Para crear un impuesto nuevo hace falta una ley específica, pero para prorrogarlo basta un real decreto. El polémico tributo de patrimonio, que los sucesivos gobiernos fueron quitando, poniendo y modificando, es el mejor ejemplo. Nació en 1977 como “excepcional y transitorio“, pero ahí sigue, para deleite de la discusión política. El Ejecutivo es consciente de ello, y ya abre la puerta a perpetuar otra de esas figuras que nacen como hijas de su tiempo, pero pueden acabar convirtiéndose en un pilar más del sistema tributario: el nuevo gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca.
La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, que transita estos días su trámite parlamentario, forma parte de la estrategia fiscal con que el Gobierno quiere afrontar el tramo final de la legislatura. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo resumió este martes durante la comparecencia para anunciar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023: “Frente a aquellos que protegen a las élites económicas, como el Partido Popular, nosotros protegemos a la mayoría social de este país”. Entre esas élites se encuentran las grandes empresas energéticas, que se estarían lucrando de los récords de la luz y los hidrocarburos, y los bancos, beneficiados por las subidas de los tipos de interés.
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Son situaciones coyunturales, como siempre ha defendido el Ejecutivo y como se argumenta en la proposición de ley. Las nuevas figuras, de hecho, tienen una naturaleza no tributaria, lo que ha permitido al Gobierno de coalición impulsarlas a través de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos y simplificar su trámite en las Cortes. Sin embargo, la propia Montero sugirió este martes que se podrían mantener en el tiempo: “Una vez termine ese periodo, evaluaremos el rendimiento de esa figura fiscal y también el momento que vivamos”, dijo la ministra, en referencia a una posible salida a la guerra en Ucrania. “Espero que para entonces podamos plantearnos la aportación fiscal de las grandes empresas de una forma sosegada que nos permita una reflexión conjunta como país”, añadió.
Los gravámenes pretenden recaudar 7.000 millones de euros entre 2023 y 2024, al aplicarse retroactivamente sobre los beneficios de las empresas durante este año y el que viene. En otras palabras: el Gobierno encargado de tomar la decisión de mantener el impuesto será el que emane de las próximas elecciones generales. De momento, Montero se limita a advertir a las empresas y afianzar el mensaje del Ejecutivo en el arranque de una precampaña que se prevé eterna. “Hoy por hoy, el gravamen es para dos años. Lo evaluaremos“, remachó. El ‘impuesto de solidaridad’ a las grandes fortunas anunciado la semana pasada también tiene una extensión inicial de dos años, pero la ministra no hizo referencia a su posible prórroga.
La bonificación de los trenes de cercanías, Rodalies y media distancia tiene una lectura similar a la del gravamen sobre las energéticas y la banca. Lo que en principio era una medida temporal que debería estar vigente hasta el 31 de diciembre, se puede acabar perpetuando ‘sine die’. De momento, el Gobierno le he dado un tratamiento del que carece el resto de las medidas contempladas en el real decreto para paliar las consecuencias económicas de la guerra: se incorporará a los PGE de 2023, a través de una partida de 700 millones para Renfe. Esto permitirá a los usuarios recurrentes seguir disfrutando de tren gratuito durante todo el año que viene.
En este caso, Montero fue mucho más clara sobre las intenciones de la Moncloa: “La bonificación de cercanías, Rodalies y media distancia se convierte en una política estructural del Gobierno para el año que viene”. Esto explica que, a diferencia de la subvención de 20 céntimos por litro de combustible o la rebaja del IVA de la luz y el gas, el Ejecutivo desligue su continuidad del contexto inflacionista causado por la guerra en Ucrania. “El transporte público es una excepción”, remarcó la ministra. Como con los impuestos a las eléctricas y la banca, Hacienda hará en su momento balance sobre la efectividad de la medida antes de decidir si la prolonga más allá de 2023.
Montero explicó que las ayudas al tren buscan promover la autonomía estratégica de España y contribuir a las metas climáticas, gracias, en ambos casos, a la reducción de la demanda de combustible. Y ahí está una de las claves que explican su inclusión en los presupuestos generales del Estado: a diferencia de las otras medidas para paliar la inflación, la subvención ferroviaria sí va en línea con el recorte del consumo energético que promueve la Unión Europea. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, desveló el lunes que el Ejecutivo prevé llegar a los dos millones de abonados antes de final de año, lo que producirá un ahorro de 118 millones de litros de gasolina y 360.000 toneladas de CO₂.
Con la subvención a la gasolina, sucede justo lo contrario: contribuye a abaratar los carburantes y, por tanto, altera la señal de precios que pretende desincentivar el consumo de las fuentes de energía más contaminantes. Pero, además, es una medida regresiva, ya que, al aplicarse de una forma lineal, beneficia más a quienes más consumen, que son las rentas más altas. Aunque el bono de Renfe también se aplica a todos por igual, Montero recordó que los principales usuarios del transporte público son las rentas bajas. Y esa constituye, precisamente, otra de las condiciones que marcan Bruselas y todos los organismos internacionales para avalar las ayudas.
Cuando la inflación amaine, ya no habrá ayudas para llenar el depósito, pero es probable que los trenes sigan siendo gratis
El movimiento de este martes puede parecer anecdótico, pero supone el primer paso del Ejecutivo para alinearse con el consenso global sobre los ambiciosos paquetes fiscales que los gobiernos occidentales han aprobado para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Todas las instituciones, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), llevan meses advirtiendo sobre el sinsentido de las subvenciones y las rebajas fiscales indiscriminadas, y piden concentrarlas en quienes más lo necesitan. Pero, sobre todo, demandan que sean temporales.
Hasta ahora, las medidas han podido servir para amortiguar, en parte, el golpe de la inflación: la ministra de Economía, Nadia Calviño, calcula que esta sería tres puntos superior si el Gobierno no hubiera hecho nada, y lo cierto es que las únicas bajadas mensuales de los precios en el último año coinciden con el primer mes de aplicación de algunas de ellas. Sin embargo, mantener ‘dopado’ el IPC para siempre resulta inviable, y el propio Banco Central Europeo (BCE) ha advertido de que cualquier política pública debe tener en cuenta la sostenibilidad de la deuda. El movimiento de este martes arroja una poderosa pista sobre las coordenadas para la retirada del Estado: cuando la inflación amaine, ya no habrá ayudas para llenar el depósito, pero es probable que los trenes sigan siendo gratis.
Para crear un impuesto nuevo hace falta una ley específica, pero para prorrogarlo basta un real decreto. El polémico tributo de patrimonio, que los sucesivos gobiernos fueron quitando, poniendo y modificando, es el mejor ejemplo. Nació en 1977 como “excepcional y transitorio“, pero ahí sigue, para deleite de la discusión política. El Ejecutivo es consciente de ello, y ya abre la puerta a perpetuar otra de esas figuras que nacen como hijas de su tiempo, pero pueden acabar convirtiéndose en un pilar más del sistema tributario: el nuevo gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca.
Fuente El Confidencial
