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Por Daniel Santoro
Diputados de Juntos por el Cambio solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que convoque al ministro de Economía, Martín Guzmán y al titular de la Unidad de Información Financiera, Carlos Cruz, para que informen sobre la denuncias de ex director del organismo sobre la supuesta “parálisis” del organismo antilavado.
En la solicitud los legisladores quieren saber los motivos por los cuales el director de Litigios Penales de la UIF, Claudio “Chuni” Castelli fue desplazado y por qué otro de los abogados de ese sector renunció luego de finalizado el juicio oral por la causa de La Ruta del Dinero K” en que se condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión. La UIF depende legalmente de Guzmán.
Más adelante, preguntaron cuál fue el fundamento haber solicitado la UIF, como querellante, una pena de 9 años de prisión para Lázaro Báez en ese juicio, “condena sustancialmente menor a la pena solicitada por la fiscalía, teniendo en cuenta la magnitud del dinero lavado (60 millones de dólares) y la naturaleza transnacional de la maniobra”.
Sobre los escandalosos audios de Castelli, quien como adelantó Clarín la semana pasada, habló de una “guerra” interna entre Cruz y su segunda, la cristinista Mariana Quevedo, preguntó quienes “¿quiénes son los otros abogados involucrados y cual es su situación laboral actual?”
El pedido fue firmado por los diputados Marcela Campagnoli, Graciela Ocaña, Gabriela Lena, Omar De Marchi, Lorena Matzen, Alvaro De Lamadrid, Hernán Berisso, Gustavo Menna, Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Jorge Enriquez, Alberto Asseff, Héctor Toty Flores, Alicia Teraday y Pablo Torello.
Luego formularon preguntas sobre la implementación de los estándares antilavado del GAFI (el grupo de Acción Financiera Internacional al que pertenece la Argentina” y del Grupo de los 20.
Más adelante, los legisladores preguntaron sobre “qué medidas adoptó la UIF para regular a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, tal como lo exige el estándar internacional del GAFI”.
Durante la gestión de Mariano Federici y María Eugenia Talerico al frente de la UIF se conoció que la confesión del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, según la cual “Fabián De Sousa dijo (en la cárcel) que había pagado, como defensa para todos (los presos K), unos 7 millones de dólares como defensa integral” de los ex funcionarios K detenidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas y otras. Entonces, el abogado del ex titular de Yacyretá, Oscar Thomas, José Manuel Ubeira, dijo que había sido “presionado” por la UIF para que informara cómo le pagaba su cliente. El debate quedó inconcluso.
En el pedido, los diputados están preocupados por los bienes del ex secretario privado de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, incautados por la justicia de Turks & Caicos (valuados en aproximadamente 30 millones de dólares) y que a fines de 2019 se encontraban a disposición de la justicia argentina. Es parte de un total de 70 que invirtió en propiedades en Miami y Nueva York. Preguntaron qué medidas ha adoptado su gestión en la UIF para impulsar el decomiso y recuperación de los mismos en favor del Estado Argentino
También cuestionaron sobre la razón por la cual la UIF no apeló la prisión domiciliaria otorgada el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, condenado a 5 años de prisión en el caso Ciccone.
Los diputados quieren que Guzmán y Cruz informen al Congreso la razón por la cual su gestión en la UIF no apeló tampoco el archivo de la causa en la que se investigaba el lavado de activos de los empresarios y funcionarios involucrados en los hechos de corrupción investigados en la causa Cuadernos de las Coimas.
En igual sentido, solicitaron saber los motivos por los cuales el organismo antilavado desistió del planteo de nulidad por cosa juzgada irrita del sobreseimiento del matrimonio Kirchner dictado por el ex polémico Juez Federal Norberto Oyarbide.
También preguntaron por las medidas que adoptó la UIF para que se fijen audiencias tendientes a dar inicio a los juicios en las causas Hotesur y Los Sauces (elevadas a juicio hace más de 2 años) y en la causa Cuadernos.
El informe de la oposición requiere el fundamento para haber dado de baja de las alertas a los sujetos obligados argentinos relacionadas con los riesgos de operar con funcionarios del régimen de la Republica Bolivariana de Venezuela sospechados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Más adelante, solicitaron saber “cuántas operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo han sido reportadas, cuantos casos han sido analizados y cuantos informes de inteligencia han sido diseminados” durante el 2020.
También, los diputados preguntaron por la cantidad de supervisiones que la UIF hizo sobre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, como bancos o financieras. Sobre este punto, reclamaron la cantidad de sanciones y el monto total de multas impuestas a los sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas.
Los legisladores reclamaron saber la situación actual respecto del congelamiento de bienes y dinero de la organización Hezbollah, acusado de ser el autor material del atentado contra la AMIA en 1994. Del mismo modo, quien consultar sobre Assad Ahmad Barakat, líder de la organización que operaba en la Triple Frontera y que era investigada por lavado de dinero y vínculos con el Hezbollah del Líbano.
Fuente Clarin
