El fiscal federal Carlos Stornelli impulsa una causa contra la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, y funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires por los delitos de “abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad”, en referencia a la exigencia del Ejecutivo bonaerense de que los viajeros que regresen del exterior cumplan con un aislamiento de cuatro días en hoteles al ingresar al país.
“No estábamos enterados. No nos llegó nada, nos estamos enterando ahora”, respondieron a Clarín fuentes cercanas a la titular de Migraciones.
La denuncia de Stornelli fue realizada contra Florencia Carignano, el exministro de Salud bonaerense y precandidato a diputado nacional por el oficialismo Daniel Gollan, y el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, según publicó este sábado Infobae.
Se trata de una causa impulsada a raíz de la disposición del Gobierno bonaerense que ordena a los residentes en esa provincia permanecer durante cuatro días en un hotel al regresar del exterior, con el costo a cargo del viajero.
La medida fue tomada por el Ejecutivo provincial con un “criterio sanitario”, dado que se buscaba retrasar el ingreso de la variante Delta del coronavirus al país.
El propósito de la investigación impulsada por Stornelli es esclarecer la responsabilidad de los funcionarios provinciales y nacionales en los delitos investigados, por lo que el fiscal pidió una serie de gestiones administrativas al juez federal Ariel Lijo.
Aislamiento obligatorio en hoteles
La cuestionada resolución del Gobierno bonaerense establece que deberán aislarse en hoteles al regresar al país quienes viajen al extranjero a partir del 1 de julio y que deberán pagar los gastos de los cuatro días de hospedaje los propios pasajeros.
Así quedó establecido en el Boletín Oficial de la Provincia, a través de la norma Nº 192-MJGM-2021, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
“Los costos en los que incurrieran las personas previstas en el artículo 1° como consecuencia del transporte, la comida y/o la estadía en los lugares de aislamiento obligatorio deberán ser asumidos por la persona que ingresa al país y el pago se hará efectivo directamente en el hotel, albergue o establecimiento habilitado”, establece la norma.
El texto también fija que quienes incumplan con la medida serán pasibles de sanciones, que según adelantaron las autoridades bonaerenses pueden llegar hasta los 4,3 millones de pesos, más las sanciones penales que correspondieran.
LGP
Fuente Clarin
