Rafael Lasala, el hábil juez del caso Gali al que la toga le viene de familia

Lasala es saga de jueces, apellido de toga con veteranía de décadas. A esta familia oriunda de Huesca y con raíces italianas pertenece Rafael Lasala Albasini (61 años), el titular del juzgado número 7 de Zaragoza que lleva meses poniendo en apuros al Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta del caso Gali, la entrada furtiva en España del líder del Frente Polisario, el saharaui Brahim Gali. El padre de Rafael Lasala llegó a ser magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Es el mismo destino alcanzado por otro de sus hijos, bautizado Carlos como el padre. Este hermano de Rafael Lasala ha sido atacado desde las órbitas de Podemos por la condena contra los llamados ‘Seis de Zaragoza’, activistas de izquierdas detenidos y sentenciados por los violentos disturbios que se produjeron en enero de 2019, coincidiendo con un mitin de Vox. De esta saga de jueces, ahora es Rafael Lasala quien es noticia, desde hace meses, por el caso Gali. Un abogado malagueño, Antonio Urdiales, denunció aquella incursión por delictiva. El escrito cayó en su juzgado y, pese a ser consciente de la que se le vendría encima si abría diligencias, no dudó en hacerlo tras revisar lo ocurrido. Detectó, con extensa argumentación legal, que en los hechos había notables y notorios indicios de delito. En concreto, por posible prevaricación, encubrimiento y falsedad. Abrió diligencias el 31 de mayo de 2021, y la investigación suma y sigue, sin prisa pero sin pausa. Paciente y hábil, Rafael Lasala cogió el camino políticamente incorrecto para la escala gubernamental, que rápidamente activó a la Abogacía del Estado como defensa letrada al servicio del Ejecutivo del PSOE y Podemos. En todos estos meses, la abogada del Estado María del Mar González Bella ha cargado contra la investigación del juez, le ha exigido que dejara de indagar, ha exhibido la vigente ley franquista de secretos oficiales para negarle al magistrado relevantes datos sobre lo ocurrido e, incluso, le ha pedido que impidiera a los periodistas informar libremente sobre los detalles de la investigación, que incomoda al Gobierno y a quienes participaron en esta operación clandestina. Pero el juez no ha cedido a esos envites. De momento, están imputados la exministra Arancha González Laya y el que fue su jefe de gabinete en Asuntos Exteriores, el diplomático Camilo Villarino. Investigación torpedeada
Sin signo alguno de irritación, pero sí con contundencia, el juez ha soslayado la estrategia de la Abogacía del Estado para torpedear su investigación. Sigue adelante. Ha desnudado un caso que acecha al presidente Pedro Sánchez y que compromete a tres ministerios, tras destaparse su participación activa en aquella introducción clandestina de Gali en España, en abril del año pasado. El caso salpica de lleno a los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa. Cuando ha tenido que parar los pies a las acusaciones, Lasala también lo ha hecho. Y, consciente de que el mínimo desliz puede comprometer su investigación, transita en sus pesquisas con prudencia. Sabe que perderá la competencia instructora en cuanto los indicios de delito alcancen a un miembro activo del Gobierno. Así que, para que eso no ocurra de forma prematura, da pasos continuos, pero cortos, medidos. Quiere dejar atados todos los extremos para completar la investigación, aflorar las claves antes de que el caso quede zanjado en fase de instrucción o de que tenga que ser elevado a instancias superiores si salpica a aforados. Atreverse a instruir esta causa, incómoda para el Gobierno, ha puesto a Lasala en el punto de mira de la izquierda. Ahora le acusan de querencia derechista por indagar en esta operación clandestina que desplegó el Gobierno a beneficio de Gali. No decían lo mismo, sin embargo, cuando en junio de 2016 el juez Rafael Lasala archivó una denuncia contra el entonces alcalde de Zaragoza, el podemita Pedro Santisteve. Había sido denunciado por sus polémicos gastos en viajes. En concreto, por cargar a las arcas municipales sus políticas escapadas a Barcelona y a Santiago de Compostela para participar en encuentros con otros alcaldes de similar órbita partidista. El juez Lasala, sin embargo, sacó la cara (judicial) a Santisteve. Avaló esos gastos, porque consideró que el alcalde había acudido a sesiones de trabajo que encajaban en la acción del gobierno municipal y, por tanto, se ajustaba «perfectamente a la legalidad» que cargara esos gastos de viaje. Dos años después, en 2018, cayó en su juzgado una denuncia del fugado Carles Puigdemont. Tras huir de España para eludir a la Justicia por el golpe independentista de 2017, Puigdemont pidió amparo al sentirse amenazado por un burlón vídeo en el que unos jóvenes, subidos a un tanque, bromeaban con meter en vereda al secesionista. La denuncia de Puigdemont fue archivada, y el independentista recurrió. Rafael Lasala ratificó el archivo y, de paso, puso en evidencia a Puigdemont. Le afeó por atacar el orden constitucional y luego fugarse, una «conducta desprovista de arrojo», de «dignidad y gallardía». En su resolución, le reprochó que hubiera huido dejando a sus colaboradores «en las puertas de la cárcel».
Fuente ABC