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EspañaLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de revelar que la tarifa regulada de gas pierde miles de clientes pese al tope decretado por el Gobierno en septiembre de 2021, que impide que esta suba tanto como sube la materia prima en los mercados internacionales.
El propio supervisor ya advirtió hace meses de que “la tarifa de último recurso (TUR) se situó entre un 40% y un 100% más barata que la oferta del mercado libre más económica disponible”. Pese a lo anterior, el último boletín de supervisión del mercado minorista de gas, correspondiente al otoño de 2021, detalla que “el número de clientes suministrados a precio libre es de 6.448.029 (aumentando en 20.384 clientes con respecto al trimestre anterior), lo que supone el 80,91% del total de clientes de gas, mientras que los clientes suministrados a tarifa de último recurso son 1.521.618 (disminuyendo en 23.493 clientes con respecto a septiembre de 2021), lo que representa el 19,09% del total de clientes”.
Esta fuga de más de 23.000 clientes de la tarifa regulada se da pese a que la propia CNMC advierte en su reciente informe de que, “aunque el coste de materia prima aumentó un 130,47% respecto del trimestre anterior [verano de 2021], conforme con lo dispuesto en el Real Decreto 17/2021, de 14 de septiembre, el incremento del coste de la materia prima en vigor a partir del 1 de octubre de 2021 se limita a un 35% respecto al vigente, por tanto, el incremento de CMP [coste de materia prima] reflejado en la TUR es el 35%”. Pese a lo anterior, este viernes 1 de julio subió otro 7,5%.
Es decir, que el tope impuesto a la tarifa de gas por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos hace que la materia prima solo se repercuta en una cuarta parte de lo que debería, respecto de la regulación establecida sobre este bien de primera necesidad para el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, a la vista del desaforado incremento de los precios del gas en los mercados internacionales, decidió limitar la subida de la tarifa regulada de gas el pasado mes de septiembre. De no haber tomado esta decisión, la factura de gas para los consumidores con tarifa regulada por BOE hubiera tenido que subir mucho más.
Este tope, sin embargo, no es más que una patada hacia adelante del problema, ya que el déficit generado (el consumidor está pagando menos de lo que le corresponde) se siguen acumulando en el sistema gasista y el propio decreto de septiembre contemplaba que una vez los precios del gas en los mercados volvieran a niveles más aceptables, habría que ir devolviendo lo no pagado durante estos meses.
Ya en febrero, Naturgy, la principal gasista española, advertía en su memoria anual de una deuda acumulada de unos 60 millones de euros, que extrapolando podría aumentar hasta los 80 millones en total en solo tres meses. Esto, además, corresponde solo al último trimestre de 2021. El déficit generado se ha intensificado con los aumentos de los precios del gas de los últimos meses (ronda los 140 euros por MWh en Mibgas, frente a los 20 euros por MWh de media antes de la crisis). Cabe destacar que, a día de hoy, son las comercializadoras gasistas quienes asumen el déficit que no pagan los clientes de la tarifa regulada de gas. Pero tarde o temprano acabarán repercutiéndolo, al punto de que el Gobierno blindó esta situación de cara a las compañías para evitar problemas de provisiones con sus auditores.
Sea como fuere, se cumple la teoría que tenían la mayoría de empresas del sector de que el desconocimiento de los clientes hace que, pese a que la tarifa regulada es la más barata de todas, pasa desapercibida dada la falta de publicidad de la misma. Esto hace que las ofertas de las grandes empresas y sus campañas de ‘marketing’ pesen más. De ahí que se esté viendo un trasvase de clientes de esta tarifa regulada TUR, más barata, hacia las ofertas de mercado libre que realizan las comercializadoras, tal y como confirma el organismo de competencia. La situación ya ha sido denunciada por asociaciones de consumidores como Facua.
Es precisamente este tope a la tarifa de gas, que por ahora no están aprovechando los consumidores, lo que legitima al Gobierno para evitar otro tipo de medidas como la bajada del IVA, que de forma reiterada le pide el sector. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha repetido en varias ocasiones, ante la petición de bonificaciones fiscales, que los consumidores de gas ya tienen la posibilidad de acogerse a la tarifa TUR, actualmente topada de precio artificialmente para hacer frente a la crisis energética.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de revelar que la tarifa regulada de gas pierde miles de clientes pese al tope decretado por el Gobierno en septiembre de 2021, que impide que esta suba tanto como sube la materia prima en los mercados internacionales.
Fuente El Confidencial
