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Mundo Grúa: los acarreos son un negocio millonario a pesar de los 20 años de quejas de los ciudadanos
Por Antonio D’Eramo
La regulación estatal en los espacios públicos que dispone el traslado de los automóviles cuando estacionan en lugares no permitidos de la Ciudad de Buenos Aires, deja al descubierto la operación de un duopolio que se maneja por las calles porteñas con la arbitrariedad y soberbia de quienes se saben intocables.
El duopolio está tipificado en el diccionario como un privilegio exclusivo concedido tan sólo a dos individuos o sociedades para vender o explotar alguna cosa en un territorio determinado.
Pues bien, en la Ciudad de Buenos Aires el privilegio exclusivo fue concedido a dos sociedades, Dakota SA y BRD-SEC, que explotan la concesión de parquímetros y grúas desde hace 21 años y con los contratos vencidos.
Las quejas de los automovilistas y motoqueros que se producen casi al unísono por el maltrato que suelen sufrir sus vehículos cuando son levantados por las grúas para ser llevadas a playas de estacionamiento, ubicadas en la Facultad de Derecho, en Tacuarí al 1200 y en la playa subterránea de la avenida 9 de Julio y Sarmiento, donde hay que pagar una multa onerosa para poder recuperar el vehículo fue ampliamente retratada por numerosos testimonios avalados por fallos judiciales.
Pero existe otro aspecto poco explorado de la cuestión que comienza a hacer mucho ruido en la política local. Porque más de dos décadas de operaciones sin contrato legítimo alguno no es admisible en ninguna gran ciudad que se precie.
Las empresas del mundo grúa, Dakota y BRD-SEC, podrían entonar con leves cambios las lúcidas rimas recitadas por el recordado Enrique Pinti, “…pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas”. Si cambia la última palabra en plural, artistas, por grúas, nadie podría quejarse. Cuatro gestiones en la Jefatura de Gabinete y dos de las empresas más despreciadas por los porteños siguen recaudando fortunas.
Porque no es un negocio cualquiera, según un legislador de la oposición al oficialismo en la Ciudad, Matías Barroetaveña del Frente de Todos, “…entre las dos empresas recaudan 12,5 millones de pesos por mes y pagan un canon ridículo de 55 mil pesos. Es la concesión más escandalosa en la historia de la ciudad”.
Si bien los números que ofrece el edil porteño pueden ser cuestionados por los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, lo cierto, es que las empresas de grúas y parquímetros abonaron a la Ciudad un canon cercano al 2% de la recaudación total entre los años de 2014 y 2016, según un informe de la Auditoría porteña (AGCBA), supervisado por miembros del oficialismo y de la oposición. Además del irrisorio canon que pagan las compañías, el Gobierno Porteño, le giró a Dakota y BRD-SEC, cerca de 336 millones de pesos en concepto de aumentos salariales a los trabajadores de las concesionarias que suelen provocar los daños a los rodados al transportar a las unidades como si las avenidas porteñas fueran un autódromo porque, en definitiva, como denunció Andrés Pastore un damnificado que protestó ante la Defensoría Porteña, “van a los piques porque tiran un auto y salen volando a buscar otro. Sin importar las normas de tránsito ni nada. Y, eso que viajan con agentes viales que son los que te hacen la boleta”.
El viejo informe de la Auditoría, citado por varios medios, numerosas veces, registró las irregularidades y también señala que el tesoro de la Ciudad pagó a BRD164,5 millones de pesos y 170,8 millones de pesos a Dakota, sólo entre 2014 y 2016.
Las cuentas son más complejas en los últimos años por el impacto inflacionario. Las multas también se actualizan al alza siguiendo la locura inflacionaria que vive nuestro país y quienes no pierden terreno en aplicar los nuevos valores son estas dos compañías que continúan operando mientras la política intenta sacar unos pliegos acordes con la importancia de la Ciudad que gestiona.
No es que el Gobierno de la Ciudad no lo intente pero no le sale. En los últimos 9 años de gestión, desde los tiempos de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, se promulgaron cuatro leyes distintas, en general se trataba de textos modificatorios de las anteriores que fueron sancionadas, pero ninguna de ellas fue puesta en práctica en plenitud debido a demandas judiciales. La del año 2018, por ejemplo, extendía el estacionamiento medido a casi todos los barrios porteños y pasaba de 4.000 espacios tarifados a 130.000.
Sea como fuere, en las oficinas de la secretaría de Transporte de la Ciudad prometen que durante el transcurso de este mes se presentará un nuevo proyecto para ordenar el estacionamiento medido a través de apps y no de parquímetros y nuevas concesiones para el servicio de grúas.
El ordenamiento vehicular definitivo no tiene fecha de caducidad. Se viene prometiendo pero la secretaría de Transporte continúa firmando prórrogas para que estas empresas continúen prestando servicios con un mínimo de legalidad.
En noviembre de 2020 esta oficina, que conducía Juan José Méndez, suspendió la licitación pública a la que se habían presentado las empresas Plein Air Park, IT NET-Tránsito Rosario, Dakota y BRD, estas dos últimas las que controlan el servicio de acarreo de los autos mal estacionados con contratos vencidos desde 2001.
Estos servicios comenzaron a operar cuando no existía la figura del Jefe de Gobierno y en su reemplazo había un intendente nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional. De hecho, el mundo grúa opera en la ciudad desde los pretéritos tiempos del siempre influyente Carlos Grosso.
