Buenos Aires – 29 Junio 2026 – Total News Agency – TNA – El avance de las causas que rodean a Martín Insaurralde, la recomposición de poder en el Consejo de la Magistratura y las negociaciones subterráneas entre oficialismo, peronismo y sectores judiciales volvieron a colocar en el centro de la escena a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y uno de los operadores más influyentes del entramado político-judicial del Conurbano Sur.
En tribunales, en despachos universitarios y en la política bonaerense, el nombre de Molea aparece asociado desde hace años a una red de vínculos que excede largamente el ámbito académico. Su influencia combina tres territorios sensibles: la universidad pública de Lomas de Zamora, el histórico peso del Colegio de Abogados local y su llegada al Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo decisivo para la selección, promoción, disciplina y eventual remoción de jueces federales.
Esa arquitectura de poder adquiere ahora una dimensión más delicada por el contexto judicial que atraviesa Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora, investigado junto a Jésica Cirio en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La difusión de videos con fajos de dólares en un vestidor, atribuidos al entorno del ex funcionario, reactivó el escándalo político que había estallado en 2023 tras las imágenes del yate en Marbella junto a Sofía Clerici.
La causa, a cargo del juez federal Luis Armella, sumó en los últimos días nuevos movimientos, allanamientos y diferencias internas entre el juzgado y la fiscalía. En ese escenario, la pregunta que recorre al poder judicial y político bonaerense es hasta dónde llegan las protecciones territoriales, institucionales y políticas que durante años rodearon al ex alcalde lomense.
El punto no es menor. Insaurralde no fue un dirigente aislado dentro del peronismo bonaerense. Fue una pieza central del poder en la Tercera Sección Electoral, articulador con intendentes, operador de recursos y figura de peso en el dispositivo que durante años sostuvo el control político del sur del Gran Buenos Aires. Por eso, cualquier expediente que avance sobre su patrimonio, sus vínculos financieros o su red de protección impacta necesariamente sobre el ecosistema judicial y político de Lomas de Zamora.
Allí aparece Molea. A sus 53 años, el rector de la UNLZ es señalado por distintas fuentes políticas y judiciales como uno de los dirigentes con mayor capacidad de articulación entre magistrados, abogados, consejeros, intendentes, legisladores y operadores partidarios. Su poder no se expresa solamente en cargos formales, sino en una capacidad poco frecuente: sentar en una misma mesa a sectores que en público se presentan como enemigos irreconciliables.
Esa transversalidad quedó expuesta durante el verano en el parador Casa Mar, en Pinamar, convertido en una suerte de vidriera informal del círculo rojo. Allí, en el cumpleaños de Molea, coincidieron dirigentes del PRO, operadores del peronismo, representantes del mundo judicial y figuras con llegada a distintas terminales del poder. Entre los nombres mencionados por la prensa estuvieron Cristian Ritondo, Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación.
La foto política fue más relevante que el festejo. En un país donde la grieta suele ordenar el discurso público, Molea mostró una capacidad de convocatoria que pocos actores tienen: dialoga con sectores del massismo, mantiene llegada al peronismo tradicional, conserva puentes con el cristinismo, habla con el mundo judicial y sostiene vínculos con referentes del PRO y del oficialismo libertario.
En el Consejo de la Magistratura, su influencia también se proyecta a través de consejeros del ámbito académico y de la abogacía, con nombres como María Fernanda Vázquez y Hugo Galderisi, mencionados en el armado que lo rodea. Ese bloque puede convertirse en fiel de la balanza en momentos clave: concursos judiciales, ternas, sanciones, denuncias disciplinarias y negociaciones por vacantes sensibles.
El organismo no es un actor decorativo. El Consejo de la Magistratura define concursos para cubrir juzgados federales, eleva ternas vinculantes al Poder Ejecutivo, administra recursos del Poder Judicial y tiene intervención en procesos disciplinarios contra magistrados. Por eso, controlar votos allí significa tener capacidad de incidencia sobre el futuro de tribunales federales estratégicos.
La prioridad inmediata de ese armado, según fuentes judiciales consultadas, sería consolidar posiciones en la Comisión de Acusación, un área clave para administrar los tiempos, el impulso o el archivo de denuncias contra jueces. En términos políticos, esa comisión puede funcionar como un mecanismo de presión o protección: sirve para activar expedientes contra magistrados incómodos, pero también para enfriar denuncias contra jueces aliados.
En paralelo, el bloque vinculado a Molea aparece como una pieza relevante en la discusión por el llamado “paquete Comodoro Py”, integrado por vacantes de fuerte impacto en la justicia federal porteña. Allí confluyen intereses del gobierno de Javier Milei, del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, del PRO y de sectores del peronismo dialoguista que buscan conservar influencia en tribunales penales, cámaras federales y casación.
La relación con Mahiques es otro dato sensible. El funcionario nacional tiene peso propio en la justicia porteña y vínculos en la casación federal. Molea, desde otro territorio, aporta votos, relaciones académicas, llegada al sur bonaerense y capacidad de negociación en el Consejo de la Magistratura. La combinación puede resultar decisiva para destrabar nombramientos o blindajes judiciales en una etapa de fuerte reordenamiento institucional.
Ese tablero se vuelve más explosivo cuando se lo conecta con la causa Insaurralde. Aunque no existe una imputación pública contra Molea en ese expediente, el peso territorial del rector y su ascendencia sobre el mundo judicial de Lomas de Zamora alimentan sospechas políticas sobre las redes de protección que pudieron haber rodeado al ex intendente durante años. En una causa donde se investigan patrimonio, dinero en efectivo, propiedades, viajes de lujo y presunto lavado, la velocidad de la Justicia será observada con lupa.
El caso Insaurralde-Cirio dejó de ser un escándalo de farándula o una postal de ostentación. Es una causa de poder. El dinero exhibido en los videos, las propiedades bajo análisis, las relaciones personales, el divorcio, los movimientos financieros y los allanamientos recientes colocaron nuevamente al peronismo bonaerense ante una pregunta incómoda: cómo fue posible que un dirigente territorial acumulara semejante nivel de exposición patrimonial sin controles eficaces durante tanto tiempo.
En ese marco, el rol de los operadores judiciales del Conurbano cobra una importancia central. No se trata únicamente de quién firma una resolución, sino de quién influye sobre los tiempos, quién habla con los jueces, quién conoce a los fiscales, quién ordena abogados, quién abre o cierra puertas en los colegios profesionales y quién tiene llegada al órgano encargado de disciplinar magistrados.
Molea se mueve precisamente en ese terreno. No necesita ocupar la primera línea electoral para ser relevante. Su poder consiste en operar donde se cruzan la justicia, la universidad, la política y los intereses territoriales. Es, en ese sentido, una figura distinta a la del dirigente tradicional: menos expuesto al voto popular, pero más determinante en los pasillos donde se resuelven expedientes, ternas, sanciones y equilibrios.
La comparación con Juan Manuel Olmos surge de manera natural en los pasillos políticos. Mientras el titular de la AGN teje en la justicia porteña y en el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, Molea conserva influencia sobre el sur del Gran Buenos Aires y sobre sectores del Consejo. Ambos representan un tipo de poder silencioso, técnico y político a la vez, capaz de sobrevivir a gobiernos de distinto signo.
Para el gobierno libertario, esta red plantea un dilema. Necesita votos y acuerdos para cubrir vacantes judiciales sensibles, pero al mismo tiempo prometió terminar con la vieja casta política y judicial. Negociar con operadores del peronismo o del conurbano puede servir para destrabar pliegos, pero también puede erosionar el discurso oficial si esas negociaciones terminan fortaleciendo estructuras que el propio oficialismo dice combatir.
Para el peronismo, el dilema es inverso. Necesita proteger territorios, preservar jueces amigos y administrar daños en causas que golpean a figuras propias. Pero cada movimiento de blindaje sobre Insaurralde o sobre expedientes de corrupción puede profundizar la crisis de credibilidad de un espacio que ya enfrenta cuestionamientos por privilegios, patrimonios inexplicables y redes de impunidad.
El fondo del asunto es institucional. La Justicia argentina no sólo se degrada cuando un juez falla mal. También se debilita cuando los nombramientos, las sanciones y los expedientes quedan atrapados por pactos entre operadores políticos. El caso Molea expone esa zona gris donde la academia, la abogacía, la política territorial y el Consejo de la Magistratura forman un mismo circuito de influencia.
La causa Insaurralde será una prueba para ese sistema. Si avanza con independencia, podrá empezar a desmontar una trama de poder acumulada durante años. Si queda atrapada en demoras, internas judiciales o protecciones cruzadas, confirmará la sospecha de que el Conurbano Sur conserva un blindaje institucional que funciona más allá de los gobiernos y de los discursos públicos.
Por ahora, Diego Molea vuelve a aparecer como un actor central de esa discusión. No por una denuncia penal directa en su contra, sino por el lugar que ocupa en la estructura de poder que rodea a la justicia bonaerense y federal. Su figura sintetiza una pregunta incómoda para la política argentina: quién controla realmente a los jueces que deben investigar al poder.
