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Axel Kicillof tiene un apremio político para garantizar el desalojo de las 2.000 familias que ocupan ilegalmente 100 hectáreas en Guernica.
El gobierno bonaerense denunció este domingo que grupos
violentos, dentro del predio, se oponen a la entrada de funcionarios que trabajan en la salida consensuada de ocupantes de la toma.
Este domingo rechazaron la entrada de representantes interministeriales. Interceptaron el paso, incluso, de Estela Díaz, ministra de las Mujeres y la Diversidad, y un grupo amenazó con prender fuego a unos neumáticos delante de la funcionaria. Arrojaron nafta a las gomas, en el momento que la comitiva oficial quería entrar salvando una zanja que circunda el campo. Tuvieron que retirarse.
“Asistimos a una situación grave e inédita”, denunció en un comunicado el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que conduce Andrés Larroque. “Un grupo de organizaciones políticas que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio”, añadió.
“El esquema de asistencia implicaba la instalación de oficinas móviles de atención para el suministro de agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas, barbijos y viandas de comida caliente en pleno temporal”, alertaron desde la Gobernación. Es el reconocimiento oficial la presencia de sectores que no están dispuestos a abandonar el lugar. Son refractarios a la orden judicial.
El jueves debería ser la primera escala del lanzamiento ordenado por la Justicia y todavía no hay acuerdo cómo será la reubicación de esas personas.
“El relevamiento que estamos realizando, para las respuestas correspondientes en el estado provincial, es segmentada. Desde los casos más generales de aquellas familias que no pueden pagar alquiler; gente en situación de calle, donde por ejemplo interviene incluso la Pastoral Social de la Iglesia; hasta los 51 registros de violencia de género para quienes ya existen planes apropiados”, es la explicación a Clarín en el gabinete de la Gobernación.
¿La expropiación de los terrenos ocupados es una alternativa que evalúan?. “No en esos términos por qué requieren de ley específica, para cada parcela”, responden esas mismas voces.
Se agotan las ideas por la complejidad del problema, y la vastedad de actores que intervienen. Entre ellos los movimientos sociales y políticos que respaldan la toma de tierras. Funciona una orgánica parcial, pero muy activa, representada por el Partido Obrero (PO), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y un sector de la Organización Barrios de Pie. Con un soporte legal de la Gremial de Abogados que interpone recursos. Todos ellos mantienen la posición más intransigente.
Kicillof debe resolver este frente de conflicto. Además, tiene un problema subsidiario: su ministro de Seguridad, Sergio Berni, y la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, coinciden en advertir que Emilio Pérsico, y Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita, y ambos funcionarios del presidente Alberto Fernández, también están involucrados en la toma.
Las usinas de presiones son varias para el gobernador. Los intendentes del PJ del Conurbano apoyan a Cantero y hacen equilibrio. Es en defensa propia. Si las ocupaciones ilegales escapan de control, todos los distritos estarían en riesgo. Tienen evidencia. De los 1.800 asentamientos en territorio provincial en las últimas décadas, más del centenar ocurrieron este año. Con La Plata encabezando el ranking (61 tomas). Berni asegura que frustra 6 por semana.
El peligro, perciben, es la ambigüedad del mensaje. ¿La Provincia pone 50.000 pesos de subsidio para cada jefe o jefa de familia ocupante de Guernica?. ¿Paga por el valor de los terrenos para cederlos después?.
“Si empieza algún dispendio de plata, nos toman hasta la plaza del municipio al otro día”, se anticipan algunos jefes comunales consultados.
Entonces, sin aporte de recursos inmediatos y en espera de planes habitacionales que llevan tiempo, burocracia administrativa, más disponibilidad de loteos, la resolución resulta traumática.
El jueves es el primer testeo. El juez Martín Miguel Rizzo concedió la prórroga el 21 de setiembre. El estado provincial garantizó las reubicaciones. También la dotación de 500 policías que acompañarán la decisión judicial. En esa tensión está el gobierno.
Mientras, completa datos del censo. Se contabilizan 1.859 personas que dijeron estar desocupadas. Otras 494 ocupadas y 271 con trabajo informal. También hay 20 jubilados o pensionados con ingresos fijos (insuficientes). En esa variedad está la respuesta. Caso por caso. Hay 307 hombres y mujeres mayores que viven solas, sin hijos. Presupone una salida particular. Aplicable, tal vez, a un subsidio temporal para alquiler.
El problema está en las 1309 familias con chicos y adolescentes. De ese contingente habría que estudiar, admiten en el gobierno, cuántas tiene ingresos regular o al menos alguna entrada de plata. El dato: apenas un 33% de los intrusos originales vive en Guernica. Los demás son emigrantes de otras municipalidades. La otra certeza es que Presidente Perón, cabecera del partido, no tiene tierras fiscales para facilitar la reubicación.
No obstante la precariedad del censo en cuestión, porque la mitad de los encuestados rechazó declarar de qué distrito provenía, el estado provincial intenta una resolución particular. Aunque no representan a la mayoría de los ocupantes, las organizaciones sociales y políticas, más el colectivo de Abogados, reclaman una solución global. También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el Codeseh y la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Una madeja que afecta la decisión del juez Rizzo.
La ultima puntada en manta desflecada la acaba de dar la vicepresidente Cristina Fernández. Propone “debatir en serio” el proceso de las tomas. Sin más aditamento que el debate, cuando el apremio de Kicillof es por soluciones.
La segunda llamada al desalojo será el viernes 2 de octubre o supletoriamente el lunes 5.
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