Por Darío Rosatti
Buenos Aires – 22 junio 2026 – Total News Agency – TNA – Las cinco fuerzas federales de seguridad atraviesan una crisis de autoridad y representación que ya no puede ser leída como una suma de reclamos aislados. Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal enfrentan un malestar creciente de sus bases por salarios retrasados, cobertura médica deteriorada, persecución interna, traslados disciplinarios y una conducción que, según denuncian los subalternos, aparece más preocupada por contener el conflicto que por defender a su propio personal.
La fractura golpea el principio de verticalidad que sostiene a las fuerzas. La tropa empieza a cuestionar a las cúpulas por lo que considera una combinación de pasividad, alineamiento político y falta de respuesta ante un deterioro material que afecta la vida diaria de los uniformados y sus familias.
Los números explican parte del malestar. Un Gendarme II percibe alrededor de 711.920 pesos, un Agente de la PFA cobra cerca de 878.108 pesos, y un Marinero de Prefectura se ubica en una escala básica claramente rezagada frente al costo de vida. En los escalafones más bajos de la PSA y del SPF, los ingresos tampoco alcanzan para cubrir una canasta familiar, lo que empuja a muchos efectivos al pluriempleo informal, changas, servicios adicionales o endeudamiento.
El reclamo no se limita al salario. Las bases denuncian una crisis profunda en la atención médica, agravada por la transición desde el viejo esquema de IOSFA hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad. El cambio, presentado oficialmente como una reorganización del sistema, es vivido por parte del personal como una fuente de incertidumbre, demoras, coseguros, reducción de prestaciones y desamparo ante enfermedades o tratamientos prolongados.
En Prefectura, el malestar apunta especialmente contra el prefecto general Guillermo José Giménez Pérez, a quien sectores internos cuestionan por avalar el incremento de costos médicos y por no frenar lo que describen como un “impuestazo” de coseguros. En Gendarmería, las críticas alcanzan al comandante general Claudio Miguel Brilloni, mientras que en la PFA apuntan al comisario general Luis Alejandro Rollé. En la PSA y el SPF, la queja se concentra en el congelamiento de suplementos, recargos de servicio, sanciones internas y falta de reconocimiento operativo.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quedó en el centro de esa tensión. Desde las bases sostienen que las cúpulas se alinean de manera irrestricta con la política de ajuste y trasladan el costo hacia abajo, mientras protegen el vínculo con el poder político. La propia funcionaria reconoció públicamente que la recomposición salarial todavía estaba incompleta, un dato que confirma que el reclamo de los uniformados no surge sólo de percepciones internas, sino de una brecha real entre ingresos, inflación y responsabilidades operativas.
El problema adquiere mayor gravedad porque los efectivos de las fuerzas federales no pueden sindicalizarse. Sin canales formales de representación, el descontento se expresa mediante viralización de recibos de sueldo, mensajes anónimos, protestas informales, reclamos familiares y publicaciones en redes sociales. Esa vía expone otra tensión: cuando la tropa habla, las conducciones responden con disciplina.
Según denuncias internas, en el Servicio Penitenciario Federal se endurecieron requisas y sanciones contra personal que expone fallas edilicias o condiciones laborales. En la PSA, se multiplicaron sumarios por supuesta “falta de decoro digital” contra efectivos que reclamaron en redes. En Prefectura, Gendarmería y PFA, se señalan traslados arbitrarios hacia destinos aislados como mecanismo de castigo preventivo y disciplinamiento.
La crisis interna también tiene impacto directo en la seguridad nacional. Un personal mal pago, con cobertura médica deteriorada y sin respaldo institucional difícilmente pueda sostener de manera eficiente una estrategia seria contra el crimen organizado. La conducción política exhibe operativos y procedimientos, pero la pregunta de fondo es si existe una investigación estructural sobre el narcotráfico o apenas una acumulación de golpes tácticos, muchas veces menores en relación con el verdadero volumen de droga que transita por el país.
Ese punto es especialmente sensible en torno a la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los corredores logísticos más importantes de Sudamérica y, al mismo tiempo, una vía cada vez más observada por su potencial utilización para el tráfico de cocaína hacia mercados internacionales. La Argentina muestra secuestros de droga, pero los especialistas advierten que los decomisos conocidos no parecen proporcionales al volumen real que podría circular por puertos, barcazas, contenedores y rutas fluviales conectadas con el Paraná.
La discusión se vuelve más delicada porque la Hidrovía acaba de ser concesionada al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, en una operación estratégica por 25 años sobre una vía que concentra buena parte del comercio exterior argentino. El proceso estuvo atravesado por denuncias, cuestionamientos y advertencias internacionales, incluidas observaciones desde Estados Unidos sobre posibles riesgos geopolíticos y vínculos indirectos con intereses chinos a través de estructuras asociadas al consorcio.
En ese contexto, las sospechas sobre operadores locales, estructuras políticas con Sergio Massa a la cabeza, intereses sindicales, dirigidas por los Moyano y fortunas bajo observación no pueden separarse del debate sobre seguridad. La Hidrovía no es solamente una autopista comercial: es una infraestructura crítica por donde circulan exportaciones, divisas, cargas estratégicas y, eventualmente, economías ilícitas que requieren controles inteligentes, tecnología, inteligencia criminal y fuerzas federales profesionalizadas.
El punto crítico es que el Estado argentino parece discutir la Hidrovía más como negocio logístico que como problema de soberanía, seguridad y crimen transnacional. Si los controles son débiles, si la inteligencia criminal es insuficiente y si las fuerzas encargadas de actuar están mal remuneradas, desmotivadas y sin cobertura médica adecuada, el sistema queda expuesto a la corrupción, la captura y el uso criminal de corredores estratégicos.
La situación de Rosario y del corredor portuario del Gran Rosario ya había encendido alertas. La violencia narco, la exportación de cocaína hacia Europa y la utilización de rutas fluviales colocaron a la región en el centro de una amenaza que excede el delito común. Sin una estrategia profunda de investigación patrimonial, lavado de activos, control de puertos, escáneres, trazabilidad de cargas y cooperación internacional, los secuestros aislados sólo muestran la punta del problema.
La contradicción es evidente. El Gobierno exige resultados a las fuerzas federales, pero mantiene a buena parte de su personal con salarios que obligan al pluriempleo, una cobertura médica cuestionada y jefaturas acusadas de silenciar reclamos. En paralelo, concede una de las infraestructuras más sensibles del país bajo controversias políticas y geopolíticas, mientras el narcotráfico utiliza cada vez con mayor sofisticación rutas fluviales, portuarias y logísticas.
La crisis de autoridad no se resolverá con sanciones ni traslados. Tampoco con discursos de orden. Una fuerza de seguridad sin respaldo material, sanitario y profesional termina debilitada frente al crimen organizado y vulnerable frente a la corrupción. El verdadero riesgo no es sólo que la tropa se enoje con sus jefes. El riesgo es que el Estado pierda capacidad real para controlar su territorio, sus fronteras, sus cárceles, sus puertos y sus ríos.
La Argentina enfrenta una paradoja peligrosa: necesita fuerzas federales más fuertes para combatir narcotráfico, lavado, contrabando y crimen organizado, pero sostiene a esas mismas fuerzas en condiciones laborales que erosionan su moral, su disciplina y su eficacia. Si la conducción política no atiende esa fractura, la crisis dejará de ser interna y se convertirá en un problema nacional de seguridad. Teléfono para la ministra Monteoliva.
