Un fiscal solicitó 45 años de reclusión para Juan José Navarro Cádiz, el confeso autor de los disparos del doble crimen del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, ocurrido en mayo de 2019 en la plaza ubicada frente al Congreso de la Nación, y prisión perpetua para el otro imputado, su primo Juan Jesús Fernández.
Los pedidos fueron formulados esta mañana por el fiscal Ariel Yapur, en la última parte de su alegato que ya había iniciado el miércoles pasado, ante el Tribunal Ora en lo Criminal (TOC) 9, integrado por los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas.
Tal como ya había adelantado la semana pasada, para Yapur, ambos primos de la comunidad gitana deben ser considerados coautores de un “homicidio agravado por alevosía cometido en forma reiterada en dos ocasiones, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra”.
Si bien ese delito en el Código Penal argentino se castiga con prisión o reclusión perpetua, en el caso de Navarro Cádiz, Yapur recordó que fue detenido en la República Oriental del Uruguay y extraditado bajo determinadas condiciones del tratado entre ambos países, entre ellas, la imposibilidad de ser condenado a perpetua.
“La ley establece que el condenado a prisión perpetua debe cumplir como mínimo 35 años de prisión para poder solicitar, sin tener garantizado que se le vaya a dar, la libertad condicional. Pregúntenle sino a (Carlos) Robledo Puch si efectivamente la prisión perpetua no existe en el país”, dijo Yapur al hacer referencia al máximo asesino en serie de nuestro país quien lleva 49 años preso por 11 homicidios.
“Nosotros nos hemos comprometido con la República Oriental del Uruguay que la entrega que ellos hicieron del prisionero Navarro Cádiz iba a quedar condicionada a que nosotros garantizáramos que de ningún modo iba a cumplir una pena a perpetua ni una pena superior a la máxima prevista a la legislación uruguaya”, explicó el fiscal.
Por ello, Yapur señaló ante el TOC 9 que, luego de analizar la ley uruguaya, llegó a la conclusión de que, en un caso con éste, donde hay concurso de delitos, se puede solicitar la pena máxima de “45 años de reclusión”.
Absolución de la pareja
En otro tramo de su alegato, donde solicitó la absolución de la pareja de Navarro Cádiz, Rocío Michel Montoya (22), que había llegado acusada de “tenencia ilegal de armas“, Yapur solicitó al tribunal que se extraigan testimonios para investigar al su marido como posible autor del delito de “abuso sexual agravado por acceso carnal”.
“Si no me fallan las cuentas, fue madre a las 12 ó 13 años”, dijo el fiscal y recordó que para la ley argentina cualquier relación sexual con un menor de 13 es delito.
El doble crimen del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, fue en mayo de 2019 en la plaza ubicada frente al Congreso de la Nación
En relación a los otros imputados –la mayoría familiares de Fernández (44) y Navarro Cádiz (27)-, que llegaron a juicio acusados de delitos menores como tenencia o portación de armas, el fiscal pidió algunas absoluciones o penas en suspenso de entre dos años y dos años y ocho meses de prisión.
Ya en su primera parte de su alegato, en la audiencia de la semana pasada, Yapur había descartado para este caso el agravante del “homicidio por placer” por el que la causa también había llegado a juicio y que sí fue valorado por las querellas de las familias de Olivares y Yadón, al pedir para Navarro Cádiz y Fernández la pena de prisión perpetua.
El crimen de Olivares (61) y Yadón (58) ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso Nacional.
A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado detrás de un micro, sobre Avenida de Mayo entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les efectuaron varios balazos.
Yadón cayó muerto de tres disparos –uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y falleció tres días después.
Si bien se especuló con que el doble crimen podría haber estado vinculado a un “atentado a la democracia” o con algún tipo de “venganza personal”, el juez Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades llegaron a una conclusión distinta.
“El homicidio no fue más ni menos que una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser“, sostuvo Andrades en su requerimiento de elevación a este juicio, en una hipótesis sobre el móvil descartada por su colega Yapur.
Fuente Telam
