Por Malú Kikuchi
El ser humano tiene la ambición de controlar. Controlar algo, ya que la vida es finita, las enfermedades acechan, el clima es adverso o benéfico, el tiempo se le escapa entre los dedos. En este desierto de certezas, controlar algo o a alguien o a muchos, es deseable.
Para evitar que los controles restrinjan en demasía las libertades individuales, existe el sentido común. Pero este es escaso. Por eso, existen las leyes. Las buenas leyes tienen como objetivo el aristotélico bien común. Y en general se basan en la Constitución Nacional (CN).
No sucede así en la Argentina de los Fernández. Hay que preguntar si alguna vez leyeron la CN y de haberlo hecho, si la entendieron. Actúan de forma anticonstitucional. Las medidas que toman son inexplicablemente anticonstitucionales.
De pronto, por no tener las vacunas suficientes, por ideología o por negocios o por ambas cosas; por no saber distribuirlas con racionalidad, por no vacunar a los que se debe vacunar y hacerlo con los que no, todos esos disparates los resuelven creando situaciones inviables.
Los ciudadanos argentinos y los residentes extranjeros que “osaron” viajar al exterior, no pueden volver a la Argentina. Se podían recibir 2.000 personas por día en los aeropuertos y ahora sólo 600. Se les echa en cara el haber salido del país. ¡Qué horror, son ricos!
Tienen dinero para viajar. Se les pregunta si fueron de vacaciones o a vacunarse (liberando vacunas para los que no pueden viajar). Resulta que en el artículo 14 de la CN se asegura que se puede entrar y salir del país libremente. Sin explicaciones.
¿Qué le importa a migraciones si el viajero argentino o residente se va porque se le da la gana y quiere ver el puente de Carlos en Praga o visitar a su mamá o vacunarse? Es su derecho y el gobierno no tiene por qué preguntar las razones del viaje.
Mucho menos castigarlo no dejándolo volver y obligándolo a pagar una larga estadía en hoteles, pensiones o casas de amigos, sin saber si les alcanza la plata para hacerlo o si tienen compromisos ineludibles con fecha fija en la Argentina.
No hay país en el planeta que le prohíba a un ciudadano o residente, volver al mismo. En cuanto a los extranjeros residentes debe el gobierno leer el artículo 20 de la CN, donde se les otorga todos los derechos que tiene el ciudadano sin obligarlo a naturalizarse.
Este dislate que se balancea entre el ridículo y el espanto, ni siquiera es hijo de un DNU presidencial, es una “resolución administrativa” Nº 643, de Santiago Cafiero (el librero fallido), hoy jefe de gabinete de Alberto Fernández. ¡Por eso no pueden volver a casa!
Todo tiene un límite, este lo es. El gobierno nacional, progre, nac&pop, devoto del pobrismo, no es el dueño de la Argentina. Es sólo un inquilino que el pueblo votó para ocupar la Casa Rosada por 4 años. Los dueños de la Argentina son los argentinos y todos aquellos que pagan impuestos para mantener un gobierno que desconoce sus derechos. El límite se lo pondrán las elecciones legislativas.
*”La revolución es un sueño eterno” historia novelada de Andrés Rivera sobre Juan José Castelli.
