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Sin el campo es imposible, y contra el campo, menos todavía. Cualquier dirigente político que haya gobernado el país, o tenga aspiraciones a hacerlo, debería entender esta frase. El balance de 2020, sin embargo, deja algunas cuentas en el haber que parecen explicar que esa esa máxima todavía no es entendida.
Primero fue el propio presidente Alberto Fernández, que había dicho en campaña electoral que, para él, el conflicto por la 125 había quedado atrás y, a poco de asumir en la Casa Rosada, decidió el aumento de los Derechos de Exportación (DEX) y los volvió a ajustarlos en marzo pasado. A los ruralistas de la Mesa de Enlace les había prometido que no iba a tomar una medida de ese calibre sin consultarlos. Nada de eso ocurrió.
Luego fue el cuestionamiento del derecho de propiedad con el anuncio de expropiación de Vicentin y la promesa de llevar la bandera de la “soberanía alimentaria” y la formación de una “empresa testigo” en el mercado de granos.
Un juez del norte de la provincia de Santa Fe le puso un freno a esa aventura: el concurso de acreedores debía seguir en la senda institucional. El segundo intento por cuestionar el derecho de propiedad sucedió con la toma del campo de la familia Etchevehere que tuvo el soporte político de funcionarios nacionales y provinciales. Otra vez fue la Justicia la que le puso un freno a esa aventura.
Estos embates no hicieron otra cosa que depreciar una de las monedas de cotización más inestable: la confianza. Una señal tan o más importante que la económica.
El agro está acostumbrado a esperar poco de la dirigencia política, pero cuando debe ponerse en guardia y actuar a la defensiva lo que se arriesga es la posibilidad de invertir y generar actividad económica.
La fenomenal crisis mundial que todavía se vive con la aparición de una pandemia como el Covid-19 dejó en claro que la producción de alimentos es estratégica. No solo porque no se puede detener sino porque es un sector económico que resiste un embate a gran escala como una enfermedad global. Resiliencia, la llaman.
Con un PBI que caería no menos de 11% y pronósticos de rebote de 5% para 2021, el país no podría darse el lujo de adoptar medidas que vayan contra la actividad que genera más del 60% de las exportaciones.
Por eso sonaron algunas luces de alarma en el sector frente al discurso de hace ocho días de la vicepresidenta Cristina Kirchner, respecto de la necesidad de alinear salarios, tarifas y precios, particularmente los de los alimentos. El problema no está en los precios internacionales sino en la brecha cambiaria y en el déficit fiscal, explican los especialistas. La tentación de recurrir a las mismas recetas del período 2003/2015, que no beneficiaron a los consumidores, puede resultar un paso atrás.
Si el Gobierno quisiera encontrar alguna salida virtuosa a este problema tiene canales para lograrlo, como los que exploró con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Uno de los hechos más auspiciosos del año fue haber logrado un consenso mínimo entre más de 60 entidades de la actividad para impulsar una política agroindustrial de mediano y largo plazo.
Desde hacía mucho tiempo se reclamaba la necesidad de lograr más gestos de unidad que de actuación individual en la cadena agroindustrial. Aunque todavía no llegó al Congreso, la propuesta del CAA para lograr un proyecto de ley que otorgue estabilidad fiscal y financiera a las exportaciones del agro, sin descuidar el mercado interno, debería estar entre los primeros lugares de la agenda de 2021. Sería un contraste marcado frente al avance en el Poder Legislativo de iniciativas que tienen una mirada sesgada sobre la actividad como los cambios en la ley de manejo del fuego o el observatorio de agroquímicos.
Pese a las dificultades y todos los riesgos, especialmente los políticos, hay algunos elementos para encarar el próximo año con una dosis de optimismo. Lo resumió Teo Zorraquín en el último informe de la consultora Zorraquín+Meneses, quien escribió: “Poder pertenecer y trabajar en un sector económicamente trascendente para el país, que genera empleo genuino a nivel nacional, que es reconocido a nivel mundial por su eficiencia, que incorpora y desarrolla tecnología en forma permanente, que internacionalmente ha sido uno de los que menos ha sufrido el impacto de la pandemia, que es considerado como uno de los de mayor potencialidad futura en la evolución y combinación con nuevas tecnologías (Agtech-Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas) y que ha demostrado en forma permanente que lo hace a pesar de’, es un gran privilegio y una gran motivación para encarar el 2021”.
Solo falta que el sector pueda convencer todavía más a la dirigencia política y económica sobre su importancia social y económica para que esa dosis de optimismo tenga un efecto concreto.
