Argentina
EspañaUna nueva polémica envuelve al polémico centro de esquí El Azufre, ubicado en el departamento de Malargüe y concesionado a un grupo de empresarios “flojos de papeles”, cuyos antecedentes fueron revelados por Diario Mendoza Today.
Es que este miércoles el Gobierno nacional a través de la Agencia Administración de Bienes del Estado (AABE) denunció a la firma de marras por presunto incumplimiento de la ley 17.091 sobre restitución de inmuebles fiscales cedidos por contrato de concesión.
La denuncia recayó en una Secretaría Civil del Juzgado Federal de San Rafael bajo el número de expediente FMZ 035004/2022, iniciando de esta manera una acción de desalojo.
Como viene publicando este diario, la polémica arrancó en diciembre pasado cuando trascendió la entrega de 12 mil hectáreas a la empresa El Azufre para construir aquel ostentoso centro de esquí. Se trata de un enorme predio ubicado en plena zona de glaciares.
En aquellos días, la oposición mendocina puso el grito en el cielo, ya que la cesión se hizo “entre gallos y medianoche” y se descubrió que la empresa venía trabajando desde hace dos años en ese lugar sin estudio de impacto ambiental, ni la pertinente autorización administrativa.
En tal sentido, desde el Frente de Todos de Mendoza puntualizaron ante Mendoza Today “las irregularidades y el salteo de pasos institucionales están a la vista de todos ya que nunca se realizó una evaluación de impacto ambiental ni se cumplió con el decreto provincial Nº 95/1991, en el cual la provincia se comprometió a realizar un plan de colonización para determinar qué zonas iban a ser para destinos industriales, cuáles para la explotación turística, y cuáles, destinados a poblar el territorio”.
El Azufre ostenta un capital accionario que asciende a 8,2 millones de pesos, integrados de la siguiente manera: Daniel Nofal $4.920.000, Alejandro Spinello $2.870.000 y José Beccar Varela $410.000. Los tres fueron beneficiados a través de una “asignación precaria”, lo cual le valió al gobernador de Mendoza la acusación por parte de la oposición local de haber “privatizado” una parte de la Cordillera de los Andes.
No obstante, desde el Ejecutivo mendocino aseguran que están todos los papeles en regla, incluso con el aval legal y técnico de la Fiscalía de Estado.
Fuente Mendoza Today
