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“(Hay) evidencias que acreditan que nunca ordené buscar testigos sino corroborar información que me llegaba. Que jamás tomé la iniciativa de ofrecer un beneficio (…) ni pasó por mi mente pedir que mintieran o ocultaran la verdad. Que no es cierto que haya pretendido engañar a la justicia“, dijo Uribe en una declaración virtual desde su hacienda en el norte de Colombia.
El miércoles una jueza rechazó el pedido de la fiscalía para archivar el caso que involucra al exmandatario y exsenador de 69 años.
La decisión de primera instancia puede ser apelada por la defensa de Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura contra las guerrillas izquierdistas tan aplaudida como criticada.
El peso político y popularidad del exmandatario -jefe del partido en el poder y mentor del actual presidente Iván Duque- hacen que su caso trascienda el ámbito jurídico y más cuando resta un mes para las elecciones presidenciales del 29 de mayo.
Si finalmente un tribunal superior acoge el dictamen de la jueza, Uribe deberá ir a juicio y eventualmente podría ser condenado a prisión por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal), que en Colombia son castigados con unos ocho años de cárcel.
Uribe refutó uno a uno los argumentos de la jueza y dijo que no ha “sido estafador como lo quiere hacer pensar la carga ideológica” de su contraparte.
Opositor del proceso de paz con la exguerrilla FARC, Uribe no solo es el jefe del Centro Democrático (en el poder desde agosto de 2018), también fue el senador más votado y protagonista en las campañas electorales desde que dejó el poder.
Sin embargo, el apoyo al político más influyente de este siglo en Colombia ha mermado, según sondeos.
Uribe -señalado en varios frentes de vínculos con narcos y paramilitares- terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.
En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.
Uribe sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso- contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a las guerrillas izquierdistas.
Pero la Corte Suprema de Colombia se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, comenzó a investigar al exgobernante en su calidad de parlamentario en 2018. Los magistrados concluyeron que Uribe trató de manipular testigos para desacreditar a su opositor.
“El rencoroso discurso de Uribe sobre la decisión del 27/4, consistió en nuevos insultos a los magistrados, a las víctimas y a nuestros representantes. Nada de eso valdrá en el juicio que ya viene”, advirtió el senador Cepeda en Twitter.
El tribunal ordenó en agosto de 2020 el arresto domiciliario del expresidente mientras avanzaba en su investigación.
Uribe, que cuestionó a la Corte Suprema por supuesto sesgo político, logró zafarse de esa jurisdicción al renunciar al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014. Su expediente pasó entonces a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba sobre el expresidente.
La fiscalía asumió la investigación y el año pasado planteó a la justicia archivar el caso por considerar que no había delito.
No obstante, la jueza desestimó los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes y dio paso al posible enjuiciamiento del exmandatario.
Fuente Ambito
