El envejecimiento está aquí. No es un problema nuevo, desde luego, pero sí lo es su intensidad. Hasta el punto de que en 2050 la tercera parte de la población española tendrá 65 o más años. O expresado de otra forma, en tres décadas el número de personas jubiladas pasará de 9 millones a 16 millones, con una tasa de dependencia, el porcentaje de inactivos dependientes respecto del número activos (parados y ocupados) que se va a multiplicar por dos.
Su importancia, por lo tanto, es radical desde todos los ángulos, pero también tiene un componente cultural. La sociedad, según Sara Baliña, subdirectora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la presidencia del Gobierno, sigue pensando que hay que que jubilarse a los 65 años, una edad fijada hace mucho más de un siglo en Alemania en tiempos del canciller Bismarck, y que, según el economista y catedrático Ignacio Conde-Ruiz, sería hoy equivalente a 89 años. Aun así, dicen los expertos, sigue estando mal visto socialmente jubilarse más allá de la edad legal que corresponda.
No solo eso, la política de incentivos desplegada por los gobiernos, incluidos los de carácter fiscal, continúa siendo, en su opinión, cicatera. O dicho de otra forma, hay escasos alicientes para prolongar la edad de jubilación, lo que a la postre genera no solo desequilibrios económicos, sino también disfunciones sociales. Lo que propone Conde-Ruiz es que a partir de los 65 (siempre que se hayan cumplido los requisitos) el trabajador firme un nuevo contrato con la empresa para que ésta no ponga impedimentos habida cuenta de los derechos laborales que arrastra el trabajador.
Una tercera conclusión: las generaciones actuales están dejando un problema a las futuras. Y se ofrece un dato impactante. Hoy por cada pensionista hay tres cotizantes potenciales, pero en 2050 apenas habrá uno, lo que da idea de la dimensión del problema.
Sin embargo, dice Conde-Ruiz, la última reforma no aporta nada, y ni siquiera ha abordado la aprobación de un mecanismo de equidad intergeneracional para no cargar a las próximas generaciones con el problema. Según sus cálculos, la indexación de las pensiones a la evolución del IPC supone un déficit estructural de cuatro puntos del PIB hasta 2050, a lo que hay que añadir el que tiene la propia Administración central.
Una preocupación y una alegría
No es de extrañar, por eso, que el envejecimiento centre el XII Congreso Notarial, en el que participan expertos multidisciplinares a quienes les une la preocupación sobre los efectos económicos de la longevidad. Una preocupación, pero también alegría porque España mantiene una de las esperanzas de vida más altas del planeta.
En ningún caso se trata, como sostiene Enrique Feás, economista e investigador del Instituto Elcano de un problema nacional, sino europeo, y, por lo tanto, la solución debe venir de entidades supranacionales. Entre otras cosas, cómo ha señalado el economista Manuel Hidalgo, porque afecta al tipo de interés natural o al ahorro.
El inevitable futuro de las pensiones pasa por trabajar durante más años, según los exper
Su importancia, incluso, afecta a la estructura productiva dado que a consecuencia del envejecimiento, entre otros factores, el peso del sector servicios tenderá a aumentar para atender las nuevas demandas, como el ocio, la dependencia o los servicios sociales o sanitarios. La conclusión de Hidalgo es que “hay que derrotar la idea de que una economía de servicios no es productiva”. Al contrario, sostiene, “puede llegar a serlo tanto como una de carácter industrial”. La productividad es la clave, insiste.
Claro está, como sostienen los expertos, este objetivo sólo se cumplirá siempre que se opte por crear una economía de alto valor añadido, para lo cual es necesario invertir más en investigación y desarrollo (I+D). Fomentando, igualmente, según Inmaculada Ordiales, economista jefe del Consejo Económico y Social (CES) el emprendimiento entre los mayores. Algunos estudios han mostrado que las empresas creadas por los senior tienen una tasa de supervivencia mayor que las que crean los más jóvenes. Las dos terceras partes sobreviven más de tres años en el primer caso, mientras que en el segundo sólo perdura uno de cada tres.
El Congreso de los notarios sobre envejecimiento ha sido inaugurado por la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien ha reclamado a los poderes públicos un compromiso con el envejecimiento. “Es nuestro deber de justicia social levantar todas las barreras para las personas mayores. Esta cuestión trasciende cualquier tipo de ideología y afecta a todas las administraciones”, ha asegurado.
La causa de que los notarios hayan centrado su Congreso en el envejecimiento tiene que ver con su actividad diaria, ya que al final de su vida muchas personas optan por ordenar jurídicamente su patrimonio, y aquí el notariado juega un papel fundamental.
Como ha señalado José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, “la función de los notarios es preservar la fragilidad de la vida humana, y la vejez va asociada la debilidad. Es un momento que se vive en soledad, como ocurre en muchos pueblos pequeños, y eso implica cierta angustia por la cercanía de la muerte”. Mientras que para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (79 años), “España es uno de los países con mayor esperanza de vida, y por eso debemos ser capaces de ofrecer actividades y vocaciones a las personas mayores, que en otras etapas no han podido desarrollar”.
El envejecimiento está aquí. No es un problema nuevo, desde luego, pero sí lo es su intensidad. Hasta el punto de que en 2050 la tercera parte de la población española tendrá 65 o más años. O expresado de otra forma, en tres décadas el número de personas jubiladas pasará de 9 millones a 16 millones, con una tasa de dependencia, el porcentaje de inactivos dependientes respecto del número activos (parados y ocupados) que se va a multiplicar por dos.
Fuente El Confidencial
