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“A los hijos de puta que nos están escuchando, jueces y fiscales, van a volar todos por el aire”, dijo el capo narco “Coya” Rojas, condenado a nueve años de prisión. Sabía que el teléfono que sin restricciones manejaba desde la prisión era investigado por orden judicial. Su amenaza se replica en otras jurisdicciones. La violenta situación de Rosario profundizó una preocupación con historia en la justicia: los narcos manejan sus operaciones desde la cárcel, tienen acceso a teléfonos “de forma descontrolada”, bajo las narices del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La primera conclusión es compartida tanto en fiscalías especializadas en narcotráfico como en diversos juzgados que terminan resolviendo sobre los expedientes: los presos están a disposición del Poder Ejecutivo. Desde las prisiones federales, que dependen del Ministerio de Justicia, los narcos no tienen ningún reparo para pronunciar amenazas contra las funcionarios del Poder Judicial.
La segunda lectura apunta a la responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF): “las principales amenazas a jueces y fiscales provienen de las cárceles federales y también de algunas provinciales”, indicaron desde la Asociación de Fiscales quienes manifestaron su solidaridad con los funcionarios amenazados recientemente en Rosario.
Al analizar la situación, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que uno de los principales problemas radica en el acceso a teléfonos celulares y “en algunos casos teléfonos de línea dentro de la celda, como si se tratara de la habitación de un hotel”, señaló un fiscal santafesino.
En ese punto se detienen varios responsables de las investigaciones, tanto fiscales ante la Cámara como de otras jurisdicciones -como Corrientes y Misiones- que recibieron diversos tipos de amenazas. Cuando detectaron que alguno de los narcos detenido contaba con un teléfono celular, escucharon lo siguiente: “El problema acá es el fiscal hijo de puta, hay que ocuparse de él”.
La tenencia de un dispositivo electrónico expone otra situación: no sólo su uso para pronunciar amenazas sobre los responsables de las investigaciones que los condujeron a prisión, sino “la facilidad indiscriminada para contar con los teléfonos y entrar chips para cambiar los números permanentemente“.
Este planteo tiene otra queja arraigada, los fiscales que terminan pidiendo las escuchas judiciales de los teléfonos que los narcos no deberían tener en prisión, saben que a los diez días esos números son modificados, entonces la medida iniciada con la que buscan contener una situación que de a momentos califican de “inconcebible”, vuelve a foja cero.
La pregunta que resurge es por qué los presos -en este caso los vinculados a organizaciones narco-, tienen tanta acceso a beneficios que deberían ser restringidos en prisión. A ese reclamo por parte de las autoridades judiciales se concatena otro problema: desde esos mismos teléfonos “manejan las organizaciones criminales que se buscan combatir”, indicó un fiscal especializado en la materia.
Desde la Procuración General de la Nación como desde la Corte Suprema de Justicia no ocultan la preocupación sobre la situación, que quedó expuesta en toda su dimensión con los seis homicidios en Rosario cometidos en unas cuantas horas.
En algunos despachos de la Corte la inquietud es particularmente alta: “la situación se agrava día a día y la justicia debe enfrentarla con muy pocos recursos, tanto humanos como materiales. En toda la zona caliente del Paraná hay varios juzgados, tribunales orales y fiscalías federales vacantes desde hace tiempo, y el Consejo de la Magistratura no designa a sus titulares”, se lamentan allí.
La impunidad con que varios narcos manejan las organizaciones criminales desde las cárceles federales “genera inseguridad interna como externa”, reflexionó un fiscal federal que conoció de cerca muchos de estos casos. Pero esa situación tiene otro componente: “los narcos pueden seguir manejando todo porque tienen poder económico que además les permite mejorar su situación dentro de las prisiones“.
La controversia pasa entonces hacia otro tema delicado: los presos tienen derecho a comunicarse y a la privacidad de las conversaciones con sus abogados defensores. Nadie puede vulnerar eso. La pandemia derivó en una autorización en diversas cárceles de proveer teléfonos celulares para que los presos que ya no podían recibir visitas por cuestiones de protocolo sanitario, pudieran mantener la comunicación son sus familiares.
El efecto colateral -y para algunos funcionarios judiciales, hasta obvio- fue que algunos utilizaron esos teléfonos para extorsionar gente o cometer otros delitos dentro de la prisión. Entre ellos, algunos jefes de las principales organizaciones narcos.
“A los responsables de las principales bandas criminales de narcotráfico nos los vamos a buscar a sus mansiones, los vamos a buscar a la cárcel desde donde siguen manejando todo”, señaló con malestar un integrante del Ministerio Público Fiscal con experiencia en el tema.
Es cuando apuntan al Servicio Penitenciario Federal, ya que en sus unidades se encuentran detenidos los capos narcos Esteban Lindor Alvarado, Ariel Máximo “Guille” Cantero -líder de Los Monos– y varios de sus rivales, alojados en el penal federal de Marcos Paz.
El peligroso narco peruano Marco Estrada González está en Ezeiza, al igual que Néstor Fabián “Negro” Rojas -acusado de planificar el asesinato de un juez- y procesado como líder de la banda Primer Comando de Frontera, que operaba desde Misiones y se encargaba de abastecer de drogas al mercado brasileño y también el doméstico. Se lo investiga por seguir cometiendo delitos desde la cárcel.
En el Complejo Penitenciario Federal del NOA III se encuentra Raúl Ricardo “El Coya” Rojas, un personaje conocido dentro del mundo del narcotráfico salteño. En 2017 cayó como responsable de un cargamento de 80 kilos de marihuana y ese mismo año lo acusaron de haber contratado sicarios para matar a los dos empleados que “perdieron” esa droga a mano de las autoridades.
Mario Roberto Segovia, conocido como el “rey de la efedrina”, tiene una condena a 16 años por la acumulación de diversas penas por sus movimientos en el negocio de las drogas. Sus comunicaciones fueron intervenidas por el juez Federico Villena porque se sospechaba que desde la cárcel fabricaba cartas bomba.
Son sólo parte de un listado más extenso pero que es mencionado con facilidad por las autoridades judiciales a la hora de preguntar qué hace el Servicio Penitenciario Federal, intervenido hace más de un año, a cargo de María Laura Garrigós, sobre el manejo que tienen los presos desde las cárceles federales.
Ante la consulta de Clarín, desde el Ministerio de Justicia del que depende el SPF, se remitieron a un comunicado de prensa: “El Servicio Penitenciario Federal informa que en el marco de una nueva inspección realizada en el día de la fecha en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz se encontró nuevamente el teléfono público del pabellón dentro de la celda de Ariel Máximo Cantero“.
Ante esta situación el Servicio Penitenciario Federal decidió presentar una denuncia penal y “proceder a la apertura de un nuevo sumario a los agentes penitenciarios responsables de la custodia y seguridad del pabellón en el que se encuentra cumpliendo condena el Sr. Cantero”.
Para los jueces y fiscales que intervienen en estos casos, la solución es mucho más profunda. No olvidan que hay presos investigados por organizar el contrabando de armas, y en la justicia rosarina señalaron que desde las prisiones “los narcos presos han hecho testeos de calidad de la droga”.
Fuente Clarin
