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Por el otro, su política verde recibió un fuerte golpe con la decisión del máximo tribunal que determinó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no puede promulgar normas generales para regular las emisiones de las centrales de carbón, que producen casi el 20% de la electricidad en Estados Unidos.
Biden y una nueva política migratoria
Por una estrecha mayoría de cinco contra cuatro, los jueces de la Corte Suprema dictaminaron que poner fin a la expulsión de migrantes no viola la ley de inmigración debido a que esta otorga discrecionalidad ejecutiva.
El fallo es una excelente noticia para la política migratoria de Biden, que se encontraba contra las cuerdas, y un balón de oxígeno después de varios reveses políticos por las últimas sentencias de la Corte Suprema sobre el aborto, el porte de armas o la lucha contra el cambio climático.
El gobierno de Estados Unidos pidió a la Corte Suprema que revisara el fallo judicial emitido en diciembre por un tribunal de apelaciones que le ordenaba mantener los Protocolos de Protección al Migrante (conocidos como “Quédate en México” o MPP) introducidos por Trump, en 2019.
En cuanto llegó a la Casa Blanca, Biden suspendió el plan migratorio Quédate en México pero un juez de un tribunal del estado de Texas (sur) ordenó que se restableciera “de buena fe”.
El 6 de diciembre, Estados Unidos reactivó parcialmente el programa, tras haberlo consultado con México, para cumplir con esa orden, mientras seguía adelante con un recurso interpuesto ante el tribunal de apelación, que dio la razón a la corte de distrito.
La Casa Blanca considera que el programa Quédate en México es “ineficaz e inhumano“. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en mayo se batió un nuevo récord de encuentros con migrantes irregulares en la frontera sur de Estados Unidos (239.416), es decir cada vez que uno de ellos llega y se entrega a una autoridad o cuando trata de cruzar y es detenido.
Límites a la lucha contra el calentamiento global
La Corte Suprema de Estados Unidos limitó el jueves los medios federales para luchar contra el calentamiento global, en una sentencia que podría complicar más ampliamente los esfuerzos regulatorios de la Casa Blanca.
El gobierno de Biden, quien defiende una agenda verde a nivel mundial denunció de inmediato una decisión “devastadora” y pidió al Congreso que “ponga a Estados Unidos en el camino hacia un futuro energético más limpio y seguro”.
“Fijar un límite a las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que requeriría una renuncia nacional al carbón para generar electricidad podría ser una solución relevante a la crisis actual. Pero no es creíble que el Congreso le haya dado a la EPA la autoridad para aprobar tal medida”, escribió el juez John Roberts en nombre de la mayoría conservadora.
Pero sus tres colegas progresistas se desvincularon de una decisión considerada “aterradora“. “La Corte Suprema le quitó a la Agencia de Protección Ambiental el poder que le dio el Congreso para responder al ‘problema más apremiante de nuestro tiempo'”, escribió la jueza Elena Kagan, recordando que en la última década Estados Unidos conoció los seis años más cálidos de su historia.
Como reflejo de las divisiones de la sociedad estadounidense en temas ambientales, la decisión fue de inmediato bien recibida por el Partido Republicano, hostil a cualquier regulación federal y defensor de los combustibles fósiles.
Consternadas, las organizaciones de defensa del medio ambiente destacaron la brecha creciente entre Estados Unidos y el resto del mundo.
Más allá de la EPA, esta decisión podría limitar los esfuerzos de todas las agencias reguladoras federales, incluida la de salud y seguridad ocupacional (OSHA). Los demócratas temen que varias regulaciones sean suprimidas en los próximos meses.
Fuente Ambito
