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La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del hombre que fue acusado de quedarse con el patrimonio inmobiliario y depósitos bancarios de su vecina, de 87 años, de la que obtuvo en 2007 un ‘poder de ruina’ que le facultaba realizar cualquier gestión en su nombre. En su sentencia, el tribunal no ha estimado las pretensiones de las acusaciones pública y particular, que le imputaban un delito continuado de estafa, y ha decidido absolverle tras entender que la anciana tenía capacidad plena para decidir y actuó igualmente libremente cuando contrató a través de él distintos productos, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Durante el juicio, celebrado el pasado día 20 de enero, el ahora absuelto se declaró inocente, sostuvo que recibió el encargo de la ya fallecida de ayudarla en la gestión de su patrimonio debido a la total «confianza» existente entre ambos y defendió la pulcritud de su actuación, siempre siguiendo órdenes de la octogenaria. «Yo era un ayudante, un mero recadero, no fui su administrador», reiteró el encausado, V.C.G, pese a lo cual las acusaciones pública y particular, esta última en representación de una nieta de la anciana, mantuvieron sus peticiones de cinco años de prisión, multa de 1.800 euros por delito continuado de estafa agravada y el pago de las correspondientes indemnizaciones a determinar en ejecución de sentencia. V.C.G. recordó la relación «exquisita» de cerca de medio siglo que mantenía con la anciana, María del Carmen, vecinos puerta con puerta en un inmueble sito en la Plaza del Salvador de Valladolid, y que en ese contexto la octogenaria, propietaria de un importante patrimonio y tras perder a su marido y un hijo, le pidió ayuda para que le llevara sus bienes y fondos bancarios. «Era como una madre para mí», destacó el encausado, quien recordó también que en marzo de 2007, en virtud de un poder notarial, pasó a gestionar todo el patrimonio de su vecina, y ello a pesar de que él mismo le aconsejó que se hiciera cargo de ello una nieta que vivía en Elche. «Ella no quiso ni oir hablar de ello, quería que fuera yo por la excelente relación de confianza que teníamos», indicó V.C.G, quien a lo largo de su declaración atribuyó a la propia anciana su decisión de desheredar a la nieta. En este sentido, aunque María del Carmen hizo constar ante notario que no incluía en el testamento a su familiar por indicación expresa del acusado, el aludido negó haber influido en ella y apuntó que lo recogido es diametralmente opuesto a lo que él aconsejó a la testadora, que a partir de 2009 dejó su vivienda de toda la vida para ser ingresada en un centro gerontológico ubicado en la calle José María Lacort debido al empeoramiento de su salud mental. Fue a partir de entonces cuando, según las acusaciones, el «recadero», como así él se autodefinió, comenzó a realizar una serie de operaciones y disposiciones en beneficio propio, como la venta de una nave por 180.000 euros, de los que 150.000 fueron ingresados en una cuenta de la anciana y los otros 30.000 cobrados en mano por V.C.G. de cuyo destino se ha perdido la pista, al no constar facturas, y que el acusado sostuvo que se utilizaron para el pago de obras de albañilería o compras en parafarmacia y perfumes que «tanto le gustaban». Respecto del seguro de renta vitalicia contratado en 2013 para el que se depositó una prima de 60.000 euros, con una rentabilidad del 1,6 por ciento, prima que al fallecimiento de la anciana pasaría a manos del acusado, este último alegó que se enteró de ello «a toro pasado» y que lo hizo María del Carmen por iniciativa propia en su intento de premiarle por sus desvelos, de la misma forma que años antes, en 2010, había llevado a la anciana a donarle su vivienda habitual.
Fuente ABC
