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Pura simplificación: si solo dependiera de la plata que arbitrariamente y a paladas la Casa Rosada le manda a Axel Kicillof, la elección bonaerense sería poco menos que un paseo para el oficialismo. Pero si la medida de las cosas fuese la situación económica y aún la cantidad de víctimas de la pandemia acumuladas en la Provincia, Cristina Kirchner correría el riesgo de trastabillar justo ahí donde tiene su capital político y le conviene preservarlo a toda costa.
La plata va enganchada a lo que en la jerga fiscal se conoce como transferencias discrecionales, esto es, un paquete de fondos extra que el gobierno central maneja según criterios y conveniencias políticas, por fuera de la coparticipación impositiva y sin estar atado a ninguna regla. Resulta, al fin, un poderoso instrumento de poder y de construcción de poder que el kirchnerismo conoce de sobra.
Está claro, clarísimo en cualquier indicador que en Buenos Aires el cuadro social completo ha empeorado críticamente y, sobre todo, en ese lugar populoso, difícil de gobernar y siempre dejado de la mano de Dios llamado Conurbano. El punto es que el argumento que hoy justificaría las cuantiosas transferencias de fondos renguea de una pata importante: además de recursos para enfrentar el problema, ahí tenemos mucho financiamiento puesto al servicio de las necesidades de la política partidaria.
Y eso salta nítido al observar cómo son las proporciones en el reparto o, mejor dicho, hasta dónde escalan las desproporciones.
Según datos de la consultora Aerarium, de enero de 2020 a mayo de 2021, o sea, desde que el kirchnerismo se instaló en la Casa Rosada, Buenos Aires recibió $ 204.900 millones del Gobierno. Sobre un total de $ 483.400 millones distribuidos entre las 24 provincias, incluida como tal a la Ciudad Autónoma, ese monto representa nada menos que el 43% del paquete. Puesto en limpio: 43% a una sola jurisdicción y 67% dividido entre 23, o lo más parecido a una desproporción enorme.
Un ejercicio similar revela que en el mismo período para Axel Kicillof hubo 20 veces más recursos que los $ 20.840 millones que le dieron a Horacio Rodríguez Larreta: ahora, una muestra a todos los efectos evidente de cómo funciona este negocio político. Contra los $ 36.000 millones de la Córdoba gobernada por el peronista Juan Schiaretti, la diferencia es de casi 6 veces y bordea las 7 en el caso de Santa Fe.
Más de lo mismo es que las casi 6 veces en contra de Córdoba no toman en cuenta que el combo desempleo-subempleo coloca los problemas laborales, allí, en el 35,6% versus el también alto aunque no tan alto 32% del Conurbano bonaerense. También queda al margen la brecha que hay entre lo que recibieron los partidos del GBA con una pobreza del 51% y los muy modestos $ 16.000 millones que fueron al Chaco, pese a enfrentar una pobreza del 53,6% que es la mayor del país.
Inevitablemente, otros números aparecen de nuevo en otra planilla de los informes.
Cuenta que Buenos Aires se quedó con el 34% de los fondos discrecionales destinados a hospitales y planes sanitarios; con el 57% de los programas alimentarios y el 22% de las obras públicas aunque creciendo rápidamente como manda el horizonte electoral.
Las diferencias respecto del 100% se repartieron entre las 23 provincias restantes.
Aun cuando haya sido dicho, vale repetir que el juego de las diferencias viene alimentado por una antigua consigna de Néstor Kirchner en la que plata equivale a poder y mucha plata, a mucho poder. Hay algunas variantes del tipo personal alrededor del mismo juego, pero aquí la clave está en que los recursos creados o aumentados por los poderes ejecutivos no se compartan con las provincias o se compartan bien poco.
En el mundo K y también fuera del mundo K, la número uno en la lista de candidatos se llama retenciones a la soja y si la ruleta ayuda como ahora, será súper soja y súper recaudación limpia de polvo y paja para el Estado. Otro tanto ocurre ahora con el no reparto del denominado impuesto a las grandes fortunas y del impuesto País y con las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central que, desde el saque cristinista de 2007, generan miles de millones de pesos, ya billones, y siempre enfilados sin desvíos hacia el Tesoro Nacional.
La suma de las partes le permitió al Gobierno quedarse, en 2020, con el 66% de lo que la consultora Aerarium llama coparticipación ampliada, es decir, fondos del BCRA más ingresos impositivos. Federalismo al modo K, el conglomerado provincial debió conformarse con un 34%.
Está claro, entonces, de dónde sale la montaña de plata que alimenta la caja bonaerense y las necesidades políticas y no rigurosamente políticas de Cristina Kirchner. Todo con un plus nada intrascendente por cierto: los 55.000 millones de pesos que gracias a una movida legal de Alberto F. lleva perdidos la Ciudad Autónoma, al menos hasta que la Corte Suprema resuelva si frena o no el chorro; si se prefiere, el choreo.
Una sorpresa viniéndose de donde se viene es encontrar cierto retroceso de Santa Cruz en el reparto de los fondos. Recontra privilegiada, en unos cuantos sentidos sospechosamente privilegiada en plata y obras durante el mandato de Néstor y los dos de Cristina, la provincia ahora figura 5° en un ranking que mide el aumento de las transferencias entre 2020 y 2021. Avatares de las decisiones del poder, eso sucede pese a que allí gobierna Alicia Kirchner.
La discrecionalidad también reinó sin reparar en pruritos entre 1996 y 1999, cuando Carlos Menem bombeó montañas de fondos hacia La Rioja, una provincia reiteradamente postergada en la coparticipación. En menores proporciones, otra muestra del mismo manejo ocurrió con Mauricio Macri presidente y María Eugenia Vidal gobernadora. Y una excepción a veces impiadosa a la regla fue ver como Daniel Scioli penaba por la falta de recursos hasta para sueldos, cuando Cristina estaba en la Rosada y él en La Plata.
En un punto semejante a lo que entonces ocurría con Scioli ocurre ahora, con los fondos que viajan hacia despachos de intendentes bonaerenses sin pasar por el filtro de Kicillof.
Pasto para las interpretaciones conspirativas, en lo que va del año la asistencia directa total del gobierno central a los municipios montó a $ 14.400 millones, la gran mayoría orientados a obras de ejecución y empleo rápidos, o sea, bien visibles.
Decisión electoral pura, el 49% le tocó a Buenos Aires; 9 a Córdoba, 6% a Entre Ríos y el muy módico 4% a Santa Fe.
Un detalle que no pasó inadvertido entre quienes siguen estos juegos del poder es que diez intendencias lideran el reparto de fondos del Plan Argentina Hace que fueron a la Provincia. Nada casual, todas pertenecen a las estratégicas primera y tercera secciones que juntas reúnen nada menos o por lo menos 8,2 millones de electores.
Entre ellas, La Matanza, Almirante Brown, Moreno, Quilmes y Tres de Febrero.
De vuelta al principio, aunque el kirchnerismo ponga muchísima plata en una provincia que concentra el 37% del padrón electoral nada le garantiza que pueda dar vuelta un padrón económico que, de momento, le juega en contra. Según una encuesta de Management & Fit de fines de mayo, el 68% de los bonaerenses dice que la situación económica está mucho peor o peor que el año pasado, con un 81% que hace foco en la corrupción, la inflación, la pobreza y el desempleo y casi 57% que desaprueba la gestión de Alberto Fernández.
Un dato crudo remata el panorama general: el 58% aprueba nada o poco, en este orden, la gestión de Kicillof en el control de la pandemia. Sólo discursos ruidosos y ninguna autocrítica, en Buenos Aires hubo hasta ahora cerca de 1,7 millones de contagiados y arriba de 43.000 muertes. En una provincia, la mitad de todo el país.
Fuente Clarin
