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Sin que ningún Congreso la votara, una nueva y filosa herramienta se incorporó este viernes a la caja de recursos prevista en el Código Procesal Penal de la Nación: en una especie de juicio abreviado, sin testigos, pruebas ni descargos, un Tribunal Oral puede detener un proceso judicial con cinco años de historia escrita en tres instancias distintas, por pedido de uno de los acusados. Oscura mancha que se esparce sobre el tigre de la justicia, en el que ya no parece haber más lugar para nuevas decepciones, a cual peor.
Empecemos por el principio: la justicia debe juzgar si Cristina Kirchner es culpable o no de haber encubierto el atentado a la AMIA a través del pacto con Irán firmado en 2013, con el que se le permitía a los iraníes acusados por el ataque dar su versión ante una “comisión” que conversaría con ellos en Teherán.
Aunque este viernes la vicepresidenta volvió a cuestionar duramente la apertura de la causa iniciada con la denuncia del malogrado fiscal Alberto Nisman, los hechos dicen que hay un expediente en trámite, cuyo paso siguiente es la realización del juicio oral y público.
En esa instancia, transparente e imposible de manipular, tanto ella como el resto de los acusados podrían deshilvanar los argumentos de su supuesta inocencia. Y tanto el fiscal como los querellantes, las pruebas de su acusación, por supuesto.
Pero nada de esto ocurrió en la singular audiencia del viernes. Durante más de una hora -superando el lapso de 45 minutos sin que nadie le dijera nada- Cristina pronunció un discurso político en el que intentó explicar los términos de una gigantesca conspiración del gobierno de Mauricio Macri y varios jueces federales para perseguirla.
Está en su derecho de hacerlo, e incluso algunas de sus afirmaciones son sin duda atendibles. Pero en su flamígera exposición casi no se refirió -o sólo lo hizo tangencialmente- a los motivos jurídicos por los cuales exige que el expediente sea cajoneado para siempre en un archivo. Su abogado, el prestigioso doctor Carlos Beraldi, tampoco lo había hecho en su breve introducción. Entonces, ¿para qué se hizo el encuentro virtual, transmitido urbi et orbi por televisión en Internet?
Es una pregunta que deberán responder los doctores José Michilini, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado, integrantes del Tribunal Oral Federal 8, cuya autoridad y función en este caso quedaron evidentemente dañadas.
La cita que aceptaron conceder terminó operando como un simulacro de juicio, por supuesto sin las garantías y elementos que imputados y acusadores tienen en esa instancia. Luego de los discursos de otros acusados, el TOF determinará si el juicio real -el que contemplan las leyes- se hace o no.
Hace cuatro meses, en un antecedente similar, la Cámara Federal de Casación Penal también aceptó el pedido de Cristina para escucharla en una audiencia en la que reclamó detener la causa por supuesto fraude al Estado a través de la venta de dólar futuro en 2015. En esa ocasión, la vice terminó logrando su objetivo.
Pero al menos la Casación es el tribunal que revisa la actuación de la Cámara Federal y las sentencias de los tribunales orales, aunque un tanto forzada, su intervención podía hallar algún anclaje.
El el caso del pacto con Irán, por el contrario, este viernes escucharon a Cristina -fuera de las reglamentadas circunstancias de un juicio oral, reiteramos- los mismos magistrados que deberían juzgarla. Ahora serán ellos los que dirán si el juicio se hace o no. Si optaran por aceptar el pedido de la vicepresidenta, se trataría de una absolución sin juicio, por parte del tribunal encargado de… hacer el juicio. Otra extravagancia argentina.
Sin excusas jurídicas para explicar tanta peculiaridad, emergen de inmediato las razones políticas que las reemplazan. Cristina personalmente, sus emisarios en el gobierno y hasta el propio presidente Alberto Fernández vienen intentando deshacer la constelación de causas judiciales en que la vice está acusada de delitos gravísimos.
Sin manera aún de desactivar los expedientes contra ella por corrupción -lavado en Los Sauces y Hotesur, asociación ilícita y coimas en Cuadernos, por ejemplo- los serviciales operadores judiciales del oficialismo y también dentro de los tribunales intentan calmar esa acuciante exigencia de Cristina llevando hacia la nada los casos que lucían más discutibles, aunque ya habían llegado a la instancia del juicio oral y sólo restaba poner fecha de inicio a las audiencias.
Lo dicho: el subterráneo prestigio del Poder Judicial sigue descendiendo más y más pisos, forzando instancias procesales -como ocurrió este viernes- o habilitando dilaciones y desviaciones, como hizo siempre.
Pero aún bajo esos escombros, hay cosas que todavía no pudieron hacerse. La montaña de pruebas, documentos, voces de arrepentidos y elementos coincidentes distribuidos en varios expedientes por corrupción siguen ahí. Por ahora, dormidos bajo el polvo del tiempo, única receta posible para demorarlos. Por ahora.
Fuente Clarin
