La aparición de un cuarto fideicomiso vinculado al universo empresarial de Liliana Zulet reabre interrogantes sobre el destino de los fondos del Sindicato de Camioneros y su obra social. Mientras crece la deuda sanitaria, miles de millones de pesos circulan hacia sociedades y estructuras relacionadas con la familia política de Hugo Moyano. El nuevo capítulo se agrega a décadas de investigaciones por operaciones sospechosas, OCA, facturas apócrifas, Independiente y episodios de violencia sindical, con expedientes caracterizados demasiadas veces por una extraordinaria lentitud.
Buenos Aires – 19 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Un cuarto fideicomiso vinculado con Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, se incorporó a la arquitectura financiera que rodea al Sindicato de Camioneros justo cuando su obra social atraviesa una delicada situación económica y dirigentes internos comenzaron a hablar, todavía en reserva, de un posible vaciamiento. La nueva estructura se denomina Olm Apolo, comparte domicilio fiscal con el conglomerado empresarial administrado por Zulet y sus hijos y se suma a Thoth, Khasis y Dhanvantari, creados casi simultáneamente a fines de 2024 para canalizar pagos hacia empresas que desde hace años tienen como principal cliente al propio universo camionero.
La operatoria, por sí misma, no constituye delito. Un fideicomiso es una herramienta legal que permite administrar y separar patrimonios. El problema aparece cuando se observa el contexto: mientras crecía aceleradamente el pasivo de la obra social, fondos procedentes del sindicato continuaron fluyendo hacia empresas y vehículos financieros vinculados con la familia política de Moyano. El pasivo de la prestadora pasó de $7.944 millones en 2023 a más de $27.000 millones en 2024, mientras solamente durante junio de este año se registraron movimientos por unos $4.156 millones entre la obra social, los cuatro fideicomisos y empresas relacionadas con el conglomerado familiar, equivalentes entonces a más de US$2,5 millones.
Las cifras adquieren mayor dimensión cuando se reconstruye la secuencia. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 se registraron transferencias por $900 millones, otros $2.580 millones entre fines de abril y comienzos de junio y posteriormente siete nuevos giros por unos $1.150 millones. A ello se agregaron aproximadamente $3.257 millones enviados directamente desde cuentas del gremio a la obra social. En abril pasado, se había documentado transferencias por $900 millones en apenas doce días hacia fideicomisos relacionados con Zulet, y en agosto reveló otros $2.579 millones girados en poco más de un mes.
El interrogante sobre el destino del dinero no apareció ayer. En 2010, la entonces diputada Graciela Ocaña denunció judicialmente los negocios entre Camioneros y compañías administradas por familiares de Moyano. Tres años después, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remitió al fiscal un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detallaba reportes de operaciones sospechosas vinculados con cuentas del sindicato, la obra social y las firmas IARAI SA, ACONRA SA y DIXEY SA. El organismo describió entonces una posible ingeniería empresarial mediante la cual fondos surgidos de entidades sindicales habrían retornado al grupo familiar a través de compañías administradas por personas de su entorno.
Más de una década después, aquel expediente constituye también un incómodo retrato sobre la velocidad de determinados sectores de la Justicia cuando deben investigar estructuras sindicales poderosas. La causa pasó durante años por el juzgado que encabezaba el fallecido Claudio Bonadio y luego continuó bajo la órbita de Julián Ercolini, sin que aquellas sospechas derivaran hasta ahora en una resolución definitiva sobre el fondo. No es el único expediente en el que los tiempos judiciales resultaron llamativos: el propio material interno de Camioneros reconoce que una pericia contable ordenada en Mar del Plata por un supuesto fraude multimillonario todavía no había concluido después de más de un año de investigación.
Ese expediente marplatense investiga un presunto desvío de al menos $13.000 millones mediante facturas correspondientes a proveedores inexistentes o sin capacidad económica suficiente relacionadas con el hotel del sindicato. El caso adquirió una dimensión todavía más delicada cuando funcionarios de ARCA que participaban de la investigación fueron desplazados y uno de ellos denunció ante la Fiscalía Federal General de Mar del Plata presiones destinadas a frenar la pesquisa. Las denuncias involucraron incluso a autoridades del organismo recaudador durante la actual administración nacional, un dato que impide reducir la protección política que históricamente rodeó al poder camionero a un único gobierno.
La historia judicial del universo Moyano tampoco se limita a los negocios de Zulet. Hugo y Pablo Moyano fueron denunciados por la Procelac en una causa sobre presunto lavado y evasión relacionada con operaciones entre Camioneros y el correo privado OCA; también surgieron investigaciones sobre facturas apócrifas, medicamentos y movimientos financieros vinculados con empresas relacionadas con el gremio. La acumulación de antecedentes muestra una recurrencia de sospechas que atravesó distintos gobiernos, juzgados y fiscalías durante más de quince años.
El capítulo de Independiente incorporó además una zona donde negocios, poder sindical y violencia quedaron peligrosamente próximos. La Justicia bonaerense investigó una presunta asociación ilícita relacionada con la barrabrava del club durante la conducción de Hugo y Pablo Moyano, con acusaciones sobre reventa de entradas, estacionamientos, puestos comerciales, intimidaciones y vínculos entre dirigentes y barras. Pablo Moyano fue señalado por el fiscal Sebastián Scalera como presunto jefe de aquella estructura y llegó a ser sobreseído, pero ese beneficio fue posteriormente anulado por la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, que ordenó volver a analizar su situación. El sindicalista siempre negó las acusaciones y sostuvo que se trataba de una persecución política.
La violencia sindical tampoco constituye una abstracción en la historia camionera. El 17 de octubre de 2006, durante el traslado de los restos de Juan Domingo Perón a San Vicente, grupos vinculados con Camioneros y la UOCRA protagonizaron una batalla campal con piedras, palos y disparos. Emilio “Madonna” Quiroz, empleado de Camioneros y entonces chofer de Pablo Moyano, fue filmado efectuando disparos con un arma de fuego. Hugo Moyano reconoció públicamente que Quiroz pertenecía al sindicato y sostuvo que debía responder ante la Justicia. El episodio dejó decenas de heridos y abrió entonces un debate nacional sobre la utilización de grupos violentos y barrabravas dentro de estructuras sindicales.
Veinte años después, el foco vuelve a colocarse sobre el dinero. Liliana Zulet y sus hijos administran un conjunto de empresas dedicadas a salud, construcción, textiles, seguridad y otros servicios vinculados con Camioneros. Juan Manuel Noriega Zulet y Valeria Salerno aparecen relacionados con sociedades y fideicomisos que reciben fondos del universo sindical; ambos exteriorizaron conjuntamente en 2016 alrededor de US$1,1 millones.
La cuestión que ahora deberá esclarecerse no es la legalidad abstracta de crear cuatro fideicomisos, sino por qué resultaron necesarios, quiénes son sus beneficiarios finales, qué servicios concretos justifican los pagos y por qué estructuras patrimonialmente separadas comenzaron a multiplicarse precisamente cuando la obra social acumulaba deudas y dirigentes internos advertían sobre el deterioro financiero. Es allí donde la investigación sobre el denominado “vaciamiento” deja de ser una pelea doméstica dentro de Camioneros y se convierte en un asunto que exige una respuesta institucional.
Después de años de expedientes que atravesaron tribunales sin alcanzar conclusiones rápidas, el hallazgo de Olm Apolo devuelve a la Justicia una oportunidad incómoda: determinar si se encuentra ante simples instrumentos comerciales utilizados por una familia empresaria que presta servicios al sindicato o frente a una estructura destinada a preservar y transferir patrimonio mientras las entidades financiadas por los trabajadores acumulan obligaciones. La respuesta no debería demorar otra década, porque mientras los expedientes envejecen en los tribunales, el dinero continúa moviéndose.
Fuentes consultadas: La Nación, Ministerio Público Fiscal – Procelac, UIF, antecedentes judiciales de los fueros federal y bonaerense, documentación contable e información sindical aportada por archivo de Total News Agency – TNA
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