Bolaños coordinará el blindaje de la Cumbre de la OTAN tras comprometer la seguridad del Estado

En menos de dos meses, los tres últimos días de junio, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta el acontecimiento político más importante y con mayor relevancia internacional de la legislatura, y de todo su mandato desde que llegó en 2018 a La Moncloa. España ejercerá entonces de anfitrión en la Cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Madrid, un evento concedido ya para nuestro país en tiempos de Mariano Rajoy y que supone un reto mayúsculo para la seguridad del Estado, comprometida ahora por la revelación del propio Ejecutivo de que los teléfonos móviles de nada menos que el jefe del Gobierno y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados por el sistema Pegasus de espionaje entre mayo y junio del año pasado. De ambas terminales se extrajo una importante cantidad de documentación, de hasta 2,6 gigas en una de las intrusiones detectadas en el móvil de Sánchez, lo que ha obligado al Ejecutivo a una revisión completa de todos los teléfonos de los ministros. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que el pasado lunes informaba de ese episodio de extrema vulnerabilidad en una rueda de prensa de urgencia y al que Robles señaló veladamente como responsable de lo ocurrido, es el encargado ahora, a través de la Secretaría General de la Presidencia, de la Unidad de Coordinación para la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Justo en pleno enfrentamiento con Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la fractura en la seguridad del Gobierno y las escuchas a dirigentes independentistas que han tenido que ser justificadas por los servicios secretos. Así le mandata el artículo 4.5 del decreto de julio del año pasado que reestructuraba la Presidencia del Gobierno tras el profundo cambio en el mismo que comportó la salida de Carmen Calvo y otros seis ministros. El mismo Bolaños admitió en una entrevista radiofónica el pasado martes que el Gobierno debe revisar sus protocolos ante lo ocurrido. Una confesión de parte de quien tiene que gestionar ahora una subdirección general encargada de coordinar los «trabajos logísticos y operativos precisos para la organización y celebración de la cumbre», que reunirá los próximos 28, 29 y 30 de junio en la capital de España a mandatarios de los 30 países de la Alianza Atlántica, incluido el presidente de EE.UU., Joe Biden, cuatro meses después de que comenzase la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. A esta cifra se suman las delegaciones de los siete países asociados. También se baraja la presencia de Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Bolaños tendrá que coordinarse además con los responsables de Exteriores, Interior, Transportes y Sanidad, además de, precisamente, con Defensa. Vigilar las comunicaciones La crisis por las escuchas detectadas, y la manera de comunicarlas, con una insólita rueda de prensa pública de Bolaños y de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez –algo que no ha sucedido en ningún otro país donde se han producido instrusiones a través de Pegasus– han puesto en entredicho el proceder de La Moncloa en un asunto tan sensible y de repercusión internacional, dada la envergadura que tienen desde hace un año las revelaciones sobre Pegasus, un ‘software’ de espionaje israelí utilizado por otros países, entre ellos Marruecos. En materia de seguridad, los países se miran unos a otros de reojo, sobre todos si son aliados en la OTAN. Y la revelación de que el Gobierno español ha sufrido una grave vulnerabilidad de su seguridad no ayuda al prestigio de nuestro país entre sus aliados. Más aún si se tiene en cuenta que, como informó ABC, el Gobierno ya había sido informado hace meses de sólidos indicios de que los teléfonos de Sánchez y Robles habían sido infectados por Pegasus, aunque en aquel momento no se hizo público. La versión oficial expresada por el propio Bolaños es que solo se tuvo conocimiento de esos hechos el pasado fin de semana. Ocurre que precisamente en ese momento el Ejecutivo estaba asediado políticamente por otras escuchas, las realizadas con autorización judicial al presidente catalán, Pere Aragonès, y a otros diecisiete dirigentes independentistas, como confirmaba este semana en la comisión de secretos la directora del CNI, Paz Esteban. Además, Defensa ya admitió el pasado mes de marzo, en una respuesta escrita al diputado de Bildu Jon Iñarritu, que se habían producido hackeos a los móviles de los exministros de Exteriores y Justicia, Arancha González Laya y Juan Carlos Campo, en el verano de 2020, un año antes de que se infectaran los teléfonos de Sánchez y Robles. La responsabilidad sobre las comunicaciones de los miembros del Gobierno es doble. Por un lado, el Ministerio de la Presidencia se encarga de suministrar materialmente los dispositivos; por otro, el Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo adscrito al CNI, es el responsable de la seguridad de las comunicaciones. Así lo establece el Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el CCN. El artículo 2 establece que el ámbito y funciones del centro comprende «la seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información de la Administración que procesan, almacenan o transmiten información en formato electrónico, que normativamente requieren protección, y que incluyen medios de cifra». Para ello, el CCN deberá «elaborar y difundir normas, instrucciones, guías y recomendaciones para garantizar la seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Administración». El Centro Criptológico
Para dar una respuesta «proporcional», el Centro Criptológico analiza los posibles «riesgos a los que esté sometida la información procesada, almacenada o transmitida por los sistemas». También forman al personal de la Administración con competencias en el campo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y coordina la «adquisición y puesta en explotación y la utilización de la tecnología de seguridad de los sistemas antes mencionados». Sobre dónde termina la responsabilidad de unos y comienza la de otros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, explicó el miércoles en Onda Cero lo siguiente: «La Presidencia del Gobierno nos aporta los dispositivos materialmente, pero son dos asuntos distintos. Uno es el de las comunicaciones, que depende de la Secretaria General de la Presidencia y otro es de la ciberseguridad, que depende del CCN, que depende a su vez del Ministerio de Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia». Rodríguez insistió en que «materialmente tener este dispositivo depende de la secretaría general de la Presidencia, y la ciberseguridad del dispositivo, del Centro Criptológico Nacional». Fuentes de los servicios de Inteligencia consultadas por ABC confirman que, efectivamente, el protocolo es así, pero hacen algunos matices: «El Centro Criptológico Nacional, que lo forman extraordinarios profesionales, trabaja con los medios que el Gobierno le da, y no siempre se siguen sus recomendaciones. Cuando al presidente de EE.UU. le dicen que no puede utilizar determinado modelo de teléfono móvil, no lo hace, por mucho que sea el hombre más poderoso del mundo. Aquí esto no funciona de la misma manera» concluyen estas fuentes.
Fuente ABC