Mañueco mantiene su negativa a abrir la Junta a Vox y ofrece sólo programa

Primer encuentro entre el Partido Popular (31 procuradores de 81) y Vox (13) para diseñar el Gobierno de la Junta de Castilla y León. O, lo que es lo mismo, primera entrevista presencial entre el candidato de la formación de Abascal, Juan García-Gallardo, que acudió con el procurador electo David Hierro, y el popular y presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que le acompañaron tres miembros de su equipo. Hora y media de reunión que, comparado con los quince minutos que el lunes duró la que mantuvieron socialistas y populares, es todo un triunfo y cabría pensar que de ella habrían salido, como mínimo, las bases para llegar a un pacto. Pero no. La cita tuvo mucho de trámite, de pose y, sobre todo, de presentar unas propuestas de máximos a partir de las cuales unos y otros estarán obligados a ceder. Mañueco se mantuvo firme en querer gobernar en solitario y alcanzar acuerdos programáticos en los que, incluso, estaría dispuesto a sumar a otras fuerzas políticas (Soria ¡Ya!, UPL y Por Ávila, principalmente). Sin embargo, la aritmética que salió de las urnas del 13-F obliga al PP a buscar un socio que sólo puede ser Vox si quiere llegar a los 41 escaños que le garantizaría la investidura (o al menos, con su abstención evitar que sumen más los ‘noes’), una vez que el PSOE ha dejado claro que bajo ningún concepto facilitarán la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Así que la formación de García-Gallardo tiene la llave del Gobierno, bien al abstenerse o bien convirtiéndose en el socio de la coalición. En tono «agradable»
Con este escenario en el que las dos formaciones están obligadas a entenderse si no quieren mandar a los castellano y leoneses de nuevo a las urnas, ayer se produjo un primer contacto que transcurrió en un tono «agradable», aunque sólo sirvió para que ambos marcaran su posición de salida. Mañueco mantiene su «intención» de gobernar en solitario, por lo que no quiso hablar de «sillones» y sólo de programas y «principios» que pasan por «el autonomismo útil, la cohesión territorial y la defensa firme de la igualdad». «Queremos elaborar un acuerdo de legislatura en el que puedan tener cabida distintas fuerzas para llegar a un pacto que permita un gobierno en solitario, fuerte y estable», explicó. No hubo, sin embargo, concreciones, ni siquiera sobre la configuración de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, a pesar de que el Parlamento se constituirá el 10 de marzo. «Primero diálogo, segundo programa de legislatura y tercero puestos y sillones», mantuvo y avanzó que una vez que la próxima semana concluyan los encuentros con todas las fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria, volverán a Vox. Y pidió «serenidad y tranquilidad en las negociaciones, al tiempo que reiteró que tiene «las manos libres para negociar y para explorar todas las posibilidades», rechazando cualquier intromisión de la dirección nacional del PP, ahora más ocupada en otros menesteres, e, incluso, de un Alberto Núñez Feijóo que se ha mostrado contrario a las alianzas con los de Abascal. Trato similar a Cs El planteamiento del PP está, de momento, muy lejos del de Vox, de forma que «la distancia aún es muy grande», reconoció Juan García-Gallardo, quien lamentó que «el trato que quiere dar a Vox el PP es muy distinto al que dio a otros partidos en circunstancias similares», en referencia al hecho de que Ciudadanos obtuvo en la pasada legislatura doce procuradores y se hizo con la presidencia de las Cortes, la vicepresidencia de la Junta y cuatro consejerías. Sin embargo, para Mañueco la situación no es comparable porque en 2019 quien ganó las elecciones autonómicas fue el PSOE, mientras que PP y Cs fueron el segundo y el tercer partido político en función de los escaños obtenidos. Pero los de Abascal advierten de que se mantendrán «firmes» y votarán ‘no’ a la investidura de Mañueco porque «cualquier pacto con Vox pasa por entrar en el Gobierno». De ahí su rechazo a cualquier otra fórmula que, apuntó, se ha demostrado que no funcionan como ha sucedido en Madrid, Murcia o Andalucía por lo que «Castilla y León va a ser un punto de inflexión», insistió García-Gallardo.
Fuente ABC