Por Edgardo Aguilera
Investigaciones cruzadas por fondos asignados al Comando General Electoral del Estado Mayor Conjunto en las últimas elecciones. Ahora se enfocan en quien denunció las irregularidades
El subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), brigadier mayor Pedro Girardi a través de la disposición DI-2021-21-APN-SEMCO#EMCO ordenó la instrucción de un sumario (legajo disciplinario) con el objeto de analizar la conducta del teniente coronel Gustavo Chávez Leguina, denunciante de las irregularidades en pagos y licitaciones cometidos por miembros del Comando General Electoral del Estado Mayor Conjunto durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El Comando Electoral a cargo del general Martín Deimundo Escobal, organismo del Estado Mayor Conjunto que dirige el teniente general Martín Paleo, se creó por el decreto 283/2021 con la misión de coordinar y ejecutar las medidas de seguridad en ocasión de las PASO. Recibió fondos millonarios del Ministerio de Interior para afrontar gastos de traslados, viáticos, logística de vehículos y racionamiento, de personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La investigación castrense sobre oficinas de finanzas del comando electoral quedó en manos del coronel mayor auditor (abogado) Martín Torres, jefe de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor Conjunto. Ese sumario concluyó con la aplicación de sanciones al coronel Raúl García, jefe del Servicio Administrativo Financiero del Comando General Electoral y al capitán de corbeta Dalton Valenzuela (protesorero) confirmándose los pagos duplicados y erróneos en perjuicio de la administración pública.
Ahora la lupa inquisitiva cayó sobre el teniente coronel Chávez Leguina, oficial de intendencia que había informado primero verbalmente y luego por escrito una serie de pagos indebidos responsabilizando a su superior inmediato (el coronel García). Chávez Leguina también promovió una denuncia penal en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles, omisión maliciosa, entre otros, a partir de maniobras de duplicidad de transferencias a proveedores, pagos a empresas de transporte sin documentación reglamentaria, etc
Armado de presunciones
El nuevo expediente investigativo armado con foco en quien expuso las irregularidades surgió de presunciones plasmadas por el auditor instructor, coronel mayor Torres en el Informe Final del sumario cabeza: el Legajo Disciplinario AJUR 21 – Nro. 0004/3. Torres delineó una serie de conductas atribuidas al teniente coronel Chávez Leguina, encuadrándolas en presuntas faltas disciplinarias graves, entre ellas “no poner en conocimiento de sus superiores esas novedades de manera inmediata”. Con ese fundamento, el subjefe del EMCO, brigadier Girardi dictó la apertura del nuevo sumario y en el artículo tercero de la disposición designó al mismo coronel mayor Torres como instructor de la pesquisa para dilucidar si hubo o no comportamientos que merezcan sancionar al denunciante Chávez.
El brete kafkiano quedó así: Torres, el oficial sumariante de las irregularidades en las PASO denunciadas por Chávez Leguina concluye que este tuvo conductas que encuadrarían en faltas graves. Y a continuación se abre un expediente disciplinario complementario sobre Chávez Leguina cuyo investigador designado es, quien ya había elaborado el reproche a sus conductas. ¿Cómo podría Torres en esta nueva investigación llegar a una conclusión distinta de aquella que plasmó en contra de Chávez en el sumario cabeza? Torres pondría en jaque un pilar de la lógica formal y la filosofía, el principio de no contradicción, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Mínimas razones de imparcialidad en el proceso aconsejarían otro sumariante aunque sea para salvar las formas en un veredicto ya decidido.
El 2 de febrero se reanudarán las actuaciones que fueron suspendidas por el receso de verano. Arrancan con una citación al denunciante Chávez Leguina para que tome vista del expediente en su contra, mera formalidad de un proceso que en grupos castrenses de las redes sociales se tilda de represalia. ¿Cómo puede ser que la investigación de pagos indebidos no alcanzó al comandante Electoral que es quien autoriza y debe firmar con su “Token” las transferencias bancarias? se preguntan en esos grupos.
Casos parecidos sobran, el más actual sucedió con el exsuboficial José Gómez, fue destituido en 2010 cuando denunció a la cúpula de la Armada encabezada por el almirante Jorge Godoy por irregularidades en la reparación de los submarinos de la Marina, entre ellos el ARA San Juan.
