La Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana (CIDH) condenaron la reciente detención de tres líderes campesinos y dos estudiantiles en Nicaragua, y solicitaron su liberación por parte del gobierno de Daniel Ortega
La Policía Nacional de Nicaragua detuvo el pasado 5 de julio a cinco líderes campesinos y estudiantiles, que se suman a las otras 21 personas que fueron arrestadas en las últimas semanas en el país centroamericano, según denuncias recibidas por organismos de Derechos Humanos, informó la ONU en un comunicado que reproduce la agencia DPA.
De esta forma, Naciones Unidas y la CIDH calificaron como “muy preocupante” que el Gobierno nicaragüense “se centre en los sectores campesino y estudiantil”, dos de los principales protagonistas en las protestas iniciadas en abril de 2018, así como en el diálogo nacional.
De hecho, algunos de los encarcelados se habían expresado con anterioridad como candidatos a presentarse a las elecciones presidenciales, previstas para el 7 de noviembre, entre los que se encuentra Medardo Mairena.
ONU y OEA exigen la liberación de personas “detenidas arbitrariamente” (Photo by Handout / Nicaraguan Presidency / AFP)
Otros de los detenidos son líderes de oposición, defensores de Derechos Humanos, empresarios y periodistas independientes, así como otras 130 personas que siguen bajo arresto tras las protestas de 2018.
Es por esto que la ONU y la Comisión Interamericana urgieron a Nicaragua a poner fin a las detenciones arbitrarias y liberar a todas las personas arrestadas en el contexto de la crisis política que atraviesa el país.
Además, Naciones Unidas lamentó que, hasta el momento, ninguno de los detenidos haya podido ponerse en contacto con su familia ni hablar con ningún abogado elegido por ellos mismos.
Las informaciones recibidas por los organismos indican que el 6 de julio se expulsó del recinto de la Dirección de Auxilio Judicial al equipo legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos que había acudido a informase sobre los líderes campesinos a los que representa y su situación.
Del mismo modo, han detallado que se les impidió el paso a los familiares de los líderes estudiantiles y a los periodistas que querían informar sobre el asunto.
La posición argentina
Tanto ante la Organización de Estados Americanos como ante Naciones Unidas, el Gobierno argentino se abstuvo de condenar políticas del Ejecutivo nicaraguense, lo que generó una serie de críticas, incluso desde Estados Unidos.
Argentina y México habían decidido a fines de junio abstenerse frente a la dura resolución del Consejo Permanente de la OEA, que llamó a Ortega a liberar a los presos políticos y respetar las instituciones democráticas.
La posición generó muchas críticas, lo que empeoró con el lavado comunicado que emitieron mexicanos y argentinos a ojos del resto de los diplomáticos que comparten con ellos el espacio de la OEA.
Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA, durante votación por Nicaragua.
La razón que brindó Carlos Raimundi, embajador argentino ante el organismo fue la de “no injerencia” en asuntos internos de otro país.
Sin embargo, días más tarde y a la hora de respaldar un documento por parte de la ONU, la gestión de Alberto Fernández cayó en un confuso “que si que no”.
Primero, tuvo un gesto de endurecimiento frente a las políticas de Ortega. Sin embargo, la decisión se revirtió y Argentina volvió abstenerse de aprobar o desaprobar las iniciativas de las organizaciones, que sí firmaron casi 60 países en la que exigieron al régimen nicaragüense que permita elecciones “libres” y “transparentes” y a que libere a sus presos politicos.
A finales de junio, el presidente mexicano López Obrador tomó distancia de la posición que había adoptado en conjunto con la Argentina y se manifestó en contra de la represión y los encarcelamientos del régimen de Ortega.
LM
Fuente Clarin
