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La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento dictado contra un cómplice clave de Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K, Néstor Carlos Ramos, dueño de Helvetic Service Group. El juez Sebastián Casanello lo procesó por lavado de dinero, al encontrarlo como una pieza clave en la estructura que le permitió al ex socio de Cristina Kirchner lavar 33 millones de dólares. Se confirmó el embargo de 300 millones de dólares. Pero además, los camaristas ordenaron al magistrado que resuelva la situación de la vicepresidenta, a quien hace más de un año y medio se le dictó una falta de mérito.
En marzo de 2019, la misma sala había confirmado la falta de mérito que el juez Sebastián Casanello había dictado sobre Cristina en la Ruta del Dinero K. En aquel entonces, se le pidió al magistrado que incorpore al expediente las declaraciones realizadas en por el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares y Juan Manuel Campillo, ex ministro de Economía de Santa Cruz, en la causa de los Cuadernos de las coimas.
La Cámara le ordenó al juez que, una vez incluidas en la causa las mencionadas confesiones, se confronte a la ex presidenta con esos dichos, lo que demandará una nueva indagatoria.
En aquel momento, la Sala II de la Cámara Federal porteña había requerido “profundizar la búsqueda y reunión de elementos suficientes para determinar o descartar la pretendida vinculación de Cristina Kirchner con la causa”.
Luego de que la Cámara Federal (con otros jueces) le ordenara indagar a la ex presidenta, el juez decidió dictar la falta de mérito, una decisión intermedia entre un procesamiento y un sobreseimiento. Al hacerlo, Casanello ordenó una serie de medidas, como dilucidar quién es el verdadero dueño de la empresa fantasma Aldyne registrada en las islas Seychelles.
En el transcurso de esas medidas, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenó a doce años a Lázaro Báez por lavado de dinero en la Ruta del dinero K. Cristina Kirchner no está dentro de los acusados, pero aún no quedó desligada del expediente.
“El artículo 207 del código procesal impone terminar con los procesos en un plazo, deberá decidir si sobresee o procesa la Cristina Kirchner”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Cabe la posibilidad de que el juez Casanello requiera una prórroga para expedirse, “lo que debería estar muy bien justificado, ya que en en este caso está todo terminado, incluso ya con sentencia por parte de un tribunal contra Lázaro Báez, por lo cual no se justificaría una prórroga”, indicaron.
En 2018 año pasado, habían sido los camaristas Martín Irurzun y Javier Llorens quienes ordenaron a Casanello indagar a la ex Presidenta.
Cuando finalmente cumplió la reiterada orden de la Cámara para indagar a Cristina, Casanello la llamó a indagatoria pero tiempo después consideró que no había elementos suficientes para inculparla y le dictó una falta de mérito.
En la misma resolución que la Cámara Federal firmó este jueves, los jueces Farah y Llorens confirmaron el procesamiento de Néstor Ramos, dueño de Helvetic Service Group, la compañía utilizada para comprar la financiera SGI, más conocida como La Rosadita, donde los Báez lavaban dinero y que se hizo famosa por el video en el que el hijo del empresario K, Martín, contaba 5 millones de dólares y brindaba con whisky.
Ramos se defendió con un escrito desde Suiza, donde está radicado y donde Báez tuvo varias cuentas bancarias utilizadas para mover dinero de origen ilícito. Casanello lo procesó como partícipe de la estructura que permitió poner en circulación durante diciembre de 2012 y enero, febrero. marzo y abril de 2013, “bienes de origen ilícito que serían de propiedad de Lázaro Báez, por una suma de 32,8 millones de dólares, que terminarían incorporándose en el patrimonio de Austral Construcciones SA”, sostiene la resolución.
La ruta del dinero K quedó vinculada con el expediente que investiga la defraudación a través de la obra pública, considerando a esta última como el “delito precedente” de las maniobras de blanqueo. En el direccionamiento de los contratos, Báez recibió 52 licitaciones por 46.000 millones de pesos, que luego fueron aplicados a diferentes maniobras de lavado. Esos supuestos delitos comenzarán a juzgarse en mayo próximo.
En otros expedientes también se determinó que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio de la familia Kirchner, a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (causa Hotesur) y los contratos de locación celebrados con Los Sauces, la inmobiliaria de la familia Kirchner. La sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero, arroja ingresos a favor de la ex familiar presidencial por más de 50 millones de pesos solo entre 2009 y 2015.
Fuente Clarin
