Confidentes o traficantes: la doble máscara del caso ‘Macedonia’

Una presunta trama de corrupción policial vinculada al tráfico de drogas. Así comenzó la instrucción del caso ‘Macedonia’ hace doce años: con la incautación de 50 kilos de cocaína que acabaron siendo yeso y azúcar, excepto uno. Esta operación hizo que el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ordenase a los Mossos investigar a los guardias civiles que la habían llevado a cabo, al sospechar de su posible relación con los narcos, pero la policía catalana demostró que se había tratado de una «estafa entre traficantes» para culpar luego al Instituto Armado. La investigación de los Mossos no convenció al instructor, que pidió al entonces intendente Josep Lluís Trapero intervenir los teléfonos de los 16 integrantes del grupo ECO de la Benemérita. Éste se negó y el juez lo apartó de las pesquisas, que encargó a la División de Asuntos Internos (DAI). «Le explicamos que no había ningún mosso investigado, y que esta unidad solo puede actuar en esos casos», relató el subinspector Antoni Salleras durante el juicio, que se celebra en la Audiencia de Barcelona. Para poder hacerlo, Aguirre recurrió a un informe de Asuntos Internos, pero de la Guardia Civil, que recogía «contactos» entre mossos e investigados por narcotráfico, pero lo que no indicaba el documento es que estos últimos eran sus confidentes. Entre ellos, Manuel Gutiérrez Carbajo, quien resultó clave para destapar la trama de cobro de comisiones tras los prostíbulos Saratoga y Riviera (Castelldefels, Barcelona), por la que fueron condenados un comisario jefe y dos inspectores de la Policía Nacional, que, a cambio de dinero alertaban a los locales de inminentes redadas. Ahora, la Fiscalía pide para él 11 años de prisión por tráfico de drogas, mientras que éste asegura que el caso ‘Macedonia’, por el que está siendo juzgado, responde a un montaje: «Villarejo y Olivera nos buscaron la ruina por colaborar con la Fiscalía», señaló el pasado martes ante el tribunal. Se refirió así Carbajo a una conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo y el exjefe de la UDEF y comisario principal José Luis Olivera, en la que, como desveló ABC, ambos comentaron que querían destruir a un fiscal Anticorrupción, David Martínez Madero, y a Trapero, que se encargó de las pesquisas sobre los burdeles. «Desconocía que Villarejo tenía algún papel, pero respecto del resto de personas que conversan ahí, son coherentes con los movimientos que estábamos detectando desde 2009. Es como actúa la corrupción. Busca desacreditar al fiscal investigador, a unos policías y a un testigo colaborador», indicó el antiguo jefe de los Mossos ante la Sala. A este tesis se aferró ayer la defensa de Carbajo para pedir su absolución, y es que la fiscal Ana Gil lo sitúa en la cúspide de un presunto entramado dedicado al tráfico de estupefacientes y niega cualquier «conspiración» o «manipulación» para crear «pruebas incriminatorias o para imputar» a los acusados. Eso sí, su abogado no pudo justificar, durante su informe final, unos ingresos que superarían los dos millones de euros tras cesar en 2006 su negocio de compraventa de vehículos. El confidente es uno de los 17 imputados por este caso, por el que finalmente solo se sienta en el banquillo un uniformado: un subinspector de los Mossos que también defiende su inocencia. «Vía crucis»
Se trata de Josep R., segundo al mando de la comisaría de Vilanova i la Geltrú, para el que el Ministerio público también solicita 11 años de cárcel por cohecho, revelación de secretos, pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública. La acusación se basa en escuchas intervenidas a algunos de los traficantes investigados, que mantuvieron conversaciones y encuentros con el mando, pero éste subraya, y así lo han atestiguado otros agentes ante la Sala, que eran sus confidentes. Es más, el agente informaba a sus superiores de los encuentros y su abogado, José María Fuster-Fabra, llegó a denunciar a la DAI por no transcribir las escuchas que demostrarían la inocencia de su cliente. Durante su declaración, Josep R. relató el «vía crucis» que han supuesto estos doce años de instrucción. «Me tuvieron dos meses en prisión, un año suspendido de empleo y sueldo, y otro desarmado y sin uniforme. Para ustedes –dijo a las magistradas– no tiene importancia, pero a mí me están matando la vida»,
Fuente ABC