La contienda entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de los fondos de seguridad no culminó en acuerdo, y vencido el plazo, la disputa por la coparticipación volverá a la Corte Suprema que deberá dar resolución.
Durante la mañana del miércoles, representantes del Gobierno de la Ciudad con el Jefe de Gabinete Felipe Miguel al frente mantuvieron un encuentro junto a los equipos técnicos que responden al ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro para debatir por última vez e intentar acercar posiciones sobre el tema.
Tras cinco reuniones consecutivas en las que no hubo avances, y una vez vencido el plazo otorgado por la Corte, los representantes de ambas partes firmaron un acta para oficializar el fin del proceso de negociación y será el Máximo Tribunal el encargado de determinar una solución.
El inicio de la disputa surgió de una demanda que inició el Gobierno porteño con el objetivo de reclamar un monto que supera los $200.000 millones, en base a la deuda por coparticipación de Nación entre 2020 y 2021 y a la que deberá sumarse el 2022.
El pedido de los Gobernadores
A través de un documento titulado “El federalismo no se negocia”, Axel Kicillof y otros dieciséis gobernadores manifestaron su “profundo preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte” en el reclamo iniciado por Larreta.
“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes -expresa el documento de los gobernadores-. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”, indica el texto.
Entre los cuestionamientos indicados, los gobernadores aseguraron que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es una provincia” y que el reclamo liderado por Larreta es sobre “recursos que no le corresponden”.
“Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, agregaron.
Además, el escrito denuncia que el porcentaje de la coparticipación fue modificado de “una manera injusta e injustificada” por el exmandatario Mauricio Macri, a través del decreto 194/2016, que implicó una suba en los puntos de coparticipación de la Ciudad a 3,75 por ciento con el argumento de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad.
Junto a la firma de Kicillof están también la de los mandatarios de Entre Ríos, Salta, Formosa, Catamarca, Chaco, Misiones, Santa Fe, Tucumán, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.
A su parte, no suscribieron al documento ni participaron de las negociaciones los gobernadores de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales de Jujuy, Gustavo Valdés de Corrientes, Rodolfo Suárez de Mendoza, Juan Schiaretti de Córdoba, Omar Gutiérrez de Neuquén y Arabela Carreras de Río Negro.
Fuente Mendoza Today
