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A la Junta de Castilla y León no le convence el cocktail de materias que bajo el paraguas de Ley del Aborto pretende aprobar el Gobierno central. Así lo manifestó este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien recriminó que se vuelvan a mezclar asuntos diversos para sacar adelante unos proyectos de ley que generan más recelos con la excusa de otros en los que sí existe mayor entendimiento. Así, Carriedo apuntó que de ese texto legal que «sólo» conocen por los medios hay algunos aspectos que cuentan con su «apoyo». «Pero –apostilló– no nos gustaría que se aprovecharan cuestiones que generan cierto consenso social» con otros aspectos sujetos a más controversia y no cuentan con ese apoyo más extendido, además de buscar «distraer» de los problemas que preocupan a los ciudadanos. El también consejero de Economía y Hacienda venía a diferenciar cuestiones «de índole económica», en relación a la aplicación de un IVA reducido a los productos de higiene sanitaria, que sí contarían con su apoyo; de otros como la posibilidad de que las chicas puedan abortar a partir de los 16 años de edad sin necesidad siquiera de comunicárselo a sus progenitores. Y eso es lo que apuntó Fernández Carriedo que parece que pretende el Ejecutivo central, mezclando en la coctelera los distintos ingredientes para sacar adelante proyectos legales más controvertidos, incluyendo en el mismo texto otros que difícilmente puedan despertar el rechazo social y político. Y el «Gobierno es muy dado» a esta práctica, recordó el portavoz de la Junta, quien rememoró que, por ejemplo, ya se vio en plenas primeras andanadas del Covid-19, cuando el Ejecutivo aprovechó normas relativas a la pandemia para, por ejemplo, situar al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, en los órganos del CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Que «reflexione»
Incluso apuntó a que sea una maniobra de «distracción». Así, expresó el deseo de que el Consejo de Ministros «reflexione» sobre un asunto que «requiere mucho consenso social» y «no use un tema tan sensible para distraer la atención de los asuntos y problemas reales de los ciudadanos». Fernández Carriedo no fue más allá pues, advirtió, «es difícil opinar» sobre una cuestión de la que las comunidades no han sido informadas por el Gobierno, además de recordar que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre los recursos interpuestos al respecto. El portavoz de la Junta, quien destacó los más de 221 millones aprobados ayer por el Consejo de Gobierno en servicios para Sanidad, Educación y Servicios Sociales, defendió que ellos sí tienen «claras» las prioridades e incidió en que «no» les gustaría que el Ejecutivo central use un asunto «muy serio de mucha sensibilidad» para «distraer» de otros temas.
Fuente ABC
