La Plata – 26 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – La estructura de poder dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires vuelve a quedar bajo observación ante versiones sobre disputas por destinos, control de información criminal y relaciones informales entre jefes policiales, funcionarios provinciales e intendentes del Conurbano, en un escenario marcado por el crecimiento del narcomenudeo y por antecedentes judiciales que demostraron la participación de efectivos en redes de protección, sustracción y comercialización de drogas.
La fuerza más numerosa del país y con mayor situación de policías con carpeta medica por consumo, se encuentra formalmente bajo la conducción política del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el mando operativo del jefe policial, comisario general Javier Carlos Villar. La estructura responde al gobernador Axel Kicillof y mantiene una organización vertical integrada por superintendencias, jefaturas departamentales, comisarías, Delegaciones Departamentales de Investigaciones y áreas específicas “contra” el tráfico de estupefacientes. Villar continua oficialmente al frente de la Policía, acompañado por el subjefe Leandro María Sarlo.
Debajo de esa cadena formal aparece una realidad territorial más compleja. Los municipios aportan vehículos, combustible, cámaras, centros de monitoreo e infraestructura que utiliza la Policía provincial, aunque los intendentes no poseen legalmente el mando de la fuerza. Esa dependencia material les otorga, en la práctica, capacidad de interlocución y presión sobre las prioridades de patrullaje, los operativos y la selección de interlocutores policiales.
El propio gobierno bonaerense institucionalizó esa participación mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. De los 170.000 millones de pesos distribuidos entre los municipios, el 60% fue destinado a la compra descentralizada de patrulleros, el 20% a cámaras, equipamiento y otros recursos, y el 20% restante pudo utilizarse para combustible y gastos corrientes de las fuerzas. La inversión confirma que buena parte del despliegue cotidiano depende de decisiones y recursos administrados por los jefes comunales.
Ese sistema no prueba que los intendentes designen comisarios ni que controlen ilegalmente las dependencias, pero genera una zona de influencia política difícil de ignorar. En 2014, un jefe policial de Quilmes llegó a afirmar públicamente que los comisarios eran designados con acuerdo de la Justicia y de los municipios, una descripción que exhibía el peso informal de los actores territoriales sobre una facultad que corresponde institucionalmente al Ministerio de Seguridad.
En La Matanza, el intendente Fernando Espinoza mantiene una relación directa con la conducción policial y con el sistema de seguridad municipal. En febrero de 2025 recibió a Villar para analizar el mapa del delito y coordinar patrullajes con el Centro de Operaciones y Monitoreo del distrito. Esa articulación es pública y forma parte de las competencias preventivas municipales; y según fuentes, Espinoza controla la Superintendencia y su palabra es tenida en cuenta en los nombramientos policiales.
Versiones recogidas en ambientes policiales y judiciales atribuyen también una fuerte incidencia territorial al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y describen como zonas de particular sensibilidad política a Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Ezeiza. Sin embargo, no se encontraron resoluciones, expedientes judiciales ni documentos oficiales que demuestren la existencia de pactos de autonomía policial con esos gobiernos municipales.
La trayectoria de Villar sí muestra una extensa carrera en el sur del Conurbano. Antes de alcanzar la jefatura provincial estuvo al frente de dependencias en Dock Sud, Avellaneda, Lanús y áreas que comprendían Lomas de Zamora. Ese recorrido explica el conocimiento y los vínculos profesionales acumulados en la región, pero no permite por sí solo atribuirle protección sobre estructuras políticas o recaudatorias locales.
También persiste dentro de la fuerza la memoria de la denominada “escuela de Ezeiza”, asociada a la gestión del exministro de Seguridad Alejandro Granados y del entonces jefe policial Hugo Matzkin. Granados, intendente de Ezeiza antes de asumir el ministerio en 2013, decidió ratificar a Matzkin y reorganizó parte del mando mediante dirigentes y policías con experiencia en el Conurbano. La continuidad actual de una estructura informal controlada por ambos es mencionada por fuentes del sector, pero no aparece acreditada en investigaciones judiciales conocidas.
El punto más delicado es la sospecha de que las antiguas cajas vinculadas con juego clandestino, prostitución, talleres ilegales o vendedores ambulantes fueron reemplazadas parcialmente por ingresos asociados al narcomenudeo. Existen, sentencias y causas concretas que prueban que integrantes de distintas dependencias utilizaron sus cargos para apropiarse de estupefacientes, proteger organizaciones o reinsertar droga en el mercado.
En 2023 fueron condenados cuatro policías bonaerenses que, junto con civiles, realizaron un allanamiento ilegal en un taller de la ciudad de Buenos Aires para quedarse con cocaína perteneciente a una banda. Entre los involucrados había integrantes de la Delegación de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de La Matanza. La Justicia dio por probado que privaron de la libertad a los ocupantes, exigieron dinero y se apropiaron de estupefacientes, mientras otro comisario confeccionó documentación falsa para intentar justificar el procedimiento.
Otro fallo condenó a seis policías de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de José C. Paz a penas de entre seis y nueve años de prisión por fraguar un operativo y quedarse con cinco de los nueve kilos de marihuana que transportaba una mujer. La fiscalía estableció que la información había sido suministrada por los mismos proveedores de la droga y que los agentes pretendían devolverla a la organización o comercializarla por sus propios medios.
En la misma jurisdicción, un subteniente de la comisaría primera de José C. Paz fue condenado por integrar una banda dedicada a vender cocaína en San Miguel, algo que va en crecimiento, y brindar “impunidad y protección” a sus miembros. El caso confirmó judicialmente uno de los mecanismos más denunciados en el territorio: la utilización de información policial para garantizar el funcionamiento de puntos de venta a cambio de cobertura. En San Miguel, existen cientos de comercios sin habilitación o con precarias donde en muchos de ellos se “despacha” cocaína.
La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó además el procesamiento con prisión preventiva de un efectivo que trabajaba en la Delegación de Drogas Ilícitas de Azul, acusado de suministrar cocaína a un intermediario para que la vendiera en Olavarría. Las conversaciones incorporadas a la causa mostraron que el policía encargado de investigar el narcotráfico habría operado al mismo tiempo como proveedor.
Esos antecedentes no autorizan a acusar colectivamente a las Delegaciones de Drogas Ilícitas, las DDI o las comisarías bonaerenses. Demuestran, sin embargo, que el acceso privilegiado a información, investigaciones reservadas, drogas secuestradas e informantes puede convertirse en una fuente de poder y recaudación cuando los controles internos, judiciales y políticos fallan.
El gobierno provincial sostiene que reforzó la inversión, incorporó miles de agentes y entregó más de 9.500 vehículos desde el inicio de la gestión. También desplegó operativos contra bandas de narcomenudeo, como el realizado en mayo en Fuerte Apache, donde fueron detenidas once personas y se secuestraron armas, marihuana y cocaína, algo insignificante en relación al territorio bonaerense.
La magnitud de la inversión no resuelve el problema del control. Los patrulleros pueden comprarse de manera descentralizada, pero las investigaciones, los legajos del personal, los sumarios y la asignación de destinos continúan bajo responsabilidad provincial. La superposición entre recursos municipales, mando policial bonaerense y conocimiento territorial produce un esquema en el que los intendentes poseen influencia operativa sin asumir formalmente la conducción ni la responsabilidad completa por los resultados.
En ese terreno se libra la interna menos visible: no solamente por la cantidad de móviles o efectivos, sino por el dominio de los mapas del delito, los informantes, las escuchas, los expedientes sobre drogas y los movimientos de las bandas. Los fallos judiciales contra policías de La Matanza, José C. Paz y Azul muestran que el verdadero riesgo aparece cuando quienes administran esa información dejan de perseguir el delito y comienzan a negociar con él.
Fuentes consultadas: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Gobierno bonaerense, Ministerio Público Fiscal de la Nación, Procuraduría de Narcocriminalidad, municipios bonaerenses, antecedentes judiciales y fuentes policiales y tribunalicias consultadas por Total News Agency.
