El gobierno chileno expulsó este domingo a 56 inmigrantes venezolanos acusados de haber cometido delitos o haber ingresado de forma clandestina al país, en una nueva deportación confirmada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Los 56 venezolanos partieron del aeropuerto de Santiago en un avión comercial arrendado por el gobierno chileno y, tras realizar una escala en la ciudad de Iquique, en el norte del país, fueron trasladados a Caracas, indicó Delgado a la prensa.
“A último momento, gracias al recurso de amparo, lograron bajarse un par de personas del avión”, dijo a RFI Carlos Figueroa Salazar, director de estudios Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
Salazar comentó que es muy complejo que el Gobierno chileno esté ignorando las recomendaciones que hace las Naciones Unidas, porque justamente Chile adhiere a tratados internacionales de derechos humanos para proteger los derechos de las personas.
«Que el Gobierno esté haciendo oídos sordos a las Naciones Unidas va a haber un escenario de poco entendimiento con los organismos internacionales e incluso desacreditación de sus mandatos” añadió el director del servicio de migrantes.
Antecedentes e ilegalidad
El ministro Delgado explicó que una veintena de ellos «ya cumplían condenas por delitos referidos a tráfico de personas, narcotráfico y robo con violencia» y el resto «entraron de manera clandestina a Chile».
Delgado agregó que el proceso se lleva a cabo siguiendo la legislación vigente, de los acuerdos internacionales y los protocolos, indicaciones y recomendaciones de la ONU.
Organizaciones de defensa de inmigrantes que confirmaron la nacionalidad de los expulsados protestaron por esta nueva deportación.
Además un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU indicó en mayo pasado que los inmigrantes «tienen derecho a una evaluación individual de sus casos y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria».
“El año 2018 y 2019 tuvimos un aumento importante de personas que hicieron que el Gobierno pusiera una alerta y que aumentará las restricciones para que las personas provenientes de Venezuela pudieran ingresar a Chile”, dijo Figueroa Salazar.
Comentó que fue en ese entonces cuando el gobierno de Sebastián Piñera creó esta visa de responsabilidad democrática y también la visa consular de turismo.
En febrero, Chile expulsó a más de un centenar de extranjeros, muchos de los cuales habían ingresado por pasos no habilitados, en la frontera con Bolivia.
La nueva ley de Migración, que se publicó este año, tiene una norma específica y transitoria que abre un plazo de 180 días para salir del país a personas que hayan ingresado posterior al 18 de marzo de 2020 por pasos no habilitados.
