Por Daniel Santoro
El juez Rafecas y el fiscal Stornelli secuestraron un documento interno de esa cartera firmado por un director y no la abogada Silvia Vázquez a quien, hasta ahora, se responsabilizaba por el retraso. Analizan computadores y teléfonos en búsqueda de más pistas.
La justicia después del allanamiento del viernes de la semana pasada al ministerio de Defensa, investiga si el retraso en apelar la sentencia a favor de los mapuches en Bariloche y contra los intereses del Ejército lo decidió el director de Asuntos Judiciales de esa cartera, Martín Havela, y no la abogada Silvia Vazquez como se creía hasta ahora. Así se avanza sobre la jerarquía de la cartera siguiendo la posibilidad de que se haya simulado un intento de apelar para, en realidad, favorecer el reclamo de los mapuches.
El fiscal Carlos Stornelli, autorizado por el juez federal Daniel Rafecas, el viernes pasado secuestró mucha documentación del expediente del caso de los mapuches que reclaman 180 hectáreas de tierra de la Escuela de Instrucción Andina en Bariloche.
Entre ellos una nota fechada el “viernes 4 de febrero de 2021” sobre el caso de las tierras de la Escuela de Instrucción Andina redactada por Havela y dirigido al director de Asuntos Jurídicos del Ejército, coronel Walter Horacio Faneco.
La nota dice “remito en archivo adjunto sentencia del 2 de febrero de 2022 en los autos “Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue contra poder ejecutivo nacional, ministerio de Defensa” a los efectos de “tomar la correspondiente intervención en las actuaciones mencionadas”
El Ministerio de Defensa había recibido, entonces, la sentencia el miércoles 2 de febrero, a las 12, pero recién remitió el expediente NO-2022-11199739-APN-DAJUD#MD, el viernes 4 de febrero, a las 15, cuando el plazo procesal había vencido a las 12 de ese día, informaron fuentes parlamentarias a Clarín.
Así Defensa le pasó el caso caliente al Ejército con los plazos procesales vencidos. Entonces, la cámara de apelaciones de General Roca rechazó el reclamo del Ejército por la demora en apelar.
La causa que Rafecas delegó en Stornelli es la N° 1615/2022 caratulada “Vazquez, Silvia Cristina s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art.248) y prevaricato de los auxiliares de Justicia (Art.271) Denunciante: Asseff, Alberto Emilio Y Otros”.
La primera denuncia está firmada por los diputados de Juntos por el Cambio Asseff, Adriana Noemí Ruarte, Gerardo Milman, Héctor Setafani, Francisco Sánchez, Hernán Lombardi, Ingrid Jetter, Laura Rodríguez Machado, Aníbal Antonio Tortoriello, Fernando Adolfo Iglesias, Ricardo Lopez Murphy, Virginia Cornejo y Pablo Torello.
En la causa se busca determinar si la abogada de la Procuración General del Tesoro Silvia Vázquez u otras personas que pudieran “haber actuado como instigadores, cómplices y/o encubridores de la demora en apelar” la polémica decisión de la jueza federal de Bariloche Silvia Domínguez que le dio las tierras a los mapuches.
Además, de ese documento con el nombre del director Havela, el juez Rafecas secuestró computadoras de esa dirección de Defensa, además de teléfonos y documentos cuyo contenido se está ahora analizando para decir el curso de la investigación y el llamado a testigos y eventuales imputados.
En fuentes de Juntos por el Cambio, consultadas por Clarín, se sospecha que detrás del retraso que puede terminar con la entrega de las tierras “puede haber oculto un negocio inmobiliario”. Como los mapuches “no podrán vender sino conceder las tierras, va a aparecer un empresario amigo de los K para hacer negocios turísticos”.
El primero que manifestó su malestar por este retraso fue el ex ministro de Defensa radical Horacio Jaunarena quien reclamó la apertura de un sumario al ministerio de Defensa Jorge Taina.
La semana pasada el Ejército presentó a la Cámara de Apelaciones de General Roca un recurso extraordinario ante la Corte Suprema en su papel de custodio legal de las 180 hectáreas en donde se encuentra el área de instrucción de la Escuela Militar Andina que está pendiente de resolución.
El recurso extraordinario “se funda en que el Ejército Argentino presentó la apelación en su debido momento y la misma fue rechazada por cuestiones meramente formales que no se condicen con las consecuencias que esta resolución judicial pueda ocasionar”.
“La causa iniciada en 2012 derivó en un amparo a favor de la comunidad originaria donde fueron intimados varios organismos públicos: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Congreso de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quedando a cargo del INAI la representación del Estado nacional en virtud de la temática”, consignó la información oficial. El INAI lo dirige la kirchnerista María Odarda que apoya los reclamos de los mapuches.
Además, desde el punto de vista procesal se afirma “que la apelación ha sido presentada en tiempo y forma aun antes de utilizar el denominado período de gracia de las dos primeras horas del día del vencimiento del plazo, existiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que admiten este proceder”.
El rechazo de esta apelación, añadió la cartera que encabeza Taiana, “originó la necesidad de presentar el recurso extraordinario” ante la Corte Suprema.
Por otro lado, desde la cartera de Defensa aclararon que la presentación del recurso extraordinario no implica “desconocer los derechos que puedan legítimamente esgrimir las comunidades originarias amparadas por la Constitución, en la medida que se comprueben los mismos”. En este comentario extraoficial de Defensa se ve el discurso favorable a “los mapuches” que reclaman ese territorio.
“La solución debe ser dialogada y razonable, garantizando los derechos a los pueblos indígenas conforme al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y las leyes reglamentarias que mandan ‘reconocer la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas para el desarrollo humano'”, remarcaron en Defensa.
Y recién luego de la denuncia penal de los diputados de Juntos por el Cambio, Taiana ordenó la instrucción de información sumaria en el marco de la causa “Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue”, para precisar “las circunstancias y reunir los elementos de prueba que permitan esclarecer los hechos desde el inicio del conflicto por la propiedad de un territorio en Bariloche, en 2012”, se informó oficialmente.
El Ministerio de Defensa busca “investigar las actuaciones de las áreas jurídicas correspondientes para determinar responsabilidades en el proceso legal”, consignó la cartera que conduce Taiana en un comunicado. Pero quizás la Justicia descubra primero de quién fue el error.
Fuente Clarin
