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Una de las primeras medidas para “poner plata en los bolsillos” se pondrá en marcha este martes con la actualización del salario mínimo, vital y móvil. A partir de las 14, los representantes del sector empresario y sindical se reunirán en el marco del Consejo del Salario para negociar una suba de urgencia, que podría elevar dicho ingreso desde el actual 35% hasta el 48%.
La decisión de adelantar la revisión salarial del 30 al 21 de este mes se oficializó la semana pasada después de la derrota en las PASO. En abril, se acordó una suba del 35% en siete tramos no acumulativos que debía llevar el piso legal a $29.160 en febrero de 2022. Pero, por la escalada inflacionaria y el cierre de paritarias del 45%, se decidieron adelantar los pagos a septiembre.
El anticipo de la revisión busca darle ahora un mayor impulso a la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Lo que se defina tendrá impacto en los convenios con salarios más bajos, los trabajadores informales y cerca de 1 millón de beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo.
El sector empresario acordó este lunes negociar una suba de 10 puntos no acumulativa desde octubre hasta marzo durante una reunión de la que participaron técnicos de la UIA, comercio, construcción, los bancos y las entidades del agro. Allí, hubo caras de preocupación ante la sensación de “inestabilidad” y las presiones que temen sobre las paritarias.
Si bien los líderes de la CGT y la CTA no anticiparon su reclamo, se espera que pidan una suba que totalice entre un 48 y 50% de aumento. Eso permitiría llevar el piso mínimo arriba del 45% de inflación prevista este año en el Presupuesto enviado la semana pasada por el Ministerio de Economía. Pero también superaría a la mayoría de los acuerdos salariales vigentes.
Sucede que los $ 29.160 que se pagaron en septiembre ya quedaron por debajo de la canasta de indigencia, que en agosto fue de $ 29.213 para una familia tipo. Los movimientos de desocupados y sindicatos de izquierda se movilizarán a la sede de la cartera laboral para exigir un ingreso de $70.000, por encima de la canasta familiar de pobreza ($ 68.359).
Medidas de emergencia
En los próximos días, el Gobierno dará a conocer además otros anuncios destinados a aliviar los bolsillos y recuperar los votos perdidos en las PASO. El paquete incluye un bono de $ 6.000 para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos, entre otros beneficios.
Luego del cambio de gabinete concretado este lunes con la asunción del nuevo jefe de ministros, Juan Manzur, junto a otros cuatro exfuncionarios kirchneristas, lo que se busca es reactivar el consumo a través de medidas como créditos para sectores informales a través de tarjetas no bancarias.
Los trabajadores no registrados fueron de los más golpeados por la pérdida de empleos e ingresos durante las restricciones. En el primer trimestre de este año, un 32,4% de los asalariados eran informales, indicador que llega al 65,7% en el sector juvenil, según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas encabezado por Claudio Lozano a partir de datos oficiales.
Pero también se apunta a atender a los empleados formales. Por ello, se evaluó en los últimos días otorgar créditos a tasa cero para más de 1 millón asalariados registrados y avanzar en el demorado aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para llevarlo desde los actuales $150.000 brutos mensuales hasta $180.000.
Fuente Clarin
