Tags: PolíticaTotalnewsAgency.com
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