Una nueva denuncia describe a integrantes de la comunidad boliviana que habrían comercializado terrenos ajenos o jurídicamente imposibles de entregar a compradores de su propia colectividad. El episodio se suma a años de denuncias por loteos clandestinos, ventas de parcelas rurales sin posibilidad de escrituración, usurpaciones y emprendimientos cuestionados en General Rodríguez. El problema dejó hace tiempo de ser exclusivamente policial: la Ley 8.912 coloca el ordenamiento y la subdivisión del suelo bajo controles municipales y provinciales, mientras documentos oficiales muestran que la Provincia ya emitió dictámenes desfavorables sobre desarrollos del distrito.
General Rodríguez – 27 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Una grave denuncia difundida en General Rodríguez volvió a poner bajo la lupa un problema que creció durante años en uno de los municipios de mayor expansión demográfica del oeste bonaerense: la venta irregular de terrenos, subdivisiones sin respaldo urbanístico y operaciones en las que familias entregan sus ahorros por lotes que luego no pueden escriturar, no pertenecen a quien los comercializó o directamente carecen de viabilidad legal. El nuevo caso tiene además una particularidad especialmente dolorosa: según la denuncia, ciudadanos bolivianos habrían vendido parcelas irregulares a otros integrantes de su propia comunidad, aprovechando la necesidad de vivienda y la confianza generada dentro de la colectividad.
El episodio no aparece aislado. General Rodríguez acumula antecedentes desde hace años. Ya en 2020 fueron detenidos dos hombres mientras concretaban la venta de un terreno que no les pertenecía, en una causa por estafa. Ese mismo año, el propio intendente Mauro García reconoció públicamente la existencia de maniobras que utilizaban el engaño para ocupar y comercializar tierras y sostuvo que había personas dedicadas a aprovecharse de familias desesperadas por acceder a una vivienda.
Seis años después, el problema no desapareció. En febrero de 2026 compradores de La Reserva del Oeste, Fincas Don Eugenio y El Terraplén, desarrollos ubicados sobre la Ruta 6, denunciaron haber adquirido lotes en áreas rurales donde la posibilidad de escriturar estaba seriamente comprometida. Los denunciantes hablaron de obras abandonadas, servicios incumplidos y promesas de regularización que no se concretaron. En mayo, vecinos de barrio Hermoso denunciaron nuevas ocupaciones y una presunta comercialización ilegal de parcelas privadas, mientras que en junio cuatro personas fueron aprehendidas cuando intentaban instalarse en un predio público. En agosto se produjo otro procedimiento por tentativa de usurpación en Santa Brígida.
La reiteración vuelve inevitable la pregunta por los controles. El intendente Mauro García, del peronismo y aliado político del gobernador Axel Kicillof, administra el municipio desde diciembre de 2019. Durante su gestión, la expansión territorial del distrito fue vertiginosa y los conflictos por tierras se multiplicaron. En 2022, concejales opositores ya denunciaban emprendimientos inmobiliarios que ofrecían parcelas de aproximadamente 300 metros cuadrados en zonas donde la normativa no permitía esas subdivisiones y advertían que algunos compradores recibían simples cesiones de derechos o posesiones sin posibilidad de obtener escritura individual. Aquellas denuncias apuntaban a más de 1.600 lotes y reclamaban una intervención municipal.
El asunto tampoco termina en la Municipalidad. La legislación bonaerense establece claramente una responsabilidad compartida. El Decreto-Ley 8.912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo regula en toda la provincia la ocupación, subdivisión y equipamiento de la tierra. Los municipios fijan zonificaciones y normas locales, pero las modificaciones relevantes del uso del suelo y determinados proyectos requieren intervención y aprobación provincial. La norma establece incluso que no pueden realizarse subdivisiones hasta que exista aprobación urbanística previa y fija condiciones mínimas para parcelas, infraestructura y servicios.
Esa competencia coloca necesariamente al Gobierno de Axel Kicillof dentro del problema institucional. No se trata únicamente de que un intendente controle o no qué ocurre dentro de su distrito: la Provincia posee organismos técnicos encargados de intervenir en los cambios de zonificación, validar desarrollos y controlar el ordenamiento territorial bonaerense. Y en General Rodríguez esos organismos ya habían detectado situaciones problemáticas.
El dato más contundente apareció este año. En agosto, el Colegio de Técnicos difundió dictámenes oficiales desfavorables respecto de cinco proyectos urbanísticos de General Rodríguez. Entre ellos se encontraba La Reserva del Oeste, donde posteriormente compradores denunciaron estafas y dificultades para escriturar. El dictamen provincial sostuvo que los terrenos estaban ubicados en área rural, alejados de la trama urbana y sin posibilidad adecuada de continuidad vial, y señaló que el emprendimiento tenía características de barrio cerrado incompatibles con el régimen legal invocado para desarrollarlo. La resolución técnica citada llevaba fecha del 13 de marzo de 2025, lo que demuestra que la problemática era conocida administrativamente mucho antes de que explotaran públicamente las denuncias de compradores.
Ese antecedente resulta difícil de soslayar. Cuando un organismo provincial determina que un desarrollo carece de factibilidad urbanística y, tiempo después, continúan apareciendo compradores, publicaciones inmobiliarias y conflictos alrededor de esas mismas tierras, la discusión deja de limitarse al vendedor que firma un boleto. Se abre otra sobre la capacidad del Estado para impedir que se comercialicen como urbanizables parcelas que oficialmente no reúnen las condiciones necesarias.
El propio Kicillof conoce de primera mano la extraordinaria presión sobre la tierra en General Rodríguez. En visitas recientes al municipio describió un distrito cuya población prácticamente se duplicó en menos de dos décadas y reconoció que miles de familias llegan buscando terrenos económicos para construir sus viviendas. También admitió que ese crecimiento produjo enormes barriadas donde después faltan asfalto, agua, cloacas, escuelas, comisarías y servicios esenciales.
Precisamente por eso, el argumento de que se trata únicamente de operaciones privadas resulta insuficiente. Cuando el propio gobernador reconoce que la expansión territorial del municipio es explosiva y que la tierra constituye el principal imán para nuevas familias, el control de loteos, subdivisiones y urbanizaciones debería convertirse en una política central. La administración bonaerense, además, lleva adelante programas de regularización dominial en General Rodríguez y en agosto de 2025 entregó junto a García 163 escrituras, oportunidad en la que el ministro Andrés Larroque afirmó que el gobierno provincial había recibido al asumir un diagnóstico sobre la magnitud de la irregularidad dominial existente.
La nueva denuncia sobre compradores bolivianos presuntamente engañados por vendedores de su misma nacionalidad agrega un componente social especialmente delicado, pero no modifica la naturaleza del problema. El eje no es la nacionalidad de víctimas o acusados, sino la existencia de un mercado paralelo de tierras que encuentra compradores vulnerables, documentación precaria y controles incapaces de detener las operaciones antes de que el dinero cambie de manos. Convertir la cuestión en un conflicto entre argentinos y extranjeros desviaría la atención de algo mucho más concreto: quién permitió que se ofrecieran, subdividieran y comercializaran esos terrenos durante años.
General Rodríguez ofrece suficientes antecedentes para que nadie pueda alegar sorpresa. Hubo advertencias en 2020, denuncias políticas en 2022, reclamos de compradores, ocupaciones y causas judiciales durante 2026, y dictámenes técnicos provinciales que declararon inviables determinados desarrollos. Por eso la responsabilidad institucional ya no puede quedar reducida a perseguir al vendedor cuando aparece una víctima. Mauro García gobierna el territorio donde proliferaron las operaciones y Axel Kicillof conduce la Provincia que posee competencias legales decisivas sobre zonificación, subdivisión y ordenamiento territorial. Si compradores continúan entregando sus ahorros por tierras que nunca podrán recibir o escriturar, la pregunta que queda abierta no es solamente quién los estafó, sino por qué los distintos niveles del Estado llegaron otra vez después que los estafadores.
Fuentes consultadas: Decreto-Ley 8.912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires; Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; Municipalidad de General Rodríguez; Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires; La Posta Noticias; Económica; antecedentes periodísticos y documentación pública sobre desarrollos inmobiliarios de General Rodríguez.
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