Aunque se trata de dos iniciativas claves para el oficialismo -a una la impulsa Alberto Fernández y a la otra Cristina Kirchner-, desde hace meses los proyectos de Reforma Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen empantanados en Diputados por un mismo motivo: sin mayoría propia, el Frente de Todos no logra los apoyos suficientes para poder aprobarlas.
Pero en sectores de la oposición hay desconfianza sobre qué podría intentar el bloque oficialista antes del recambio legislativo de diciembre.
“Hay varios diputados a los que se les termina el mandato, no me llamaría la atención que el oficialismo apunte hacia ellos. Van a estar disponibles y serán muy fáciles de convencer a cambio de algún cargo. Es algo que ya se ha visto”, apuntó una legisladora del bloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados.
El procurador interino Eduardo Casal. Foto Juano Tesone.
“Vamos a estar muy alertas y muy vigilantes para que no intenten sacar esas dos leyes”, advirtió a Clarín el diputado del PRO Pablo Tonelli.
En otros bloques de la oposición evalúan como probable que el kirchnerismo busque avanzar con ambas leyes, pero después de la elección de noviembre.
“Veo al oficialismo muy en modo campaña y sin ánimo de exponerse a algo que les pueda salir mal y significar una derrota muy fuerte”, observó un diputado opositor.
“Si lo llevan al recinto antes de la elección se expondrían a un escándalo mayúsculo, por eso no creo que lo intenten. Supongo esperarán a ver cómo termina la elección y cómo se expresa la gente”, dijeron en la bancada de Juntos por el Cambio que lidera el radical cordobés Mario Negri.
De las dos iniciativas, la más importante para el kirchnerismo es la de Ministerio Público Fiscal, que ya tiene media sanción del Senado.
Entre sus puntos básicos, establece que el mandato del procurador se reduce a cinco años -en la actualidad es vitalicio-; para removerlo no hará falta un juicio político; y se cambia el sistema para reemplazarlo en caso de vacancia.
La otra clave es que para elegirlo se requerirá mayoría absoluta del Senado (37 votos) en vez de los dos tercios actualmente vigentes (48).
Si se aprueba la ley, el procurador interino Eduardo Casal automáticamente podrá ser removido.
Hoy por hoy, el oficialismo reúne 41 senadores propios. Aun haciendo una muy mala elección, tras el recambio legislativo la bancada alineada con Cristina Kirchner sumaría al menos 37 senadores.
Ayuda de un aliado
Con el inesperado apoyo del diputado mendocino José Luis Ramón, quien ahora acaba de integrarse al Frente de Todos, a mediados de mayo pasado el proyecto de reforma al Ministerio Público Fiscal tuvo dictamen de comisión.
Así, la iniciativa proyecto quedó listo para que el oficialismo lo lleve al recinto apenas alcance los 129 legisladores del quórum.
Hoy le faltarían entre cuatro y seis diputados. Para algunos, incluso, la diferencia podría ser algo menor.
En 2017, la administración de Mauricio Macri también intentó cambiar la ley del Procurador, bajar las mayorías para su elección y recortar su mandato.
El proyecto de Reforma Judicial , que apunta a licuar el poder de Comodoro Py, también sigue trabado en Diputados por la falta de votos.
La iniciativa fue presentada por el propio Alberto Fernández el 29 de julio del año pasado, durante un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Un mes después, el 28 de agosto, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto del Ejecutivo y lo giró a Diputados, donde sigue trabado.
“Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia Federal”, se quejó el Presidente en noviembre del año pasado.
El diputado José Luis Ramón llega a la Casa Rosada en monopatín para ver a Alberto Fernández.
El proyecto eleva de 12 a 46 el número de Juzgados Federales en la Ciudad, y, tras las negociaciones con los gobernadores, agranda -con más de 60 nuevos Juzgados Federales, 9 Cámaras de Apelaciones y tribunales orales- las estructuras judiciales de las provincias.
El año pasado, el oficialismo había informado que la Reforma Judicial tendría un costo de 1.939 millones de pesos. Según la oposición, la cifra ascendería en realidad a $ 6.000 millones.
Fuente Clarin
