Se presentó hace unos días, pero se conoció en las últimas horas: se trata de una iniciativa impulsada en la Legislatura de Mendoza para que los abogados que sean legisladores provinciales, deban suspender temporalmente la matrícula profesional si participan en la selección de futuros jueces, en la remoción de magistrados o en acciones de reforma o seguimiento de la Justicia.
En diálogo con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael, la diputada provincial María José Sanz (UCR), que es una de las impulsoras de la iniciativa, expresó que la misma tiene que ver con la “ética pública”, pues lo que se pide es modificar la Ley de Ética Pública que se sancionó hace seis años en la provincia, y que es una norma que pone a quienes son funcionarios públicos, algunas limitaciones entre las cosas que pueden hacer referidas a su función.
“Esta semana que estuvimos tratando la modificación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, empecé a pensar que en algunos casos, me hacía ruido la posible incompatibilidad de intereses”, dijo y agregó que se dieron discusiones en el seno de la comisión de LAC (Legislación y Asuntos Constitucionales), cuando trataban la reforma de la Corte. “Vimos que de un partido y del otro, nos ‘tirábamos por la cabeza’ quién había nombrado a tal o cual magistrado, y no habla bien eso de la institucionalidad de la provincia. Eso me llevó a pensar que hay muchos legisladores abogados, y está muy bien porque seguramente están muy formados para eso, pero corren un grave riesgo ellos desde la ética pública teniendo su matrícula abierta, ejerciendo como abogados además de como legisladores”, señaló, pues de alguna manera son “juez y parte”. Aclaró que esto no tiene que ver con proscribir a nadie, sino con que “si hay un abogado con matrícula activa, suena raro que pueda estar diciendo ‘tal persona puede ser juez, tal no puede ser juez o a tal juez hay que sancionarlo’”.
Recordó que “la Ley de Ética Pública viene a transparentar el Estado, y la Ley de Ficha Limpia viene a transparentar la política”, por lo que aquí lo que se está haciendo es “proteger a la institucionalidad de Mendoza, pero también proteger a los legisladores que son abogados”.
El proyecto fue presentado la semana pasada y a Sanz, la acompaña como coautora la diputada Daniela García que es la responsable de la Ley de Épica Pública mendocina. Ambas consideran que “transparentar el Estado debe ser un norte”. Hasta el momento, no han recibido quejas por parte de los abogados de su bloque, pues “han entendido perfectamente el espíritu”.
El proyecto va a comisiones y por el momento en el que entró, deberá ser tratado luego del 1 de mayo.
Fuente Mendoza Today
