La Libertad Avanza bonaerense anunció que impulsará la destitución de Marta Elba Pascual, la jueza de Lomas de Zamora que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Sebastián Pareja acusó a la magistrada de actuar políticamente y de profundizar la impunidad. El procedimiento deberá tramitarse ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial.
Buenos Aires – 8 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA– La Libertad Avanza (LLA) bonaerense decidió avanzar contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, después de que la magistrada suspendiera durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece responsabilidad penal desde los 14 años.
El presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, encabezará una mesa técnica y política para definir la presentación destinada a promover la destitución de Pascual. Desde el espacio libertario sostienen que la resolución judicial impide la aplicación de una ley sancionada por el Congreso de la Nación y “profundiza la situación de impunidad” que, según afirman, padecen los bonaerenses.
Pareja lanzó duras acusaciones contra la magistrada y la vinculó políticamente con el gobierno de Axel Kicillof. “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, afirmó, al tiempo que cuestionó que una decisión judicial pueda frenar una norma aprobada democráticamente.
La ofensiva libertaria también fue respaldada por los presidentes de los bloques de LLA en la Legislatura bonaerense. El senador Carlos Curestis sostuvo que la decisión judicial “garantiza la impunidad de los delincuentes”, mientras el diputado Juan Osaba calificó como “inadmisible” que una jueza provincial suspenda la aplicación de la ley y anunció que el espacio irá “a juicio político” contra Pascual.
La expresión utilizada por los dirigentes libertarios remite, en términos jurídicos, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. La Ley 13.661 establece que los jueces provinciales pueden ser denunciados ante ese organismo y prevé, entre sus facultades, el apartamiento preventivo, la suspensión y eventualmente la destitución cuando se determine responsabilidad por las causales previstas en el régimen.
La denuncia debe presentarse por escrito ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, individualizar al magistrado cuestionado, describir los hechos atribuidos y acompañar la prueba correspondiente. El sistema prevé posteriormente un procedimiento de evaluación y defensa antes de cualquier eventual sanción.
El conflicto comenzó después de que Pascual hiciera lugar a un habeas corpus preventivo colectivo y resolviera impedir durante dos meses la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense. La jueza fundamentó su decisión en la falta de infraestructura y recursos suficientes para incorporar al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años.
Pascual defendió públicamente su resolución y afirmó que encarcelar adolescentes sin condiciones adecuadas de educación, tratamiento y resocialización “no va a crear más seguridad”. Según la magistrada, ampliar el universo de jóvenes sujetos al sistema sin mejorar previamente los dispositivos existentes podría agravar las deficiencias actuales.
La Ley 27.801, sancionada el 27 de febrero y publicada el 9 de marzo, estableció el Régimen Penal Juvenil para adolescentes desde los 14 hasta los 17 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales. El Gobierno nacional reglamentó la norma mediante el Decreto 875/2026, publicado el lunes 7 de septiembre.
La ley fija entre sus finalidades la responsabilización del adolescente por sus actos, junto con su educación, resocialización e integración social. También prevé medidas alternativas, atención de víctimas, operadores especializados y mecanismos de coordinación entre jurisdicciones.
La decisión de Pascual abrió así un enfrentamiento político y judicial que trasciende la discusión sobre infraestructura. Para LLA, el fallo representa una intervención judicial contra una decisión adoptada por el Congreso; para la magistrada, la aplicación inmediata de la norma sin condiciones materiales suficientes puede incumplir garantías constitucionales aplicables a adolescentes privados de su libertad.
La disputa pasará ahora del juzgado de Lomas de Zamora al terreno institucional bonaerense. Si LLA formaliza la denuncia, será el Jurado de Enjuiciamiento —y no la Legislatura por sí sola— el que deberá determinar si la actuación de Pascual constituye una causal suficiente para avanzar contra una magistrada que, con su fallo, colocó el nuevo Régimen Penal Juvenil en el centro de una de las controversias más sensibles de la política de seguridad argentina.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas; Ley 27.801; Decreto 875/2026; Ley bonaerense 13.661 y modificatorias; TN; normativa oficial de la República Argentina.
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