Santiago de Chile – 22 junio 2026 – Total News Agency – TNA – La presencia de China en Chile dejó de ser únicamente una relación comercial intensa para convertirse en un esquema de influencia política, institucional y territorial. Funcionarios de la Embajada de China en Santiago aparecen señalados por actuar más allá de su rol diplomático formal y operar, en los hechos, como facilitadores o lobistas de empresas estatales del régimen de Xi Jinping interesadas en infraestructura, minería, tecnología, telecomunicaciones, vigilancia urbana y contratos públicos.
De acuerdo con un reporte de Ex-Ante, tres nombres figuran en ese doble circuito: Keqiang Ma, Yusuang Wang y Hu Ruhan. Aunque se desempeñan como representantes de la misión diplomática china en Chile, su actuación habría incluido gestiones para favorecer a compañías del gigante asiático que buscan acceder a obras públicas, licitaciones, concesiones y acuerdos comerciales en el país austral.
El punto más sensible es que esos funcionarios no actuarían solamente como observadores o promotores comerciales generales. Según la investigación periodística, intervienen como emisarios de empresas interesadas en proyectos estratégicos, revisan concesiones, procuran conocer con anticipación la cartera de obras a licitar por el Estado chileno y ayudan a destrabar conflictos cuando las compañías chinas enfrentan obstáculos regulatorios, políticos o administrativos.
Entre las firmas beneficiadas por ese despliegue aparecen China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), China Harbour Engineering Company (CHEC), China Mobile y otras empresas vinculadas al aparato estatal chino. El problema para Chile es que, en el modelo chino, la frontera entre empresa, partido, Estado y diplomacia suele ser porosa. Lo que se presenta como inversión puede terminar operando como instrumento de poder.
La preocupación no es menor. Una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas (MOP) chileno, preparada para el biministro Luis de Grange, advirtió que los conflictos con empresas estatales chinas trascienden la dimensión económica y escalan al plano diplomático. El documento puso en evidencia una inquietud creciente dentro del Estado chileno: cuando una empresa china presiona por un contrato, muchas veces no aparece detrás sólo una compañía, sino una estructura diplomática y política.
La expansión china en Chile no se limita a grandes contratos. También avanza por una vía más silenciosa: los llamados “acuerdos de hermandad” entre comunas, gobernaciones, ciudades chilenas y provincias o municipios chinos. En apenas una década, esos convenios pasaron de ser una rareza protocolar a una red de vínculos locales con implicancias económicas, culturales, tecnológicas y políticas.
La Biblioteca del Congreso Nacional ya había relevado acuerdos de hermanamiento entre Chile y China, mientras reportes periodísticos señalaron que desde 2010 el número de comunas y gobernaciones chilenas con convenios de este tipo se duplicó. Según esa reconstrucción, las comunas chilenas vinculadas institucionalmente con ciudades chinas pasaron de 19 a 39, impulsadas por visitas oficiales, promesas de inversión, programas de intercambio, cooperación tecnológica y viajes financiados al gigante asiático.
El patrón se repite: una autoridad local china visita una comuna chilena, se presenta acompañada por una delegación empresarial o institucional, ofrece cooperación, becas, pasantías, cámaras, tecnología, vehículos de seguridad o inversiones. Luego, esos vínculos abren puertas para empresas interesadas en contratos públicos o en posicionarse como proveedoras de soluciones urbanas.
Un ejemplo visible fue la donación de 17 vehículos de seguridad a Santiago por parte del gobierno de Lishui, en 2019. Lo que puede verse como cooperación municipal también puede interpretarse como una forma de construcción de influencia: primero se instala la relación política, luego llega la oferta tecnológica, después aparece la dependencia operativa.
La vigilancia urbana es uno de los nichos más sensibles. Empresas chinas han intentado ingresar al mercado de cámaras, televigilancia, inteligencia artificial e integración de sistemas de seguridad pública en distintas comunas chilenas. Aisino Corporation, firma china que ya había quedado bajo controversia por la licitación de cédulas y pasaportes del Registro Civil, registró gestiones de lobby ante municipios como Lota, Coronel, San Bernardo, Punta Arenas, La Granja, Viña del Mar y Concepción para ofrecer infraestructura integral de vigilancia e inteligencia artificial.
La licitación del Registro Civil fue un antecedente clave. Aisino había sido adjudicada inicialmente en un contrato millonario para documentos de identidad y pasaportes, pero el proceso fue finalmente dejado sin efecto en medio de cuestionamientos por seguridad de datos, presiones internacionales, dudas técnicas y controversias políticas. El episodio mostró hasta qué punto los sistemas de identidad, bases de datos, biometría y documentos oficiales no pueden ser tratados como simples contratos administrativos.
El avance chino también alcanza minería, litio, baterías e infraestructura estratégica. CATL, la mayor productora china de baterías de litio del mundo, y CMOC Group Limited, importante productora de molibdeno, forman parte del mapa de intereses chinos en Chile, un país clave por sus reservas minerales y su posición en la transición energética global. La disputa ya no es sólo por vender productos, sino por controlar cadenas de valor críticas.
En ese terreno aparecen intermediarios locales. La exsenadora de centroderecha Lily Pérez, vinculada a la consultora Qualiz, ha sido mencionada como gestora de intereses para CATL, mientras el exdiputado demócrata cristiano Fuad Chahin figura asociado a gestiones para Zhongli Mining en un proyecto de procesamiento de concentrado de hierro en Atacama. La presencia de exautoridades chilenas en estos circuitos muestra cómo la influencia china combina diplomacia, lobby legal, relaciones políticas y poder económico.
La cercanía con autoridades locales también abrió controversias. Los chats filtrados entre la diputada comunista Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, incluyeron gestiones relacionadas con el empresario chino Emilio Yang y la renovación de una patente comercial. La Fiscalía chilena abrió una investigación por presunto tráfico de influencias, mientras Cariola negó irregularidades y sostuvo que se trata de una campaña de desprestigio.
El caso mostró otro costado de la penetración china: empresarios con vínculos políticos, redes de amistad parlamentaria, grupos de cooperación y gestiones municipales que pueden derivar en sospechas de favores, accesos privilegiados o influencia indebida.
A ese escenario se suma una arista criminal que aumentó las alarmas. Caixin Yu, presidente de la Cámara de Comercio China en Temuco, fue detenido en 2023 en el marco de una investigación contra una organización criminal dedicada al narcotráfico. Operativos policiales contra redes de origen chino en Chile derivaron en incautaciones de miles de plantas de marihuana, armas, municiones, dinero en efectivo y detenciones de ciudadanos chinos. Aunque esos casos no pueden confundirse automáticamente con la diplomacia oficial de Beijing, sí evidencian una expansión de redes chinas en distintos niveles: empresarial, político, territorial y criminal.
El problema de fondo para Chile es estratégico. China es su principal socio comercial, un comprador clave de cobre, litio, alimentos y materias primas, y un actor con capacidad de inversión en infraestructura. Pero esa dependencia económica también crea vulnerabilidades. Cuando la inversión viene acompañada por presión diplomática, lobby municipal, tecnología de vigilancia, datos sensibles y presencia en minerales críticos, la relación deja de ser puramente comercial.
La diplomacia china opera con una lógica de largo plazo. No se limita a negociar con gobiernos nacionales. Baja al territorio, firma convenios con comunas, cultiva alcaldes, financia viajes, dona equipamiento, promueve empresas, instala tecnología y construye redes de dependencia. Esa estrategia permite a Beijing acumular influencia desde abajo, incluso cuando los gobiernos centrales intentan mantener una posición más prudente.
Para Chile, la pregunta ya no es si debe comerciar con China, sino bajo qué condiciones, con qué controles, con qué transparencia y con qué límites. Un país que concentra recursos críticos para la transición energética, puertos estratégicos sobre el Pacífico, infraestructura logística y datos sensibles no puede tratar el lobby extranjero como una cuestión menor.
La influencia china en Chile revela una lección regional. En América Latina, Beijing no avanza solamente con préstamos, represas, puertos o minería. También avanza con diplomacia local, ciudades hermanas, cámaras de vigilancia, tecnología, operadores políticos, exautoridades, empresarios de bajo perfil y funcionarios diplomáticos que, según denuncias periodísticas, actúan como gestores de intereses de empresas estatales.
El riesgo es que la soberanía no se pierda de golpe, sino por capas: primero un convenio municipal, luego una donación, después una plataforma de vigilancia, más tarde una licitación, un crédito, una obra pública, un contrato de datos, una minera, una batería, un puerto o una carretera. Cuando el Estado quiere reaccionar, la red ya está instalada.
Chile enfrenta así un dilema que también atraviesa a Argentina, Perú, Brasil y otros países sudamericanos: cómo recibir inversión china sin entregar capacidad de decisión estratégica. La diferencia entre cooperación y dependencia está en la transparencia, la fiscalización, la defensa de los datos, la protección de infraestructura crítica y la claridad sobre quién representa a quién cuando un diplomático actúa al mismo tiempo como promotor de negocios estatales.
La discusión chilena debería servir como advertencia regional. En la competencia global actual, los negocios ya no son sólo negocios. Son también poder, información, influencia y control territorial. Y China, bajo el régimen de Xi Jinping, entendió antes que muchos gobiernos latinoamericanos que la diplomacia económica puede ser una forma muy eficaz de política estratégica.
