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Por Mariano Martín
El viceministro bonaerense Kreplak convocará a las obras sociales sindicales para hablar de vacunación y, de paso, sondearlas por la iniciativa.
Tras la inquietud inicial que causaron en la CGT las palabras de Cristina de Kirchner acerca de una reforma del sistema de salud, la vicepresidenta tenderá puentes desde la semana que viene con sectores de la central obrera para convencerlos de que la propuesta no apuntará a perjudicar a las obras sociales sindicales y, en cambio, incorporarlos a lo que ese núcleo del Frente de Todos anticipa como una disputa de mayor intensidad contra los referentes del ámbito privado y las prepagas. Lo hará el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, uno de los promotores de la iniciativa, en una convocatoria a referentes de la seguridad social con el alegado propósito de intercambiar opiniones sobre el proceso de vacunación contra el coronavirus.
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La decisión del kirchnerismo de elevar en la agenda pública la discusión sobre una reforma integral del sistema sanitario tuvo que ver, según los autores, con las reacciones que disparó la referencia de la expresidenta: la de la CGT, con una reunión esta semana de su “mesa chica” y un documento con una defensa de las obras sociales, por un lado, pero sobre todo de Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical Group y de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS). El mayor lobista del sector privado local fue el primero en recoger el guante de lo expuesto por Cristina en La Plata y calificarlo como “una fantasía de crear un sistema único de salud para tener el poder completo”.
El encuentro de la semana que viene será la primera oportunidad en que Kreplak, activo miembro del equipo de salud del kirchnerismo -que también integran el ministro bonaerense Daniel Gollán y el presidente del IOMA, Homero Giles, entre otros- podrá contarles de primera mano a referentes sindicales y del rubro de las obras sociales sobre aspectos del plan, todavía en elaboración. El funcionario buscará transmitir como eje central que ninguna reforma será en desmedro de las prestadoras gremiales y que, en rigor, su implementación las dotará de mayores herramientas para negociar con los efectores (clínicas, sanatorios, profesionales) y con la industria farmacéutica y de aparatología.
En la mirada de Cristina de Kirchner el mayor inconveniente del sistema de salud argentino no es la falta de recursos sino el desbalanceo. En el cierre del VII Encuentro Nacional de Salud, realizado por Zoom el 19 de diciembre pasado (un día después del acto en La Plata), la vicepresidenta envió un mensaje por video en el que destacó la gran “cantidad de recursos humanos y tecnológicos en materia de aparatología que tiene la República Argentina”, que a su juicio genera contrastes entre “un sobredimensionamiento en algunas áreas geográficas y carencias en otras”. “Si para algo sirvió la pandemia fue para mostrarnos lo que hay que modificar, reformular y relanzar. No puede seguir esperando la construcción de una integración entre lo público y lo privado que optimice los recursos”, precisó.
Los expertos kirchneristas en la materia alegan que esa visión no excluye el protagonismo de las obras sociales sindicales, que atienden a más de 15 millones de personas y que forman parte junto con el PAMI del denominado sector solidario de la salud. Es el segmento que se financia con aportes de trabajadores y contribuciones patronales de modo tal que quienes más ganan facilitan la atención médica de otros afiliados más vulnerables en términos de recursos bajo el paraguas del Programa Médico Obligatorio (PMO).
Las prepagas, que cuentan con unos 6 millones de afiliados (la gran mayoría por desregulación de sus aportes salariales) son percibidos por los reformistas como un factor de encarecimiento de la salud y más ligado a la intermediación financiera que a la atención sanitaria estrictamente. En los planes del kirchnerismo no figura la nacionalización de las empresas de medicina privada pero sus impulsores admiten que allí esperan la mayor oposición a la iniciativa. Buena parte de su negocio en las últimas décadas se basó en acuerdos con obras sociales de pequeña dimensión para utilizarlas como puerta de acceso de afiliados mediante la libre elección que instrumentó Carlos Menem en su gestión. Se trata del denominado “descreme”, como definen en la actividad a la pérdida de afiliados más jóvenes y con mejores salarios por parte de las obras sociales sindicales a manos de otras entidades apalancadas por prepagas.
La CGT transita desde aquella desregulación de los 90 por la misma contradicción: denuncia ante cada nuevo gobierno el “descreme” pero convive con los dirigentes gremiales que lo generan en sociedad con las empresas privadas, en las que fungen como virtuales promotores. Los sanitaristas y varios de los dirigentes de la propia central obrera reconocen esa contradicción pero la adjudican al sostén de un statu quo que terminó por generar mayor familiaridad con los dueños de las prepagas, de un poder cada vez mayor con el correr del tiempo, que con los funcionarios, que tienen un límite cronológico en sus cargos.
Fuente Ambito.com
