El Gobierno tenía como objetivo instalar una asamblea constituyente para redactar y cambiar la Constitución vigente desde 1993, favorable a una economía de libre mercado, escrita durante el mandato del presidente Alberto Fujimori, quien ahora está preso acusado de violación a los derechos humanos y corrupción.
Desde que Pedro Castillo lanzó en campaña su promesa de reforma y ganó sorpresivamente las elecciones por un estrecho margen, los inversionistas y políticos de derecha han estado preocupados de una posible cambio de la actual Constitución, una aspiración de la izquierda peruana durante mucho tiempo.
Los defensores de la Constitución vigente afirman que con ella Perú registró uno de los mayores crecimientos económicos en las últimas dos décadas, pero sus detractores dicen que, pese a que se redujo la pobreza, la desigualdad se ha incrementado debido a una mala distribución de la riqueza.
Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.
Pedro Castillo había presentado su proyecto de reforma luego de haber sobrevivido a dos intentos de destitución de su cargo por parte del Congreso, con cuatro gabinetes de ministros, protestas sociales y una constante inestabilidad política desde que asumió.
Según una encuesta de la firma Ipsos Perú difundida a fines de abril, sólo un 7% de peruanos estaba de acuerdo con impulsar una asamblea constituyente. En tanto, el 43% afirmó que la prioridad del Gobierno debería ser la lucha contra la delincuencia y otro 42% la lucha contra la corrupción.
Fuente Ambito
