Una denuncia difundida en las últimas horas asegura que una planilla interna de la Aduana registraría US$227.610 recaudados en apenas una semana por el paso de mercaderías en Ezeiza y describe un supuesto reparto entre distintos estamentos estatales y operadores privados. La acusación aparece sobre un escenario de fuertes cambios en áreas sensibles de la Aduana, el desembarco de hombres vinculados a Santiago Caputo, la designación de Carlos Mechetti al frente del sector Courier de Ezeiza y el antecedente de las diez valijas provenientes de Miami que ingresaron sin pasar por los escáneres.
Buenos Aires – 27 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Una explosiva denuncia comenzó a circular alrededor del funcionamiento de la Aduana de Ezeiza y vuelve a colocar en el centro del escenario al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya influencia sobre áreas estratégicas del organismo fue descripta durante los últimos meses por distintas reconstrucciones periodísticas y fuentes del sector aduanero. La acusación sostiene que existiría una planilla interna que registraría pagos realizados por empresas para facilitar el paso de mercaderías y que, solamente durante una semana, habría contabilizado US$227.610. El documento difundido atribuye luego una distribución de esos fondos entre funcionarios, operadores judiciales, integrantes de la Aduana, un abogado, un medio digital y estructuras vinculadas con inteligencia, dejando —según esa versión— alrededor del 60% para quien aparece identificado como el principal beneficiario político del mecanismo.
La acusación irrumpe en uno de los momentos de mayor convulsión dentro de la Aduana. Durante septiembre se produjo una sucesión de desplazamientos y nombramientos en áreas operativas de alto valor estratégico. En Ezeiza fueron modificadas las conducciones de Courier y Equipaje, dos sectores directamente relacionados con el ingreso de mercaderías y efectos personales al país. Carlos Mechetti fue ubicado al frente de Courier en medio de una reorganización interna atribuida por publicaciones especializadas a la disputa por el control de la estructura aduanera y a movimientos del círculo de Santiago Caputo.
El apellido Mechetti agrega un antecedente particularmente sensible. Su padre, también Carlos Mechetti, fue jefe de la Aduana de Ezeiza y en marzo de 2010 fue detenido por orden del juez penal económico Gustavo Meirovich en una causa que investigaba una organización acusada de cobrar dinero para permitir el ingreso de valijas con mercadería sin pagar impuestos. Durante los allanamientos fueron secuestrados aproximadamente US$800.000 en su domicilio. Años después distintas publicaciones consignaron el cierre de aquella investigación respecto de su situación.
La llegada de su hijo a Courier tampoco apareció como un movimiento administrativo aislado. Distintas reconstrucciones periodísticas describieron la presencia personal de Santiago Caputo en Ezeiza durante los cambios en esa posición estratégica y ubicaron el episodio dentro de una puja más amplia por áreas sensibles de la Aduana.
Para Total News Agency – TNA, sin embargo, las advertencias sobre influencias políticas en mecanismos aduaneros no comenzaron ahora. Hace más de dos años esta agencia había señalado la gravitación de Santiago Viola sobre determinados circuitos y mecanismos vinculados con la Aduana mientras se desempeñaba como apoderado de La Libertad Avanza. Su condición de apoderado partidario está documentada desde la conformación nacional de la alianza libertaria en 2023, cuando intervino ante la Justicia Electoral en representación de LLA.
Ese antecedente adquiere hoy otro peso institucional. Santiago Viola fue designado el 6 de marzo de este año como secretario de Justicia de la Nación, el segundo escalón político del Ministerio de Justicia conducido por Juan Bautista Mahiques, y días después juró como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. El Decreto 141/2026 formalizó su designación, mientras medios nacionales lo describieron como uno de los hombres de máxima confianza de Karina Milei dentro del armado libertario.
La continuidad entre aquel rol partidario y su posición actual vuelve relevantes las advertencias tempranas de TNA. Viola pasó de actuar como apoderado de LLA y operador jurídico del espacio a ocupar una de las posiciones centrales del Ministerio de Justicia y a representar directamente al Ejecutivo ante el organismo encargado de seleccionar y disciplinar magistrados. En una trama donde la denuncia difundida menciona supuestos pagos destinados también a operadores judiciales, aquel antecedente sobre su influencia en circuitos aduaneros merece ser incorporado a la reconstrucción de cómo se fueron conformando las áreas de poder alrededor del organismo.
La Aduana, mientras tanto, venía atravesando una fuerte crisis interna. José Andrés Velis, director general del organismo, quedó en medio de una disputa por el control de las operaciones y el 22 de septiembre firmó la Resolución 29/26, que dejó sin efecto las habilitaciones que permitían a depósitos fiscales privados ceder espacios a empresas de courier y dispuso que esas operaciones volvieran a concentrarse en las jurisdicciones aeroportuarias. La decisión devolvió a Ezeiza un volumen de operaciones de enorme importancia comercial y reabrió la discusión sobre quién controla efectivamente uno de los principales puntos de ingreso de mercaderías al país.
Ese movimiento adquiere otra dimensión cuando se lo vincula con los cambios producidos dentro de la terminal aérea. Fuentes del sector describieron una reconfiguración de áreas de control, desplazamientos en jefaturas y una pulseada interna por sectores que administran courier, equipaje, cargas y fiscalización. En ese escenario, la concentración nuevamente en Ezeiza de buena parte de las operaciones internacionales agrega valor político y económico a cada nombramiento dentro de la estructura.
La figura de Leonardo Scatturice aparece también en esa red de relaciones. El empresario argentino radicado en Estados Unidos quedó en el centro de una fuerte controversia después de que un avión privado de Royal Class, compañía vinculada a su grupo empresario, arribara desde Miami a Aeroparque el 26 de febrero de 2025 transportando a Laura Belén Arrieta y diez bultos que ingresaron al país sin pasar por los controles habituales de Aduana.
Las cámaras y actuaciones incorporadas posteriormente al expediente confirmaron que el equipaje evitó los escáneres. La causa quedó a cargo del juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien la archivó el 2 de septiembre de este año, en su último día al frente de ese juzgado antes de asumir como camarista federal. Poco antes del cierre había llegado al expediente un dato especialmente sensible: la funcionaria aduanera que permitió el ingreso sin control había recibido en ese momento una llamada de su superior, Marcelo Fabián Lista, entonces responsable de la Aduana de Aeroparque.
La secuencia acumula demasiados puntos de contacto como para ser observada en forma fragmentada: un avión relacionado con Scatturice ingresó equipaje sin escáner; la causa fue archivada el último día de Yadarola como juez penal económico; la Aduana atravesó luego una profunda reorganización; Santiago Caputo fue señalado como actor con creciente influencia sobre distintas áreas; Carlos Mechetti desembarcó en Courier; Velis concentró nuevamente las operaciones en Ezeiza; y TNA ya había advertido, más de dos años atrás, sobre la influencia de Santiago Viola en ciertos mecanismos aduaneros mientras actuaba como apoderado de LLA.
Sobre ese entramado aparece ahora la nueva denuncia. La versión difundida sostiene que existiría un sistema de pagos por el ingreso de mercaderías, con recaudaciones semanales que habitualmente superarían los US$500.000 y podrían alcanzar unos US$2 millones mensuales. La planilla mencionada en la denuncia detalla además un supuesto mecanismo de distribución entre distintos participantes del aparato estatal y operadores privados, con porcentajes asignados a diversas áreas y un remanente mayoritario destinado al principal beneficiario de la estructura.
El volumen atribuido a una sola semana —US$227.610— permite dimensionar la escala que describe la denuncia. De corresponder a operaciones concretas, cada registro podría cruzarse con ingresos de mercadería, vuelos, empresas, despachos, funcionarios intervinientes y autorizaciones aduaneras, reconstruyendo así no solamente un eventual circuito de cobros, sino también quiénes tuvieron capacidad para habilitar, acelerar o evitar controles.
La cuestión, por lo tanto, ya excede una interna administrativa dentro de ARCA. La concentración de operaciones en Ezeiza, los cambios en Courier, el antecedente de las valijas sin escáner, la gravitación de Santiago Caputo, los vínculos políticos que rodean a Scatturice, la llegada de Mechetti y las viejas advertencias de TNA sobre Santiago Viola componen un mapa que obliga a mirar la Aduana como uno de los territorios centrales de la disputa de poder dentro del oficialismo. Si la planilla difundida corresponde efectivamente a movimientos concretos, el siguiente paso será reconstruir operación por operación quién pagó, quién autorizó, quién recibió y qué estructura permitió que una eventual caja clandestina funcionara dentro de uno de los organismos más sensibles del Estado.
La situación judicial del titular de ARCA, Andrés Vázquez, agrega otro elemento de gravedad al entramado. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió su indagatoria al considerar que habría elementos para investigarlo por enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria, a partir de un esquema societario utilizado para adquirir y mantener tres propiedades en Miami valuadas en más de US$2 millones que no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción. Según la fiscalía, los inmuebles fueron canalizados mediante sociedades panameñas controladas a su vez por otra firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas, mientras Vázquez habría pagado personalmente impuestos y gastos vinculados con esas propiedades. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró exhortos a Estados Unidos para determinar la titularidad real de los bienes y avanzar sobre el circuito financiero utilizado. A esto se suma que, en su última declaración jurada, Vázquez informó un crecimiento patrimonial de $383,5 millones en un año, pero continuó sin consignar los inmuebles de Florida que están bajo investigación judicia
Fuentes consultadas: documentación pública de ARCA y Aduana; Boletín Oficial de la República Argentina; Justicia Nacional Electoral; Consejo de la Magistratura; antecedentes judiciales del fuero Penal Económico; La Nación; TN; El Cronista; Página/12; Infobae; publicaciones especializadas en comercio exterior; archivos y antecedentes de Total News Agency – TNA.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de TotalNewsAgency.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
