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El Ejecutivo comunitario lleva un tiempo viendo un aumento de los pleitos abusivos contra medios de comunicación y activistas por los derechos humanos: empresas o entidades públicas denuncian en los tribunales con el objetivo de amedrentar y acallar las voces críticas. Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) son, según la Comisión Europea, “una forma particular de acoso utilizada contra periodistas y otras personas encargadas de la protección del interés público, a menudo en combinación con amenazas a la seguridad física, son motivo de grave preocupación en varios Estados miembros”. Ahora Bruselas propone nuevas normas para frenar estas prácticas a nivel europeo.
La propuesta de la Comisión, que tiene que ser negociada con el Parlamento Europeo y los Estados miembros para entrar en vigor, permite, por ejemplo, el sobreseimiento anticipado de un procedimiento judicial que sea “manifiestamente infundado”. “En tal situación, la carga de la prueba recaerá en el demandante para demostrar que el caso no es manifiestamente infundado”, señala el Ejecutivo comunitario en un comunicado sobre la directiva que cubrirá los casos transfronterizos.
“Prometimos defender mejor a periodistas y defensores de derechos humanos contra quienes intentan silenciarlos. La nueva norma hace eso. En una democracia, la riqueza y el poder no pueden dar a nadie una ventaja sobre la verdad. Con estas medidas, estamos ayudando a proteger a quienes asumen riesgos y hablan cuando el interés público está en juego, cuando informan, por ejemplo, sobre denuncias de lavado de dinero y corrupción, asuntos ambientales y climáticos u otros asuntos que son importantes para todos nosotros”, ha señalado Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Valores y Democracia y que ha estado a cargo de este dosier.
Nacho Alarcón. Bruselas
Bruselas propone también que, si se desestima el caso por ser abusivo, corresponda al demandante asumir todos los costes, incluidos los honorarios de los abogados del demandado, así como una compensación por daños materiales e inmateriales y sanciones disuasorias para evitar que los demandantes utilicen los tribunales de forma abusiva. Aunque la propuesta de la Comisión es para casos transfronterizos, el Ejecutivo comunitario también ha emitido una recomendación, de aplicación inmediata, en la que exige que los “marcos legales nacionales ofrezcan las suficientes garantías, similares a las de nivel europeo, para abordar los casos domésticos de SLAPP”. En los próximos 18 meses, los Estados miembros tendrán que comunicar a la Comisión su cumplimiento.
Un ejemplo de este tipo de comportamientos ha sido la demanda de la empresa energética Iberdrola contra El Confidencial por valor de 17,6 millones de euros por una supuesta intromisión ilegítima en el derecho al honor por la cobertura de las investigaciones sobre las presuntas relaciones entre el grupo eléctrico y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El objetivo final es que el medio deje de publicar una información que ha llevado a la Audiencia Nacional a llamar como investigados a varios directivos de Iberdrola, incluido su presidente ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán.
El Ejecutivo comunitario lleva un tiempo viendo un aumento de los pleitos abusivos contra medios de comunicación y activistas por los derechos humanos: empresas o entidades públicas denuncian en los tribunales con el objetivo de amedrentar y acallar las voces críticas. Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) son, según la Comisión Europea, “una forma particular de acoso utilizada contra periodistas y otras personas encargadas de la protección del interés público, a menudo en combinación con amenazas a la seguridad física, son motivo de grave preocupación en varios Estados miembros”. Ahora Bruselas propone nuevas normas para frenar estas prácticas a nivel europeo.
Fuente El Confidencial
