El sindicato Soyem impulsó el pase a planta de 400 empleados en el municipio de Bariloche. Desde el gremio señalaron que no representará un mayor costo para las arcas municipales. Y quizá tengan razón. Primero porque ya venían cobrando y se trata de una formalización de esa relación laboral. Segundo, porque a pesar de que la cantidad de empleados públicos en el país aumentó en los últimos años, la incidencia en el presupuesto cae por culpa de la inflación.
Dos investigaciones recientes dan cuenta de este fenómeno.
Por un lado el IERAL de la Fundación Mediterránea halló que el gasto en personal a nivel nacional y provincial se triplicó en plata entre la crisis de 2002 y 2015. Pero según el cálculo de los economistas Marcelo Capello y Jonás Alvarado, entre 2017 y 2020 cayó 19,9% para el consolidado de Nación más Provincias. Capello y Alvaredo hicieron las cuentas limpiando el efecto de la inflación. Si se desagrega las variaciones por niveles de administraciones, en el caso del gasto a nivel nacional, los pagos del Estado bajaron 30,6% entre 2015 y 2020. Y 16,7% para las provincias entre 2017 y 2020.
Peses a que el gasto cae por el efecto de la inflación, cada vez se suma más personal a la nómina. Los gremios en las provincias y municipios argumentan que el pase a planta permanente de los trabajadores es para cubrir los espacios que quedaron vacantes por jubilaciones, renuncias o fallecimientos en los últimos años. El Gobierno de Rio Negro anunció días atrás incluso una normativa de Vialidad que posibilita la incorporación de familiares directos del personal de la planta permanente.
“Puede decirse que por un aumento exagerado en la cantidad de agentes públicos y jubilados ocurrido entre 2003 y 2015, la suma del gasto en salarios y jubilaciones subió hasta niveles difíciles de sostener a largo plazo, y de hecho luego de 2015 sobrevino un proceso de ajuste en salarios y desde 2017 en los haberes jubilatorios, en términos reales, que se prolongó hasta el año 2020, y perdura aun en los primeros meses de 2021”, dice el trabajo del IERAL. “A largo plazo resulta imposible tener exceso de empleados estatales con salarios altos”.
Desde que empezó la crisis financiera en Argentina en marzo de 2018, hasta la actualidad, hoy existen 103.063 empleados públicos más en todo el país. Y 420. 872 trabajadores privados menos. Cerraron unas 50.000 empresas desde entonces según cálculos de la consultora FM&Asociados.
Pero si sólo se tiene en cuenta lo que pasa en las provincias, el gasto real en personal aumentó 76,5% entre 2000 y 2020 según calculó el Ieral. Entre 2000 y 2015 subió 106,9% y en los últimos cinco años retrocedió 14,7%. La provincia que más incrementó el gasto en personal en estos veinte años fue Chubut: 215,6%. La que menos, Santiago del Estero (12,4%).
El economista Fernando Marull, en un reciente informe, comparó el aumento del empleo público respecto al ritmo que crece la población. Y halló que si la planta permanente de las provincias se hubiera expandido a la misma velocidad que la población (la población argentina creció 16% entre 2003 y 2017 y el empleo público provincial 60%), “puede decirse que hubo un exceso de 600 mil puestos y se necesitarían al menos crear 60 mil empresas para absorber esa mano de obra”.
Comparando algunos países de Latinoamérica, dice el trabajo del IERAL, “la Argentina es el país que presentaba mayor gasto en personal en 2019, cuando ascendía a 11,5% del PIB, considerando los tres niveles de gobierno (2,5% a nivel nacional, 7,4% en provincias y 1,6% en municipios). Brasil es el país que lo sigue, con un gasto en personal de 9,6% del PIB, también en tres niveles de gobierno. Chile, Uruguay y Perú (unitarios) y México (federal), gastan en personal en el sector público el equivalente a entre 5,8 y 7,2% del PIB”. Aún con la caída del PBI en 2020 y la licuación del gasto, Argentina sigue siendo el país de la región que más dinero de su presupuesto destina al empleo público.
Fuente Clarin
