Por Carlos López
Así como en los negocios, los Estados necesitan información para ejecutar adecuadamente políticas económicas, sociales y, sobre todo, internacionales
Si hablamos de la información como el recurso más valioso de una empresa, y la necesidad de que esos datos sean correctos, certeros y oportunos para la toma de decisiones en materia económica es algo que nadie cuestionaría. Ahora, en materia de inteligencia, varios debates entran en circulación.
Así como en los negocios, los Estados necesitan información para ejecutar adecuadamente políticas económicas, sociales y, sobre todo, internacionales. Ignorar la relevancia de contar con una agencia de inteligencia implica desconocer el funcionamiento del mundo. Hablar de su rol en Argentina es mala palabra producto de una mala interpretación y ejecución de este servicio. Pero el problema está en las personas y no en la institución.
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Nuestro país aún tiene gran potencial para desarrollar la inteligencia, cuenta con personas de gran aptitud y brillantes académicos en la temática. Sin embargo, muchos de estos profesionales se encuentran por fuera de la Escuela Nacional de Inteligencia, un organismo que depende de la AFI donde tiempo atrás se dictaban cursos de alcance internacional. Muchos de los servicios de la región se han beneficiado de sus aptitudes formando a su personal para capacitarse y realizar posgrados en un espacio de verdadera excelencia. Con el tiempo, el prestigio se ha ido diluyendo y deteriorando, producto de una práctica vinculada a los canales de reclutamiento de agentes.
La incorporación de personal se ha desarrollado de manera informal. Incluso desde la época militar se buscaba personas vinculadas a figuras con algún rol o función dentro de la agencia de inteligencia, por recomendación interna. Un reclutamiento que prioriza la afinidad, en vez de la capacidad, experiencia y formación académica. Esta costumbre permitió que, a medida que se fueron sucediendo los gobiernos, se acumularan personas con contactos y vínculos pero que no obedecían al perfil idóneo para ejecutar las tareas de inteligencia.
Desde los radicales, pasando por el menemismo y el peronismo, la agencia se nutrió de contactos afines a cada nueva administración. En un mismo lugar, comenzaron a convivir acomodados de cada gobierno subsiguiente en una dinámica que perdura a la fecha. Hoy, tenemos una interventora, Cristina Caamaño, ex fiscal, que no tiene nada que ver con la actividad, ni tiene perfil o experiencia para manejar una actividad tan delicada, no sólo por la capacidad de sostener y generar acciones, sino que además se trata de datos sensibles y confidenciales.
Por otro lado, no debemos olvidar que un mal trabajo de inteligencia promueve malas decisiones. Aquí volvemos al punto de partida, malos datos en una empresa inducen malas decisiones y pueden llevarla a la quiebra, en el caso de un país los resultados pueden ser aún peores, arrastra a millones de habitantes que dependen de las decisiones políticas.
A la inteligencia se le llama servicios, justamente porque ése es su rol a la orden de quienes toman decisiones. Su estructura no sólo es necesaria, sino imprescindible. Nuestro país está en franca decadencia producto justamente de una falta total de información adecuada, que permita tejer las alianzas con quien corresponde, tomar posturas correctas y las distancias debidas con determinados temas, conflictos e intereses de otros países. Pero Argentina no tiene inteligencia, se ha desactivado el aparato que trabajaba generando la información estratégica.
El caso Villegas revela el decadente estado de situación, en una escena que lejos está de una operación de inteligencia, que va de la mano con una estrategia política que promueve acciones de desinformación.
La corrupción interna nuestra ha corrompido una institución que tiene por fin protegernos silenciosamente. Sistemáticamente se ha ido destruyendo el aparato de inteligencia, dejando a nuestro país ciego, sorgo y mudo ante la comunidad internacional para tomar decisiones y entender qué es lo que está pasando en la región. Criminalizar o descalificar la actividad es totalmente perjudicial toda la ciudadanía.
Fuente Infobae
